La Justicia tuvo por acreditadas irregularidades denunciadas en un recurso de habeas corpus presentado por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal por "agravamiento de las condiciones de detención" de internas de la Unidad 5. En ese sentido, la jueza Marcela Canavesio ordenó "regularizar" y "adecuar" en un "plazo razonable" las situaciones planteadas por inadecuada atención médica, mala alimentación y deficiencias estructurales del penal ubicado en el Complejo Penitenciario de 27 de Febrero al 7800, donde habitan mujeres y niñes que están con sus madres detenidas.
Tras una serie de inspecciones en el penal de mujeres de Rosario, la Defensoría presentó el recurso que esta semana llegó a una audiencia oral y pública. El habeas corpus fue presentado como ampliación de uno iniciado en febrero pasado, vinculado a la alimentación y el acceso a la salud de las internas, ya que "pese al litigio y a las peticiones administrativas que la Defensa Pública realizó al Servicio Penitenciario, existen cuestiones que persisten y que generan agravamientos de las condiciones de detención", reza la presentación.
Sobre la alimentación, se indicó que "la cantidad y calidad de comida que reciben actualmente mujeres y niñxs en la U5, es inadecuada", cuestión que se desprende tanto de entrevistas como de informes del Ministerio de Desarrollo y de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe, el Equipo de Monitoreo de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria. En ese sentido, la resolución insta al Servicio Penitenciario a "regularizar la situación" y solicitó al Ministerio de Gobierno que "se evalúe la posibilidad de revisar y adecuar los regímenes alimentarios en función de las particularidades nutricionales que requieren mujeres y menores de edad con ellas alojados".
Con respecto a las cuestiones de salud, la presentación indicó que la atención brindada también "es inadecuada". La defensora Jorgelina Butto indicó, entre otras cuestiones, que "se incumplió la campaña preventiva de atención ginecológica". Ante ello, la jueza Canavesio dio por acreditada la problemática denunciada en relación a la insuficiencia de controles ginecológicos y obstétricos, a partir de la disminución del plantel médico. Por lo tanto, la resolución indica que se debe "garantizar (la atención) en cuanto a las particularidades que presenta esa población penal, disponiéndose que se establezca un plan concreto de regularización que permita sostener controles preventivos anuales y atención que demande cada caso; sin perjuicio de considerar acreditado que las prestaciones urgentes sí fueron atendidas".
En tanto, la resolución expresa que "habiéndose anoticiado nuevos incumplimientos en relación a los traslados para la atención de turnos médicos programados por insuficiencia de móviles, apuntó a que se ponga en conocimiento de esa situación a la jueza que lleva trámite de ese expediente.
También plantearon "deficiencias estructurales", por lo que la jueza tuvo por acreditados los planteos de "insuficiencia de camas en la sub unidad 2, como la falta de escaleras en cuchetas que impide el uso de las camas superiores". También acreditó la "existencia de filtraciones" y apuntó a que se regularice esa cuestión en un "plazo razonable".
Previo a la resolución, la Fiscalía, representada por Josefina Bertotto, consideró que "no se encuentra acreditado un agravamiento de las condiciones de detención, toda vez que el Servicio Penitenciario está intentando solucionar los inconvenientes".
