El ex policía Andrés del Valle Soraire falleció ayer, a la edad de 84 años. Estaba cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad. En los años de terror era un hombre fuerte en la zona sur de la provincia, donde era jefe de la Guardia del Monte de la Policía de Salta, sección dedicada a reprimir el abigeato pero que actuaba también como grupo de tareas en el marco del terrorismo estatal. 

Soraire era oriundo de la ciudad de Metán, donde tenía su base la Guardia del Monte. Testigos de la época lo vienen señalando como uno de los más temibles represores de los años 70, un criminal que detuvo ilegalmente, torturó, cometió delitos sexuales, y asesinó. 

La impunidad con la que vivió comenzó a extinguirse a comienzos de la década del 2000, cuando la caída de las leyes de impunidad y punto final permitió avanzar con los procesos de memoria, verdad y justicia. 

En ese marco, cuando en 2004 empezó a avanzar la investigación del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, cometido el 11 de marzo de 1976 en la ciudad de Salta, el ex policía, sindicado por testigos como partícipe de este hecho, desapareció. Estuvo en calidad de prófugo hasta finales de agosto de 2007, cuando un grupo de Gendarmería Nacional lo encontró en la localidad de Tafí Viejo, Tucumán. 

Aunque en el juicio fue absuelto en 2011, finalmente, tras recorrer el camino de las revisiones, en junio de 2021 Soraire fue condenado a prisión perpetua por este hecho, en el que fue asesinado al comerciante Catalino Arredes, que trató de ayudar a Ragone, y se hirió a balazos a la empleada Margarita Martínez Leal, que miraba la escena. 

En el medio, en septiembre de 2014, recibió otra condena a prisión perpetua por su participación en crímenes en 1976 y 1977 en perjuicio de doce personas, en la conocida como Causa Metán. En el proceso se probó que había participado de secuestros, torturas, amenazas, violaciones y homicidios. 

En 2014 también fue condenado por los homicidios de los jóvenes José Lino Salvatierra y Oscar Ramón Rodríguez, cometidos entre las últimas horas del 9 y las primeras del 10 de mayo de 1977, cerca del Dique El Tunal, en el sur salteño. Después de la ejecución, a tiros, los asesinos cargaron los cuerpos en un vehículo y los abandonaron a unos 30 kilómetros del lugar del crimen. Este hecho fue conocido como "La matanza de Los Arbolitos".

Hace poco, en septiembre de este año, Soraire sumó otra condena a prisión perpetua, esta vez por el secuestro y homicidio del comerciante y militante radical Fidel Yazlle, cometido el 11 de febrero de 1977, en Coronel Juan Solá (Estación Morillo), en el norte provincial.

En la Causa Metán las personas que debieron soportar la acción de la represión en aquella ciudad contaron que los policías integrantes de la Guardia de Monte perseguían a personas señaladas como "subversivas" y “tenían por finalidad, en el contexto represivo estudiado, imponer un orden sin importar los medios”.  

En esa causa se acreditó que Soraire "actuaba junto a sus secuaces (integrantes de su grupo), entre los cuales se encontraban Fortunato Saravia, Santos Leónides Acosta, Miguel Ángel Corbalán, Eduardo del Carmen del Valle, y Rafael Rolando Perelló".

El caso Petersen 

Soraire llegó a la sentencia de septiembre por el crimen de Yazlle con una salud desmejorada. En el monitor (porque asistió de manera virtual a las audiencias) se lo veía en cama, muy delgado. En esas condiciones escuchó la sentencia condenatoria, que llegó 45 años después del asesinato del comerciante radical. 

Pero no fue la única causa que tuvo que afrontar por sus crímenes. El 8 de julio de este año fue procesado por la “privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas” y “tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político”, delitos cometidos en perjuicio de Francisco Pedro Petersen.

Lo destacado de esta causa es que remite a un hecho cometido en 1972, más precisamente, el 10 de mayo de 1972. Esta sería una de las causas que remiten a hechos más antiguos de represión estatal. Aunque ahora la muerte del único acusado provocará seguramente su cierre, como uno de los grandes valores de estos procesos es el conocimiento de la verdad, bien vale contar lo que se estableció en este trámite judicial. 

La detención de Petersen se había ordenado por "sus supuestas vinculaciones comunistas". En aquel año fue indagado en una causa radicada en el Juzgado Federal de Tucumán. En un dictamente ante la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta el fiscal general Eduardo Villalba recordó que debió aplicarse el procedimiento penal vigente para la investigación del delito que se le atribuía a Petersen; en cambio, “las medidas se adoptaron sin orden de autoridad competente y sin guardar las formalidades prescriptas por ley; y sin que se presenten los supuestos de excepción que hubieran permitido proceder a la detención sin orden judicial, puesto que se descartó una situación de flagrancia”.

El propio Petersen reconoció a Soraire “como partícipe de la comisión que lo detuvo y lo golpeó el 10 de mayo de 1972”. Por entonces el principal Soraire cumplía funciones en la Comisaría de Metán.

El ex detenido denunció a Soraire. Lo señaló como una de las personas que aquel 10 de mayo de 1972 allanó su domicilio sin orden judicial, que lo torturó y que junto a los otros integrantes de la patota, lo obligó a firmar declaraciones en las que se reconocía como miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y afirmaba que asistía a reuniones.

El caso de Petersen retrotrae la represión estatal organizada en la provincia a inicios de los años 70. En el procesamiento el juez actuante sostuvo, siguiendo una línea planteada por la fiscalía, que “Los hechos de violencia estatal o para-estatal ligados a la persecución de disidentes políticos fueron de público y notorio conocimiento desde principios de la década de 1970”.

Cuando requirió que la detención ilegal y las torturas sufridas por Petersen fueran investigadas, la fiscalía afirmó que “el golpe de Estado de 1966-1973 (contra el gobierno del radical Arturo Illia) inauguraba la modalidad represiva de violaciones contra los derechos humanos, sin llegar a cristalizar un modus operandi. Tal es así que entre 1970 y 1972, período temporal que en este caso nos ocupa, inició un nuevo formato de intervención, orientado a institucionalizar la función tutelar de la corporación militar en el Estado”.

La detención de Petersen fue “blanqueada” a la luz de Ley N° 17.041, de Represión de Actividades Comunistas. Su privación ilegal “no fue un hecho delictivo aislado, sino que se presenta como una grave violación a los derechos humanos”, afirmó la fiscalía.