Al menos 150 personas que se desempeñan con contratos precarios en el Plan UNIR llevan a cabo un paro de actividades desde la semana pasada, ante la falta de pago por cuatro meses de los 37 mil pesos que les quedan en el bolsillo cada 30 días por cumplir con su función de acompañamiento familiar en las zonas más vulnerables de Salta. Desde la provincia se afirmó que las demoras de los pagos surgen en el Ministerio de Economía de Nación, donde está trabada la orden de pago. 

Las personas que se desempeñan en este Plan se encuentran son contratadas como monotributistas. Según contaron a Salta/12, de los 40 mil pesos que les pagan, les quedan 37 mil en bolsillo. Los 3 mil restantes son para pagar el monotributo. En años anteriores el pago bruto era de 30 mil pesos.

"El dinero está con orden de pago para liberarse desde el Ministerio de Economía de la Nación y se hizo la gestión para destrabar el pago porque entendemos cómo es no contar con los ingresos para quien vive de su trabajo", dijo a este medio la secretaria de de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi. 

La funcionaria confirmó que los pagos son esperados desde julio, pese a que sostuvo que se hicieron todas las rendiciones que solicitó la Nación para desembolsar la segunda partida que se envía a la provincia y que se encuentra comprometida por convenio.

Ante la situación que aún perdura, se solicitó a las autoridades provinciales la reestructuración de partidas para que se pueda hacer un pago en concepto de "complemento" a estos 150 agentes. Esto sería de caracter "extraordinario y excepcional", y de ninguna manera reemplazaría la retribución que se otorga a través de los fondos nacionales.

Los convenios

Según se publicó en el Boletín Oficial de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación firmó con Provincia los convenios pertinentes para disponer los fondos destinados al funcionamiento del Plan UNIR. 

El primer decreto es el 598/20, sostiene que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación otorga un "subsidio institucional para la implementación del 'Proyecto de Acompañamiento Familiar en Contextos Rurales/Comunidades Originarias", a ejecutarse por medio del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta.

La finalidad del proyecto "es fortalecer y ampliar las acciones de acompañamiento familiar llevadas a cabo por el Programa Unidad Operativa Territorial dependiente de la provincia, en los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán", es decir, en la zona contemplada en la emergencia socio sanitaria declarada en 2020 ante la muerte de infancias originarias por causas evitables, como la desnutrición.

El decreto sostiene que además "el Gobierno de la Provincia se compromete a atender la situación de vulnerabilidad social y extrema pobreza de las familias en contextos rurales y comunidades originarias, a fin de fortalecer el reconocimiento de sus capacidades y potencialidades, la consolidación de sus vínculos de interacción social y la adquisición de sus recursos internos y externos". 

En ese primer desembolso realizado en tres veces Nación envió unos 68 millones de pesos en tres partes.

El último decreto en el Boletín Oficial es el 81/22. Allí se incorporaba una "adenda" de 84 millones de pesos a ser desembolsados en dos partes de 42 millones. Se estima que son los últimos 42 millones los que hasta ahora no llegaron.

Iradi reconoció que es poco el pago por el trabajo de contención realizado en una de las zonas más vulnerables de la provincia. Afirmó que en este entendimiento es que ya se hicieron gestiones para lograr un incremento de partidas desde el Gobierno nacional para atender esta emergencia de la provincia.

Tres mil niñes y 126 comunidades 

El Plan UNIR fue asimilado en su momento por algunos funcionarios que tienen alguna continuidad desde el gobierno de Juan Manuel Urtubey como la continuidad de los Centros Sociosanitarios en donde, además, se trataba la cuestión de las adicciones. 

Con el cambio de gobierno a la gestión Gustavo Sáenz, el Plan UNIR surgió solo luego de la declaración de emergencia socio sanitaria, con el fin de "promover el acompañamiento familiar como práctica compartida con mujeres embarazadas, niños y niñas de 0 a 8 años de edad y sus familias convivientes", indican los comunicados oficiales del gobierno provincial. 

Según lo publicado en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, el Plan "brinda acompañamiento familiar a un total de 3.000 niñas y niños de 126 comunidades a través del trabajo de casi 150 agentes en territorio y nuclea a referentes del gobierno de Salta, Unicef, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la CEPAL, el PNUD y la OIT". 

Las líneas de trabajo sostenían además que "niños y niñas puedan contar con el DNI, clave para el acceso a todos los derechos”. Todo ello es sostenido con partidas itinerantes que dependen de la Nación y contratos de monotributos con salarios que están por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.