El ex jefe de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Julio César Castro fue procesado hace diez días por amenazas, lesiones, violencia de género y abuso sexual de una ex pareja y sus bienes fueron embargados por la suma de 800 mil pesos. Castro ganó un concurso para integrar un tribunal oral federal y aunque el 30 de mayo pasado la Comisión de Acuerdos del Senado emitió dictamen proponiendo rechazar su pliego, el Gobierno no pidió que se retirara. El fiscal Gustavo Fehlman fue denunciado por acoso por una alumna y tiene una orden de restricción. Pero podría convertirse en juez federal. Su pliego también está en el Senado. Son dos de los 51 candidatos propuestos por el Gobierno para cubrir puestos de jueces, fiscales o defensores. Entre ellos también está Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, quien ganó un concurso para fiscal de la Procuración General. Su pliego debía ser aprobado en la comisión el miércoles pasado, pero la ausencia de Federico Pinedo restó el quórum y el trámite no se concretó. En el Senado aseguran que el Gobierno quiere retirar su nombre de la lista. Iud representó a las Abuelas y familiares de nietos apropiados en decenas de casos, incluido el juicio por el plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura. Además, intervino en la investigación sobre los hijos adoptivos de la fallecida dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
Iud concursó para el cargo de fiscal de la Procuración en 2014. Salió primero en la sumatoria de los exámenes oral y escrito y terminó quinto lugar en la lista luego del cómputo de los antecedentes. Como se concursaban cinco lugares, entró como primer nombre de la quinta terna. Antes de terminar su mandato, Cristina Fernández de Kirchner envió su pliego al Senado, pero poco después de asumir, Mauricio Macri lo retiró para “revisarlo” junto con los de otros treinta candidatos que eran sospechados de kirchneristas. Finalmente, el Gobierno decidió mantener la postulación de Iud, lo que fue interpretado como “un gesto” hacia las Abuelas de Plaza de Mayo. El nombramiento, de todas formas, quedó otra vez congelado debido a una cautelar que cuestionó la forma en que se hicieron los concursos en la Procuración en medio de la pelea del Gobierno con la titular de ese organismo, Alejandra Gils Carbó. A principios de junio la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó esa medida, que había sido promovida por la asociación civil “Será justicia”, ligada al macrismo y al ultraconservador Colegio Público de Abogados y avaló los concursos realizados. De esa forma, los pliegos pendientes quedaron en condiciones de ser tratados en comisión y aprobados. Pero, otra vez, el trámite volvió a quedar trunco esta semana porque la falta de quórum, con la notoria ausencia de Pinedo, impidió que se firmara el dictamen. Luego, en el Senado comenzó a circular la versión de que el Gobierno retiraría el nombre del abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Iud solo fue impugnado por el conservador Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la agrupación Será Justicia, ambos vinculados a la defensa de los represores. Y la crítica apuntaba al concurso y a la Procuración más que a él. En el bloque peronista aseguraron que el miércoles estaban dispuestos a firmar el dictamen pero que luego comenzaron a llegar los rumores acerca de que el Ejecutivo cambiaría de idea. A nadie le pasa desapercibido que sería un nuevo guiño para el Grupo Clarín, ya que Iud fue una de las caras visibles de la denuncia sobre los hijos de Herrera de Noble.
El abogado de Abuelas, además, desentona con el perfil general que está buscando el Gobierno para ocupar los cargos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Entre los 51 postulantes del Poder Ejecutivo figura, por ejemplo, Juan Ignacio Pérez Curci, ex subdirector de Acceso a la Justicia de la provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugenia Vidal. Para la Cámara Federal de Mendoza está propuesto para Gustavo Castiñeira de Dios, vinculado al radicalismo: fue subsecretario de Justicia de Julio Cobos. También para Mendoza es candidato Fehlmann, el fiscal que fue impugnado por acosar a una alumna universitaria y tiene prohibición de acercamiento. En esa terna fue relegado Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de esa provincia.
En Mendoza, Macri está en condiciones de nombrar prácticamente toda la Cámara Federal (cinco de seis lugares). Estos pliegos fueron remitidos al Senado en las últimas dos semanas (al igual que tres postulantes para la Cámara Nacional del Trabajo). Junto con Castiñeira de Dios, entre los propuestos para esos cargos se destaca Olga Pura de Arrabal, quien actualmente es jueza federal de primera instancia y tiene relación con el grupo Vila-Manzano: dos de sus hijos trabajan allí y uno de ellos es ahijado de bautismo de Alfredo Vila Santander, miembro del directorio de varias empresas de ese grupo. En la misma línea, Pura de Arrabal es una de las magistradas que falló en su momento contra la aplicación de la ley de Medios.
Entre quienes podrían recibir acuerdo del Senado también está Carlos María Casas Noblega, quien concursó como fiscal ante el Tribunal Oral de Córdoba. Casas Noblega intervino como defensor público de represores en Catamarca y fue impugnado por familiares de desaparecidos y ex presos políticos de esa provincia. Más allá de que su rol fue como defensor público y no particular, los organismos de derechos humanos le cuestionan que cuando el represor Ernesto Barreiro aportó una lista con los nombres de 18 desaparecidos, Casas Noblega señaló que eso era posible porque “los imputados se conmueven y tienen sensibilidad por lo que escuchan”. Casas Noblega fue elegido por el gobierno por sobre Facundo Trotta (estaba en la misma terna en segundo lugar y Casas Noblega tercero), quien es fiscal subrogante en Córdoba y tuvo una actuación destacada en el megajuicio por el centro clandestino “La Perla”. Con el mismo perfil aparece José Gabriel Bongiovanni Servera –concursó para defensor público en Ushuaia– quien, a pedido de la defensa de Herrera de Noble, escribió un artículo en el que argumentaba en contra de la extracción compulsiva de ADN para quienes se sospecha que pueden ser hijos de desaparecidos. En su momento, la Cámara de Casación llamó la atención sobre la cita de los abogados de la dueña de Clarín a “un comentario de doctrina no publicado”.
Este miércoles, el Senado podría dar acuerdo a 28 de los 51 candidatos, entre ellos, a Fehlman. Además del perfil doctrinario y político que privilegia, del total de esos 51 postulados pendientes de acuerdo, 39 son hombres (76,47 por ciento) y 12 mujeres (23,53). La desproporción de género es aún mayor si se compara por la jerarquía del cargo. La mitad de los pliegos (25) son para magistrados con jerarquía de camaristas y la otra mitad son cargos de primera instancia. Entre los camaristas, 23 candidatos son hombres y apenas 2 son mujeres.
