Organismos de derechos humanos denunciaron ante Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) el amedrentamiento sufrido por la abogada defensora de derechos humanos de pueblos originarios Belén Leguizamón Salvatierra de parte de la Justicia tucumana. Amnistía Internacional Argentina (AI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y Abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales del Noroeste Argentino (Andhes), entre otros colectivos, informaron su “preocupación” a los organismos internacionales por “las sanciones disciplinarias impuestas” por los jueces de la Cámara Penal de Tucumán a la abogada, a quien ordenaron concurrir a medios de comunicación locales para “aclarar” las declaraciones que había vertido durante una entrevista televisiva en contra del proceso de justicia en el caso en el que interviene: la investigación, aún no resuelta, de la muerte del referente originario Javier Chocobar. “La obliga a desdecirse de sus propias palabras, es un disciplinamiento que apunta a ella y a todos los abogados y abogadas que intenten de aquí en más quejarse del mal funcionamiento de la Justicia”, apuntó Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de AI. Le reclaman a los organismos internacionales que exhorten al Gobierno nacional a “investigar y monitorear todo acto de intimidación y violencia contra defensores de derechos humanos” y a tomar medidas para evitarlos.
Belén Leguizamón Salvatierra es abogada querellante en la causa del homicidio al dirigente indígena del pueblo diaguita Javier Chocobar, un hecho que desde hace ocho años investiga la justicia tucumana sin resultados a la vista. Ése punto fue el que había remarcado Leguizamón Salvatierra en octubre de 2016, durante una entrevista televisiva que ofreció a propósito de un nuevo aniversario del asesinato. “La Justicia tardía no es justicia”, insistió la abogada y la frase ofendió a la casta judicial local. Por esos días fue denunciada por la fiscal de Cámara, Marta Jeréz, a quien, sin prueba alguna, la sala IV de la alzada dio la razón el 9 de noviembre siguiente. “Las expresiones vertidas por la letrada en los medios masivos de comunicación no aportan nada a los intereses de sus clientes. Antes bien, con esa actitud demuestra una falta total de lealtad y probidad”, entendió el tribunal de Cámara, por lo que intimó a la joven a que concurriera a los medios periodísticos para “aclarar sus dichos”.
AI, CELS, Andhes, la Confederación Mapuche, el grupo internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (Iwgia), Xumek, la Fundación Asociana y la Red Agroforestal Chaco Argentina denunciaron ante la ONU y la OEA que la sanción viola el derecho a la libertad de expresión y al debido proceso de Leguizamón Salvatierra. En ese sentido, postularon en el documento que tal vulneración de derechos a la abogada “por parte de aquellos que deberían resguardarlo prendió una luz de alerta frente al contexto en la provincia
de Tucumán: el desconocimiento de los derechos indígenas, la impunidad de aquellos que los violan, y el hostigamiento de los defensores y defensoras de derechos humanos”. El documento fue presentado ante los relatores sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, la Libertad de Opinión y Expresión y la situación de las y los defensores de derechos humanos de la ONU, Victoria Tauli Corpus, David Kaye y Michel Forst respectivamente; y ante los relatores de la Comisión Interamericana de la OEA sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, José de Jesús Orozco Henríquez y Edison Lanza. En él, reclaman además a los organismos internacionales que exhorte a Argentina y al gobierno provincial a “brindar información sobre las medidas emprendidas por el Estado para proteger los derechos” de Leguizamón Salvatierra, “investigar y monitorear todo acto de intimidación y violencia contra defensores de derechos humanos” y “arbitrar todos los medios necesarios para proteger a los defensores de derechos humanos, contra todo acto de intimidación, así como cualquier otro acto arbitrario por parte de autoridades públicas, como consecuencia del ejercicio de sus funciones”.
“La sanción no parecería ser de la más gravosas, pero sí es una forma de disciplinamiento a los abogados y abogadas, un límite al ejercicio de la libertad de expresión y de la profesión”, advirtió García Rey.
