Esta semana, la fiscal Patricia Benavides presentó una acusación constitucional contra el presidente de Perú Pedro Castillo.
Le imputa los delitos de encabezar una organización criminal y tráfico de influencias en la asignación de obras públicas a supuestamente empresarios allegados. En este marco, Castillo dijo que se trata de un nuevo golpe de Estado, un asedio de parte de la oposición y que esas acusaciones están orquestadas.
Consultado al respecto, el analista internacional y profesor universitario, Ramiro Escobar, sostuvo que “la acusación es tan enredada y tan compleja que no conviene verla en blanco y negro”.
El caso de la fiscalía se basa en testimonios que acusan al presidente, algunos de ellos excolaboradores del mandatario. Denunciados por corrupción han canjeado su testimonio acusador contra Castillo por su libertad y beneficios en los procesos en su contra. Desde el gobierno cuestionan su veracidad y exigen pruebas que corroboren esas afirmaciones. El presidente ha respondido que esas acusaciones son falsas.
Asimismo recordó en AM750 que los grupos de derecha, antes que Castillo asumiera el cargo, ya estaban cargando sobre su gestión, como cuando se le acusó de fraude electoral.
En este sentido, si bien no se intentan “justificar los hechos de corrupción'', señaló, “son frecuentes en la historia de Perú” pero, la novedad, es que ahora se intente juzgar a un presidente por ello.
Así, según la Constitución “heredada del fujimorismo” vigente del país, “a un presidente en ejercicio se le puede investigar pero no se le puede acusar”, sin embargo, puede hacerse si constituye en una incurrencia del Art. 117 en el que, por ejemplo, “bloquee´las elecciones”.
