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El gobierno nacional implementará un bono para personas en situación de indigencia. Así lo anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, que confirmó que el refuerzo de ingresos —de unos 18 mil pesos— estará destinado a aquellos adultos a los que sus ingresos no les alcanzan para comer, que no están recibiendo ni la Asignación Universal por Hijo, ni un plan social ni ninguna otra transferencia del Estado.
La estimación es que existen 2 millones cien mil argentinos en esa condición, indigentes sin asistencia. Si bien el ministro de Economía confirmó la creación del bono, lo hizo junto con un gesto de austeridad en el gasto, ya que aclaró que será pagado en noviembre y diciembre, es decir dos veces y no tres, como había trascendido inicialmente.
La noticia formó parte de las medidas económicas que Massa anticipó tras regresar de su viaje a Washington, donde se reunió con las autoridades del FMI. Entre los anuncios que hizo, adelantó también que el Estado no apelará al congelamiento de precios, sino que buscará acordar un programa con las grandes empresas; también confirmó que llevará el piso del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 330 mil pesos.
Bono de ANSES para indigentes
En cuanto al bono, señaló que estará listo “en los próximos siete días”, luego de que concrete una reunión que tiene todavía pendiente con Fernanda Raverta, la titular de Anses. El organismo que encabeza Raverta es el que organizará la inscripción de los beneficiarios e instrumentará el pago.
La creación del bono había sido comprometida por el titular del ministerio de Economía en septiembre, luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner interviniera en favor de la medida, a pedido de las organizaciones sociales que tienen como referente a Juan Grabois, el Movimiento de Trabajadores y Excluidos, el Frente Darío Santillán, Nuestramérica. A las marchas y asambleas barriales por este reclamo también se sumaron La Poderosa y la CTA Autonóma, mientras que el Fetraes, cercano a La Cámpora, tambián realizó actividades por su difusión.
Las organizaciones reclaman la creación de un salario universal, pero en el complejo proceso de negociaciones que llevaron adelante con el gobierno del Frente de Todos, del que son parte, la propuesta se fue modificando hasta su formulación actual, que tiene dos tramos: el pago del bono y un compromiso del kirchnerismo de impulsar la sanción de una ley que convierta a este refuerzo de ingresos en permanente. El proyecto ya fue presentado por la senadora Juliana Di Tullio en el Congreso.
La decisión de Massa de recortar el pago del bono a dos meses, en esta línea, parece apuntar más a cortarle el impulso a la instalación del tema que a generar un gran ahorro en el gasto público.
El bono será pagado con una parte de lo recaudado por el dólar soja, el programa de incentivo a las exportaciones que otorgó a los sojeros, durante el mes de septiembre, la posibilidad de recibir $200 pesos por cada dólar que liquidaran en ventas al exterior, en lugar de los $142 que les hubieran correspondido sin el incentivo.
Otro porcentaje del excedente de esta campaña de recaudación, señaló ayer Massa, irá a financiar la compra de máquinas y herramientas para que los trabajadores del Potenciar Trabajo puedan realizar actividades proyectadas. En estos días, esta es una fuerte demanda de otros movimientos sociales (como el Evita y Barrios de Pie) que en la discusión interna del Frente de Todos se alinearon con el presidente Alberto Fernández, y que hoy se manifiestan tan frustrados ante la falta de políticas en escala para la economía popular como las organizaciones más cercanas a la vicepresidenta.
El bono puede ser pensado como una respuesta frente al alto índice de indigencia, que se mantiene en el 8 por ciento a pesar de que la economía lleva 18 meses de crecimiento. Otra manera de entenderlo, —junto con las herramientas y máquinas para el programa Potenciar— es enfocar que tiene como destinatarios a los trabajadores informales, que son los que han tenido mayores pérdidas en sus ingresos. La inflación agrava el panorama.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicado la semana pasada muestra que la caída en los ingresos de los trabajadores informales se volvió catastrófica en los últimos tres años -un período que incluye la pandemia y su salida-.
El centro de estudios comparó la evolución de los ingresos de los trabajadores registrados versus los trabajadores informales desde marzo de 2019 a junio de este año. Y encontró que en el período, mientras que el salario de los registrados cayó un 3,1%, el de los trabajadores no registrados lo hizo en 22,3%. Esto genero que la situación de los trabajadores en general, que ya venía heterogénea, se volviera internamente aún más despareja, con lo que no alcanza una sola política pública, ni dos ni tres, para dar solución a la crisis social.
El desacople en la evolución de los ingresos de registrados y no registrados es propio de estos años. No sucedió entre 2015 y 2019, cuando la caída en los ingresos de trabajadores registrados y no registrados fue a la par, señala el CEPA, aunque sí tiene una dinámica similar a la registrada en los años 90.
