“Se pone en conocimiento de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (Aedba), a fin de salvaguardar la libertad de expresión, el derecho a comunicar y de informar que tenemos todos los medios de comunicación; como también la libertad de escuchar las distintas voces y opiniones; y el derecho a ser informado que nos garantiza la Constitución Nacional, que con fecha 6 de julio de 2017, PáginaI12 ha denunciado públicamente que los ejemplares del diario no llegarían a numerosos destinos del país, dado que la dirección de Aerolíneas Argentinas prohibió el despacho de carga del diario en sus aviones.” Así empieza la comunicación que este diario envió a las dos asociaciones que reúnen a las empresas de periódicos a nivel nacional y de la CABA.
El día anterior, la línea de bandera había emitido la orden de no subir a sus aviones ningún ejemplar de PáginaI12. La excusa esgrimida para semejante acto de censura fue la existencia de un diferendo comercial. Se refería a la decisión unilateral de Aerolíneas Argentinas de dejar sin efecto un acuerdo vigente por décadas, o sea bajo administraciones completamente diferentes desde el punto de vista político: desde el alfonsinismo al kirchnerismo pasando por el menemismo, el delarruismo y el duhaldismo. Más allá de esa diferencia comercial, Aerolíneas no solo no abrió una línea de diálogo para resolverla sino que además se negó a cobrar al contado por el envío de los diarios hasta que se dirima ese diferendo, prohibiendo así en los hechos la difusión de un medio de comunicación en buena parte del interior del país, a pesar de que tenía garantizado que no sufriría perjuicio comercial alguno.
En otras palabras, con el argumento de defender su derecho a cobrar una supuesta deuda, la empresa oficial vulneró sin atenuantes el derecho a la libertad de expresión y, lo que es aún más grave, el derecho a la información de todos los argentinos, que está en la base del ordenamiento institucional. Como dice el comunicado enviado por el diario a Adepa y Aedba, “es evidente que con esta medida se encuentra afectada la libertad de expresión, en un total apartamiento de la Constitución Nacional, de los instrumentos internacionales y de las obligaciones estatales donde nuestra democracia exige la adopción de reglas jurídicas y políticas a fin de fomentar el pluralismo y la diversidad de voces para el respeto de los derechos humanos”.
La denuncia efectuada por PáginaI12 muestra claramente que “se está vulnerando la misma Convención Americana de Derechos Humanos, donde en su Art. 13 establece que la obligación del Estado excede la mera abstención de censura, remarcando la Libertad de Pensamiento y de Expresión que tiene toda persona, lo cual no puede ser restringido –como es en este caso– impidiendo la circulación del periódico”.
La responsabilidad por el insólito comportamiento de Aerolíneas Argentinas trasciende a sus autoridades para comprometer al Gobierno que las nombró y que fija los lineamientos de su accionar. Hasta ahora, PáginaI12 no ha recibido ningún tipo de respuesta a su reclamo. Nada sorprendente en una administración que utiliza todo tipo de recursos para ahogar a las voces opositoras.
Este diario no va a esperar una retractación oficial para darle una respuesta al derecho de los ciudadanos a tener acceso a una información plural y diversificada. Desde esta misma semana contrató un servicio alternativo que se encarga de transportar los diarios a los diferentes puntos del interior del país. Pero cree que es necesario que el conjunto de la industria se pronuncie en defensa de la libertad de expresión y que el Gobierno no insista con este nuevo mecanismo de censura.
