Cristina Fernández de Kirchner se presentó como querellante en la causa en que se investiga al grupo neonazi Revolución Federal. Es obvio que la hipótesis es que existe un vínculo entre esa organización violenta y el intento de asesinar a la vicepresidenta. Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, representantes de CFK, ingresaron el escrito en el sistema en el atardecer de este lunes y, con el correr de los días, plantearán una serie de medidas de investigación urgentes. 

Como se sabe, el expediente es instruido por el juez Marcelo Martínez del Giorgi, que ya determinó la existencia de asombrosas transferencias de dinero de fideicomisos de Caputo Hermanos, de la familia de Luis "Toto" Caputo, exministro de Finanzas de Mauricio Macri, al referente de Revolución Federal Jonathan Morel. Hace casi una semana que se detectó el envío de 8.700.000 pesos y ningún vocero de la familia Caputo salió a desmentir la relación con los neonazis.

Es probable que los abogados de Cristina Kirchner reclamen, tarde o temprano, una investigación sobre cuestiones imprescindibles:

  • La carpintería de Morel ¿envió muebles a los fideicomisos? ¿Cuántos? ¿A valores de plaza? ¿A través de qué empresas de transporte?
  • ¿Qué hizo Morel con el dinero? ¿Por qué las transferencias bancarias las convirtió en dinero en efectivo en menos de 24 horas? No es lo habitual en cualquier emprendimiento comercial: los fondos se mueven en función de la necesidad de comprar materiales, pagar sueldos, etc. 
  • ¿Cómo se vinculó Brenda Uliarte, detenida y procesada por el ataque a CFK, con Revolución Federal? ¿Fue espontáneamente a la marcha en la que tiraron antorchas contra la Casa Rosada? Es evidente que falta una parte de la historia: mensajes, llamadas. Además, hay una clara confluencia ideológica y la obsesión compartida de matar a la vicepresidenta. 
  • Está claro que los integrantes de Revolución Federal, incluyendo al propio Morel, hablaron de la idea de matar a la vicepresidenta. “A mí me conocen, pero si no me infiltraría en la Cámpora siete días y cuando se acerca a saludar le meto un corchazo”, afirmaron. También hay diálogos en los que barajan matar a Máximo Kirchner y a Alberto Fernández.
  • Parece obvio que el juzgado debe llamar a declarar a los integrantes de la familia Caputo para que expliquen cómo es que eligieron a una carpintería del Gran Buenos Aires, sin experiencia alguna, para proveer a proyectos ubicados en el sur del país, a miles de kilómetros. El silencio de los Caputo es abrumador e incriminante.
  • Desde el punto de vista de los delitos, es probable que Ubeira y Aldazábal insistan en que se califique al grupo de ultraderecha por las amenazas a CFK, la constitución de una asociación ilícita y la violencia de sus acciones --contra la Casa Rosada, contra Sergio Massa y Silvina Batakis cuando asumieron en Economía--, el uso de la guillotina como amenaza en sí mismo. 

Uno de los puntos clave que estarán en el debate judicial es la unificación de la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta con el expediente de Revolución Federal. 

Hasta el momento, el ataque contra CFK se tramita como si fuera una tentativa de homicidio contra una vecina cualquiera y no un hecho de enorme magnitud institucional. 

Transcurrido un mes y medio, impresiona además que la Corte Suprema ni siquiera haya reforzado la dotación de personal del juzgado para investigar cómo es que alguien llegó a gatillar un arma a 35 centímetros de distancia de CFK. Y tampoco la Procuración reforzó la investigación armando un equipo de fiscales.