El pasado 14 de este mes el juez federal Julio Bavio sobreseyó al ex juez federal Raúl Juan Reynoso y los oficiales de Gendarmería Ricardo Daniel Castillo y Favio Waldo Benegas y el gendarme retirado Serio Nicolás Guaymás, de la acusación de haberse puesto de acuerdo para fraguar los tres últimos una denuncia anónima referida a actividades de narcotráfico, que fue recibida por el entonces juez federal de Orán. 

Sin embargo, el sobreseimiento todavía no está firme porque ese mismo día el fiscal general Carlos Amad presentó un recurso de apelación, cuestionando la decisión del magistrado. 

En la resolución de sobreseimiento el juez recordó que ya en marzo de este año había dictado una falta de mérito para procesar a los cuatro acusados. Y luego reseñó la dificultad para acceder a información de servidores internacionales. Es que en esta causa es importante determinar la dirección de ip (protocolo de internet) desde la que se envió una denuncia anónima. 

Este trámite se inició a instancias de la fiscalía, luego de que un allanamiento en la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (UESPROJUD) de Gendarmería Nacional en Orán, secuestraran correos electrónicos entre los comandantes mayores Favio Benegas y Ricardo Daniel Castillo. Ese allanamiento, realizado en junio de 2017, había sido ordenado por el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta en la causa 970/09, en la que estaba juzgando al narco Claudio “Gallo” Andrada y a otras 16 personas.

La mails entre los gendarmes referían precisamente al origen de esta causa 970/09. Desde su cuenta de correo-e [email protected], el 16 septiembre de 2009 Benegas envió a Castillo, [email protected], un texto bajo el título "Futuro trabajo", acompañado de un archivo adjunto:  “Daniel.. Te adjunto el posible texto de la denuncia anónima que enviaríamos por e-mail para comenzar el trabajo", comienza el texto. 

Además de explicar otros detalles de la "denuncia anónima", pedía a Castillo: "Evalualo con el Dr. Reynoso y si deciden que es viable, lo enviaríamos al correo de la Dirandro, y el impreso lo enviaríamos a vos por expediente para que realices la presentación en la justicia jurisdiccional". E incluso contaba que había pensado en hacer "un escrito para que vos lo presentes con tu firma, como obtenido de un análisis", pero expresaba su temor de que pudiera dar lugar a una nulidad, y, en cambio, "a un anónimo nadie lo objeta", razonaba. 

El archivo adjunto llevaba por título "Denuncia" y su contenido era igual al de la denuncia anónima que se presentó el 1 de octubre de 2009 ante el entonces juez federal de Orán, Raúl Reynoso, y dio origen a la causa 970/09. La denuncia daba cuenta de la existencia de una organización dedicada al narcotráfico, el supuesto denunciante decía que había formado parte de esa banda y detallaba que ingresaban la droga al país desde Bolivia, en avionetas, luego la transportaban a distintos lugares en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Santa Fe, y finalmente, la llevaban a Buenos Aires para comercializarla. 

Además de la falsa denuncia, la sospecha es que los gendarmes estaban de acuerdo con Reynoso para atraer a su Juzgado causas contra narcotraficantes poderosos, a los que luego presionaba para obtener pagos a cambio de favorecerlo en el trámite judicial. Por acciones similares Reynoso ya fue condenado en 2019. 

Luego de dictar la falta de mérito el juez Bavio requirió colaboración a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación para tratar de obtener información sobre el origen de la cuenta de correo electrónico [email protected], desde la cual se hizo la denuncia supuestamente anónima. Después de idas y vueltas que dan cuenta de las dificultades para obtener información de los gigantes de internet, a pedido de la fiscalía, el juez solicitó ayuda a la Cancillería argentina para pedir a través de ella una asistencia jurídica internacional en materia penal a los EEUU. Pero este requerimiento no fue respondido.

El juez sostuvo que tampoco obtuvo pruebas de un pendrive secuestrado ni de un informe que envío la AFIP, y adelantó que aún en el caso de que la Cancillería y los Estados Unidos contestaran, las repuestas serán “insuficientes para acreditar la autoría de los sindicados con la plausibilidad que requiere un auto de mérito incriminador”. Y concluyó que si los hechos existieron, “no pueden materialmente ser probados”. “El deficiente material probatorio recolectado desde los inicios de conocidos los hechos, la dificultad de su obtención posterior, como así también el transcurso del tiempo, en la práctica hacen imposible que en este proceso la pretensión de perseguir a los imputados por el supuesto ilícito cometido tenga acogida favorable”, afirmó.

Resolución arbitraria 

El fiscal general Carlos Amad apeló el mismo 14 el sobreseimiento a Reynoso y los oficiales de Gendarmería y el retirado, al que se acusa por encubrimiento. El fiscal sostuvo que se debe esperar el resultado de los pedidos de información tramitados a través de la Cancillería. 

Sostuvo que la resolución de sobreseimiento "resulta contradictoria" dado que "en primer lugar (el juez) consideró que la medida que faltaba ser contestada era importante para la causa, siendo reiterada hace poco más de un mes (30/8/22) sin que hasta el presente no se obtuviera algún tipo de respuesta".

También cuestionó que el magistrado entienda que aún si se recibiera esa respuesta, no podría demostrar la autoría de los acusados. "Resulta inentendible cómo puede sostener el señor Juez que la respuesta esperada puede ser insuficientes para acreditar la autoría de los sindicados con la plausibilidad que requiere un auto de mérito incriminador, teoría sostenida por la defensa de los imputados", aseguró antes de recordar que los tres gendarmes "continúan revistiendo la calidad de funcionarios públicos".