La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuestionó la decisión de la jueza federal de Salta Mariela Giménez, que no permitió la participación de peritos de la querella y la fiscalía en un examen médico que se le hizo al ex militar Carlos Ignacio "Calele" Cialceta para determinar su salud mental. 

El examen, que había sido pedido por la defensa del represor, se hizo en procura de determinar el estado de salud mental de Cialceta, quien se encuentra procesado por el secuestro, las torturas y el homicidio del militante peronista Jorge René Santillán durante la última dictadura cívico militar. 

La Secretaría de DDHH de la Nación, que es querellante en este proceso, representada por el abogado Gastón Casabella, había solicitado que su equipo de peritos y peritas formaran parte de la evaluación y pudieran revisar la manera en la que se realiza. Lo mismo había requerido el Ministerio Público Fiscal. Pero la jueza rechazó ambos pedidos y dispuso que el examen se hiciera el 30 de septiembre en el Hospital San Bernardo sin la participación de peritos de las partes acusadoras, con el argumento de que no se trataba de una pericia sino de un estudio previo.

"Es responsabilidad de la justicia, sin embargo, garantizar transparencia en cualquier evaluación que pueda influir en las condiciones de detención del acusado o, incluso, en su apartamiento del proceso", sostuvo la Secretaría en un comunicado en el que informó que había apelado esta decisión ante la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Añadió que la decisión de avanzar en este examen "sin la participación directa de los peritos de las partes acusadoras genera preocupación en las familias y víctimas que buscan justicia por los crímenes del terrorismo de Estado". La Secretaría había pedido incluso a la Cámara que se hiciera una audiencia oral para discutir esta cuestión, pero el tribunal rechazó la apelación in límine, sin ni siquiera considerarla. 

Santillán fue secuestrado de su casa de la localidad de General Mosconi, en el norte provincial, el 10 de agosto de 1976, y luego asesinado. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un camino rural. Santillán era militante de la Juventud Peronista y había sido trabajador y delegado gremial en YPF hasta junio de 1976, cuando fue cesanteado.

Cialceta está acusado de haber integrado la patota que lo secuestró. La mujer de Santillán, Irma Prado, y la hija, Rosa Santillán, lo han reconocido, porque en el forcejeo por tratar de evitar el secuestro, Rosa, que entonces era una niña, le sacó la capucha y pudieron verlo. 

Durante la dictadura Cialceta integró la plana mayor del Regimiento de Infantería de Monte 28, con asiento en Tartagal, como oficial de Personal y ayudante del jefe del Regimiento. El represor estuvo prófugo de la justicia por varios meses hasta que el 12 de noviembre de 2021 la Gendarmería Nacional lo encontró escondido en el armario de una casa en el centro de la ciudad de Salta.

La Secretaría de Derechos Humanos pretendía que sus peritos, el médico legista Ariel Rossi y la psicóloga Adriana Taboada, experta en simulación, pudieran control el examen que se le practicó a Cialceta, quien ya a dado muestras de que intenta evadir la acción judicial, dado que estuvo prófugo durante ocho meses. 

El querellante entendía que con la negativa se está delimitando el ámbito de participación de los peritos de parte, "no sólo contrario a derecho sino también contrario a la práctica habitual forense y a la casuística en este tipo de pericias practicadas en el ámbito de las Justicia Federal, cercenando el ejercicio debido del control de parte, y con ello, la Garantía de una Tutela Judicial Efectiva". 

Casabella cuestionó que la jueza conciba los exámenes neurológico y neurcognitivo como estudios previos a la pericia forense y con ese argumento se impida la participación de los peritos de la querella. 

Entre otras razones, además de recordar que el Estado argentino tiene responsabilidad internacional en la tramitación de los procesos por delitos de lesa humanidad, el querellante sostuvo que la limitación del control de esta parte en las pericias "no suma sino resta legimitación al resultado de cada pericia". 

La discusión por la participación de los peritos de la querella y la fiscalía en las pericias a Cialceta viene de mitad de este año y no es un tema menor, dado que está en juego la continuidad de la persecución penal al represor.

En mayo último el cuerpo médico forense de la Corte de Justicia de Salta ya peritó al represor y dictaminó que está psicótico. La acusación cuestiona este dictamen, entre otras cosas, porque la perita de la fiscalía afirma que el represor simula la enfermedad. El diagnóstico de psicosis podría justificar un sobreseimiento por incapacidad sobreviniente. También cabe la posibilidad de que se le otorgue la prisión domiciliaria, algo que genera inquietud en la acusación porque Cialceta ya estuvo prófugo de la justicia.