El intendente de la localidad de Bañado de Ovanta, Ramón Elpidio Guaraz (63), se presentó finalmente a declarar ayer en el marco de las imputaciones en su contra por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal agravado. Había sido citado el martes pasado, pero no concurrió por “consejo de su abogado”. Pese a que es su segunda imputación por delitos contra las mujeres, el funcionario público no fue detenido y continúa en funciones.

Tras la primera indagatoria fallida, Guaraz había hablado con la prensa tratando de argumentar por qué no se puso a disposición de la Justicia. Sus dichos, en donde responsabilizaba a la sobreviviente de lo ocurrido, y normalizaba haberla seducido cuando ella tenía apenas 14 años de edad, repercutieron en la joven quien se manifestó en las redes sociales para expresar su dolor. “Tengo miedo por mi vida. Ayuda”, dijo ella.

La declaración indagatoria de ayer fue tomada por la fiscala Antonella Kranevitter. Según trascendió; el Intendente, quien lleva 14 años ininterrumpidos en su función, dijo que la denuncia se trataba de algo gestado por la oposición en su contra y volvió a naturalizar su relación con la denunciante cuando ella era apenas una adolescente.

Si bien se esperaba que el funcionario público quede detenido tras la declaración, debido a que es su segunda imputación y que, por los delitos por los que fue acusado, en caso de ser declarado culpable, le cabría una pena de entre 8 a 20 años de prisión, esto no sucedió.

La Ley Aybar

El caso Guaraz, remite a lo sucedido en otro pueblo de Catamarca entre los años 2013 y 2020 que culminó con la condena a 6 años de prisión por abuso sexual agravado al entonces intendente de Puerta de Corral Quemado (Belén) Enrique Aybar.

Aybar pese a las imputaciones que pesaban en su contra, también contra una adolescente, dilató el proceso penal 7 años y en medio fue reelecto como Intendente. Tras la condena, los jueces establecieron que recién iría preso cuando la misma quedara firme, provocando un repudio generalizado ya que habiendo sido condenado seguía ejerciendo el mismo cargo del cual se valió para abusar de la niña.

Fue entonces que Catamarca notó que no existía una norma que le impidiera su función por inhabilidad moral.

Durante la contienda electoral que postulaba la reelección de Aybar como intendente con el sello de Juntos Por el Cambio, mujeres de extracción radical del grupo Ola Verde realizaron un llamado de atención a la dirigencia política y pidieron que se garantice que "chacales acusados por abuso sexual, con causas judiciales en curso no puedan acceder a representaciones institucionales”, pero no fueron escuchadas.

Por su parte, las organizaciones feministas de la provincia habían solicitado antes de la sentencia condenatoria una reparación estructural para la comunidad de Puerta de Corral Quemado.

En aquel momento habían advertido “la exposición manifiesta de condiciones de asimetría estructural de poder que envuelven a las víctimas y sumen a toda la comunidad local a verse sometida a prácticas intimidatorias y de hostigamiento generalizado” por parte del intendente Aybar. Asimismo, habían expuesto que “la Justicia no puede hacer caso omiso, ya que ello involucra la configuración de un escenario de indefensión, de vulneración y de precarización de las garantías y de los derechos más fundamentales de quienes han sido víctimas de abuso, y de quienes tuvieron la valentía de denunciar esos crímenes. En este marco, la dilación de la Justicia se hace cómplice de esa pedagogía del terror del orden patriarcal, pero también supone una vulneración del Estado de derecho en sí, bajo cuyo orden, mínimamente, esperamos convivir”.

Los argumentos de las organizaciones fueron reafirmados y reproducidos por los legisladores catamarqueños durante debate que luego se dio en el marco de intento de reformar la Ley de Municipalidades para tratar de revertir la situación, aunque la norma fue vetada por el Ejecutivo al mes de resultar sancionada.

Los legisladores habían subrayado en ese momento que el intendente “utilizó todos los recursos estatales para mantener y ocultar los delitos de naturaleza sexual cometidos contra los cuerpos de las mujeres y las infancias de la jurisdicción de Puerta de Corral Quemado. Aprovechándose además del miedo que genera al ser quien dispone del destino laboral y económico de sus habitantes”.

Este año el bloque del Frente de Todos volvió a presentar un proyecto similar bajo el nombre “Inhabilidades Constitucionales para el Ejercicio de la Función Pública”, pero no fue tratado.

Concejales

Por su parte, Federico Mercado, presidente del Concejo Deliberante de Bañado de Ovanta, manifestó la semana pasada que Guaraz debería solicitar licencia en el cargo para someterse a la Justicia por las denuncias de abuso que pesan en su contra.

"Es la justicia la que debe determinar la culpabilidad del acusado, como concejal no avalo ni avalaré una situación de tanta gravedad como ésta. Se debería estar hablando del rol que tiene como funcionario, por las gestiones, por las obras, pero lamentablemente únicamente se viene hablando por cosas malas", dijo Mercado.

"Como concejal elegido por el pueblo, estoy dispuesto a dialogar con mis pares para tomar alguna determinación ante esta situación que representa una gravedad institucional. Si es necesario iniciar un proceso de suspensión del intendente estoy dispuesto a votar a favor", manifestó aunque luego aclaró que avanzaría en esa gestión sólo si la Fiscala considera que seguir en funciones puede influir para entorpecer la investigación.