La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada este martes como querellante en la causa que investiga las amenazas difundidas en redes sociales por el grupo de ultraderecha Revolución Federal.
La decisión, confirmaron a Télam fuentes judiciales, fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario.
Ese expediente cuenta con información aportada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros del grupo Revolución Federal que incluyeron amenazas de muerte contra la vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner y el jefe de Estado Alberto Fernández, como también incitaciones a cometer delitos.
Pedido para ser querellante
La presentación para que la vicepresidenta fuera aceptada como querellante fue realizada este lunes por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, los mismos que representan a la exmandataria en la causa que investiga el intento de magnicidio ejecutado por el ahora detenido Fernando Sabag Montiel el 1 de septiembre pasado.
Los abogados de CFK analizan la hipótesis de un posible vínculo entre la organización de ultraderecha y el atentado contra la vicepresidenta, dados los contactos entre ambos grupos y la confluencia de sus objetivos y amenazas.
En su momento, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega María Eugenia Capuchetti, pero la jueza lo rechazó por considerar que no había elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes. Finalmente, el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos se siguieran tramitando por separado.
Causa Revolución Federal
En la causa instruida por Martínez de Giorgi se investigan, entre otras cosas, una serie de audios intercambiados por dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años, durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título "hay que pudrirla?".
En uno de los audios, aportados por la AFI, se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la vicepresidenta para hacerla "pasar a la historia", en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría días más tarde.
"Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje...", decía allí uno de los miembros de Revolución Federal.
En el expediente también se detectó que Morel, su expareja y su socia en la carpintería que tiene en Boulogne, recibieron entre diciembre de 2021 y agosto de este año transferencias por cerca de 7 millones de pesos de parte de dos fideicomisos de la empresa Caputo Hermanos, que pertenece a los hermanos de Luis "Toto" Caputo, exministro de Finanzas del gobierno Mauricio Macri, y primo de Nicolás Caputo, el "hermano de la vida" del expresidente.
