El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta vuelve a tensar la trama en torno al uso y abuso de las herramientas con que pretende que cuente la policía porteña para “mantener el control” de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora busca de desempolvar, vía amparo judicial presentado por el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, que se libere la importación de 60 pistolas eléctricas --también llamadas taser, o armas de shock eléctrico--, retenidas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

La disposición de la ANMAC tuvo lugar luego de la compra de estas armas eléctricas en mayo de 2021, por parte de la administración porteña de Juntos por el Cambio. Aun cuando los organismos de Derechos Humanos ya se habían manifestado judicialmente contra el uso de estos dispositivos siguiendo la recomendación del Comité contra la Tortura de la ONU. Y cuando se espera todavía la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al debate que involucra al rol de las fuerzas de seguridad y a la capacidad de prevenir conflictos. 

La taser, vuelve al centro del debate y expone su peligrosidad en lo que implicaría su "uso extendido", emparentado con "la falta de proporcionalidad en el uso de la fuerza" señalan en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En el historial de denuncias --del que tomó nota la ANMAC al impedir el ingreso de las armas al país--, se destaca “el amparo que presentamos en 2010, y en representación de HIJOS, cuando nos enteramos que se habían comprado armas para equipar a lo que entonces era la Metropolitana” repasa Carlos Pisoni, referente de HIJOS ante la consulta de Página/12.

Ese amparo tuvo un recorrido judicial que todavía aguarda resolución, pero fue en 2019, cuando el Gobierno de Mauricio Macri habilitó a las fuerzas a intervenir con armas de descarga eléctrica, a partir de una resolución firmada por Patricia Bullrich, entonces a cargo del Ministerio de Seguridad, que las reglamentaba así para la policía y fuerzas de seguridad federales. Esto permitió que “en CABA se dispusiera la compra de estas armas eléctricas para su utilización en el subte”, recuerda Victoria Darraidou, coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS.

Sabina Frederic, quien sucedió a Bullrich en el cargo, anuló el uso de estas armas en lugares de “gran afluencia de público”. Y recomendó "protocolos específicos para su utilización en cuerpos especiales”, agrega Darraidou sobre la resolución de Frederic. La advertencia de los organismos, sintetizada por la representante del CELS es taxativa: “Hablamos de armas ‘no letales’ cuando deberíamos hablar de armas ‘menos letales’, porque estas armas pueden generar graves daños, y hasta incuso causar la muerte de personas”.

Desconociendo esta advertencia, la política de mano dura que hoy enarbola Larreta para conciliar con lo más derechizado de su electorado, encuentra en la posibilidad de que la Policía de la Ciudad pueda utilizar pistolas taser, un nuevo punto de exposición pública. Busca dotar a esta fuerza, ya cuestionada por el sistemático abuso de violencia que practica de “una herramienta fundamental para la seguridad de los tres millones de porteños y las casi cuatro millones de personas que diariamente ingresan a la Ciudad", según comunicó por escrito el ministro D’Alessandro.

La presentación judicial intenta que la ANMAC “concluya el trámite de autorización de importación”, según dice el texto del “amparo por mora”. De no mediar este trámite se ocasionan “graves daños al interés público” y se “interfiere de forma directa y flagrante en la política pública del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía de la Ciudad”. En un principio la ANMAC había autorizado la compra de las taser, técnicamente denominadas armas de shock eléctrico. Fueron una obsesión del gobierno de Macri quien las habilitó en mayo de 2019, a instancias de una resolución de Bullrich.

Precisamente esta marcha atrás en la decisión de la ANMAC, sostenida por cantidad de denuncias que interpusieron los organismos de Derechos Humanos, es lo que hoy cuestiona D’Alessandro. Y se lo atribuye al gobierno de Alberto Fernández en quien observa que “el problema del gobierno nacional” sobre el uso de las pistolas eléctricas “es ideológico” porque “compara las taser con las picanas de la dictadura".

D’Alessandro acusa al Frente de Todos de haber “demonizado” el uso de esas armas que, sostiene, es “fundamental” para mantener el orden. Sin embargo, el Comité contra la Tortura de la ONU indica que estas armas “provocan un dolor intenso, constituye una forma de tortura y en algunos casos puede causar la muerte”.

La denominación en los protocolos que en su momento firmó Bullrich, es específica. Habla de: “Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (D.E.I.M.) de baja letalidad”. O sea que asume, su “letalidad” en la propia descripción de la “unidad”. Pero su alcance, que puede ser letal, mortífero, fatal no impide que hoy Larreta las proponga para uso de la Policía de la Ciudad, a través de un significativo “amparo por mora”.

El recorrido judicial del caso, iniciado en 2010, tiene un punto de inflexión que Pisoni resume: “Se trató de frenar la compra, con un amparo que dispuso la jueza Andrea Danas” explica. “El Tribunal Superior de Justicia, una unidad macrista –subraya--, dio vuelta el fallo de primera y segunda instancia autorizando la compra. Por eso fuimos a la Corte Suprema y de ahí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Y advierte, aunque "es cierto que se produjo la compra durante el gobierno de Macri, y Bullrich firmó la resolución, la compra fue del Ministerio de Seguridad de CABA”.

Para Pisoni, hoy el argumento sigue siendo el mismo: "la taser es considerada un elemento que produce torturas, y siendo un Estado que firmó tratados internacionales para combatirlas, se debe instar a la eliminación de esta práctica”. Y agrega “es falaz” que puedan “prevenir conflictos”, porque se ha comprobado que “han provocado la muerte a personas con problemas cardíacos o bajo efectos de drogas o medicinas”.

Amnistía Internacional tiene estudios que indican la gran peligrosidad que las taser pueden tener en ciertas poblaciones como "adultos mayores, embarazadas o personas con problemas cardíacos", coincide Darraidou. Las mal llamadas “armas no letales” solo en Estados Unidos --entre 2001 y 2008--, mataron a 334 personas, según el organismo internacional.

Ni la policía de la ciudad, ni otra fuerza de seguridad en la Argentina “tiene que tener a mano un elemento de tortura –enfatiza Pisoni--. Estamos en contra de que se legalice la tortura de esta manera”. La salida, sostiene, debe buscarse por "dotar a la policía de otros métodos de prevención y persuasión que no sean la pistola taser".

Desde el CELS advierten que es necesario “una conversación seria sobre en qué situaciones se podrían utilizar". Pensar en "un vagón del subte que es un lugar sobrepoblado, lleva a encender todas las alarmas y subrayar que son menos letales, pero guardan peligrosidad” sostiene Darraidou. Generar marcos “claros y precisos” debería ser prioridad. Y abordar la decisión con capacitaciones específicas si se piensa en su utilización.

Otro punto no menor que considera el CELS es que "la policía porteña tiene un instrumento por ley que es la Oficina de Transparencia, por las situaciones que pueden ser abusivas en su desempeño, pero el área brilla por su ausencia. Depende del Ministerio de Seguridad de CABA y debe presentar informes anuales, que nunca han llegado a la Legislatura como indica la ley. Habilitar este tipo de armas a una fuerza que tiene herramientas institucionales de control, y no las utiliza, es problemático también”.