Miguel Pérez (69), policía retirado catamarqueño, comenzó a ser Juzgado ayer por abusar y hostigar a una niña desde que ella tenía 10 años de edad. La sobreviviente fue amenazada de muerte por el sujeto y recién pudo radicar la denuncia cuando cumplió 15 años.

El debate se desarrolla en la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación y se espera que hoy pueda conocerse el veredicto de los jueces. Para la abogada de la familia de la denunciante, Silvia Barrientos, obtener prisión efectiva para el sujeto sería lo más importante teniendo en cuenta que vive a una cuadra de la víctima y durante la etapa de instrucción de la causa obtuvo el beneficio de una prisión preventiva domiciliaria.

La denuncia fue radicada en marzo de 2020 y antes de comenzar a ser investigada se inhibieron fiscales y secretarios, debido a que el imputado es pariente de un funcionario judicial.

Los hechos por los que es juzgado Pérez sucedieron entre los años 2015 y 2017. El policía retirado tenía un kiosco en su vivienda y la niña había sido enviada a comprar cuando se él se aprovechó de ella para ofrecerle golosinas y meterla a su domicilio a la fuerza.

Tras la violación, la amenazó de muerte, situación que generó mucho temor y la llevó a callar lo sucedido durante 5 años, durante los cuales atravesó situaciones angustiantes hasta poder hablar: tuvo ataques de pánico, e intentos de suicidio. La niña no podía pasar por la cuadra en donde vive su agresor sin que él le gritara obscenidades e incluso, quiso forzarla nuevamente cuando ella ya había cumplido sus 12 años.

Durante el debate se escucharon los testimonios de los peritos médicos y psicólogos que practicaron el protocolo de abuso. Además, declaró una profesional que atendió el lunes a la sobreviviente y determinó que no estaba en condiciones de prestar declaración durante el debate debido al trauma sufrido.

Al respecto, la abogada Barrientos señaló que se espera que hoy se tome un testimonio más y luego se expongan los alegatos. Además resaltó que el sujeto fue beneficiado con prisión domiciliaria, y en base a ello la necesidad de que esta situación sea vista con perspectiva de género, ya que ese beneficio coarta la libertad de la sobreviviente.