El concejal del municipio de Bañado de Ovanta, Mario Páez, pidió el apartamiento del Intendente Elpidio Guaraz (63) quien fue imputado el lunes por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual agravado. Si bien se esperaba que la fiscala que instruye la causa le otorgara prisión preventiva, por la gravedad de los hechos, esto no sucedió y Guaraz sigue en su cargo.

En diálogo con Catamarca/12, Páez señaló que el proyecto fue presentado ayer al medio día en mesa de entrada del Concejo Deliberante de la localidad de Bañado de Ovanta.

“Pido el apartamiento del cargo por los motivos que todos sabemos”, señaló el edil refiriéndose no sólo a las últimas imputaciones, sino a que en julio también había sido fichado y prontuariado por acosar con fines sexuales a otra joven de la misma localidad en donde Guaraz ejerce su poder.

“La denuncia es grave y la anterior, si bien tiene una pena de prisión menor, también es violencia de género. Mi intención es pedir mañana –por hoy- el tratamiento sobre tablas. A esta situación la conocemos todos. Fuimos elegidos por el pueblo, no para cubrir este tipo de atrocidades, sino para trabajar en beneficio de la comunidad”, destacó Páez.

El Concejo Deliberante de Bañado de Ovanta está compuesto por tres ediles, Páez, Fabián Lezana y Federico Mercado. De ellos sólo Páez es opositor a Guaraz. Sin embargo, en las últimas horas Mercado se manifestó sobre las imputaciones que el intendente intenta minimizar y señaló que “Guaraz debería pedir licencia por moral propia y se ponga a disposición de la Justicia”.

Para que Guaraz pueda apartarse del cargo, y de esta manera no utilizar el aparato del Estado para comprar voluntades u ofrecer beneficios para obtener declaraciones a su favor, se necesita la mayoría absoluta, es decir que los tres concejales coincidan en que el Intendente no puede seguir ocupando su función de poder en evidente asimetría con los derechos de las víctimas.

Las denuncias

Las denuncias contra Guaraz fueron radicadas el 4 y 5 de junio del año pasado. El Intendente, quien además carga con una decena de denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, intimidación pública y abuso de autoridad, fue acusado por una de las sobrevivientes por privación ilegitima de la libertad y abuso sexual y por abuso sexual y coacción y por la otra víctima.

Ambas debieron irse de su pueblo natal y dejar a sus familias. Una de las jóvenes huyó para poder radicar la denuncia y ya no volvió por miedo. La otra joven lo hizo para poder trabajar y evitar el hostigamiento constante que le impedía hacerlo en el pueblo que gobierna el acusado.

La desprotección del Estado y el miedo que ambas sienten fue manifestada por ellas mismas en diferentes entrevistas dadas a Catamarca/12 y a través de sus redes sociales.

“¿Hasta cuándo debo seguir esperando para que la Justicia actúe?¿Hasta cuándo debo seguir esperando que el poder político obre según declama? O, acaso ¿La perspectiva de género sólo aparece en las redes sociales? ¿Acaso tengo que pensar que mi agresor está, como en otros tiempos ´comprando´ con dinero del pueblo, a la justicia?”, había manifestado una de ellas.

La otra denunciante llegó a presentar cartas en la Cámara de Diputados de la provincia, pidiendo que aparten de sus funciones al Intendente y señalando la “clara asimetría de Poder que existía entre él y ellas”, pero nada se resolvió al respecto.