La jueza federal de Garantías Mariela Giménez aceptó la competencia en la causa por el homicidio de Darío Monge, que le fue derivada desde el Ministerio Público Fiscal provincial. La magistrada dio por formalizada la imputación penal contra los tres acusados, que seguirán detenidos.

Además, el Ministerio Público Federal, informó que se prevé requerir también la causa en la que se investigan irregularidades de la visita de Monge en el penal de Orán al acusado de sicariato, Oscar Díaz.

La audiencia de aceptación de la causa en el fuero federal y de formalización de la acusación se realizó ayer al mediodía. El fiscal general Eduardo Villalba, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA, solicitó que la justicia federal asuma la investigación por el crimen de Darío Esteban Monge, hallado muerto de 5 balazos el 3 de septiembre pasado, en inmediaciones del barrio El Círculo de la ciudad de Salta.

Villalba argumentó que las investigaciones iniciadas por la justicia provincial en torno al asesinato, en algún punto, se unen con otras pesquisas que se llevan adelante desde la PROCUNAR NOA.

El fiscal señaló que la hipótesis criminal vinculada a actividades del narcotráfico, establecida por la Unidad fiscal de Graves Atentados contra las Personas de la provincia y compartida por la jueza provincial de Garantías N° 6, Sandra Espeche, es acertada en esta etapa del proceso. “Es imposible investigar este caso sin tener presente el accionar de determinadas organizaciones narco criminales (…) Si bien, no se puede descartar ninguna hipótesis, la del narcotráfico surge como la más probable”, aseveró.

Para el fiscal será importante contar también con las actuaciones iniciadas por las irregularidades cometidas a raíz de la visita de Monge a Díaz, en la unidad carcelaria de Orán, del Servicio Penitenciario provincial. En esa causa, después del homicidio de Monge, fue imputado el director de Políticas Penales de la provincia, Ángel Sarmiento, quien aseguró que recibió un pedido del entonces secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, mediante llamada de whatsapp para autorizar el ingreso de Monge al penal.

Villalba destacó que prácticamente desde un inicio trabajaron de manera conjunta con la fiscalía provincial, decisión adoptada en el marco del principio de cooperación, contemplado y promovido por el Código Procesal Penal Federal.

Resaltó la concepción de excepcional del fuero federal, condición establecida para asumir esta clase de hechos. Respaldó este argumento no sólo en jurisprudencia reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Villalba también citó otro antecedente local, resuelto por la misma jueza, en que se aceptó la competencia federal, en el marco de la muerte de Rosana López, cuyo cadáver fue hallado en la ruta provincial 26, el 21 de junio pasado en la zona este de la ciudad, siendo la causa del deceso el estallido de cápsulas de cocaína que transportaba dentro de su cuerpo.

La jueza Giménez aceptó la competencia de la justicia federal para entender en el esclarecimiento de la muerte de Monge, hecho que también consideró de extrema gravedad y, a prima facie, con un fuerte vínculo con el narcotráfico. “Declinar la competencia significaría renunciar a la responsabilidad internacional que el Estado Argentino asumió de investigar el narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó la jueza.

Los imputados  

La jueza formalizó la imputación contra los tres detenidos por el homicidio de Monge, Roberto Catalino Bejarano y sus hijos David y Santiago.

La imputación es por homicidio agravado por alevosía y el uso de arma de fuego, en concurso real con “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Con el traslado al fuero federal, también se dieron a conocer con mayor precisión los motivos de la imputación y detención de los tres acusados.

Villalba detalló los últimos movimientos de Monge y destacó sus constantes visitas al taller de motos de los Bejarano, en inmediaciones de la avenida Constitución Nacional y Vicente López, en el barrio Vicente Solá de la ciudad de Salta.

El fiscal sostuvo que, desde un inicio, la investigación partió de la base de que Monge y los acusados compartían actividades en la tenencia y comercialización de estupefacientes, negocio del cual, según algunos mensajes que se pudieron obtener, surgieron ciertas diferencias, lo que aparece evidenciado de manera directa respecto a un “faltante” de marihuana, en un cargamento que, al parecer, provino del norte de la provincia.

Asimismo, el fiscal fundamentó que la sospecha sobre los Bejarano creció aún más cuando, al ser consultados respecto al paradero de Monge, negaron haberlo visto días antes del deceso y hasta afirmaron que hacía dos meses que no sabían nada de él.

El fiscal expuso pruebas obtenidas en base al trabajo de inteligencia y de campo que permitió, con cámaras de video cercanas al taller, precisar que “minutos antes de ese fatídico viaje a barrio El Círculo, el 1 de septiembre pasado, Monges estuvo en el taller de los Bejarano”.

El fiscal también señaló que en los allanamientos secuestraron envoltorios con marihuana en la pieza de uno de los hijos de Bejarano, “lo que evidencia que la droga era común denominador en la vida de los acusados, aunque dejó abierta la puerta a que las actividades estén ligadas también al tráfico de cocaína”, informó el Ministerio Público Fiscal Federal.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva de los tres imputados,  fundada en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación penal, y en el hecho de que la escala penal prevista para los delitos imputados es de cumplimiento efectivo.

Según informó el Ministerio Público Fiscal Federal, la defensa ejercida por el abogado Néstor Holver Martínez, coincidió con la fiscalía respecto a la competencia e incluso con el traslado al fuero federal del expediente vinculado a lo sucedido cuando Monge visitó a un convicto relacionado a actividades de sicariato. Tildó el caso como un “ajuste de cuentas” y de “tintes mafiosos”.

Holver Martínez sostuvo que la acusación era débil, pero convalidó también el pedido de prisión preventiva de sus clientes, quienes, por gestiones de la fiscalía, fueron trasladados de la Alcaidía Judicial.

La jueza dictó la prisión preventiva en los términos requeridos por la fiscalía, también autorizó pericias y medidas investigativas pendientes.