Con el nombramiento de Kelly Olmos al frente del Ministerio de Trabajo, se renueva el debate sobre los desafíos en materia laboral en Argentina. En la actualidad, el país no tiene un problema de empleo, sino de ingresos. Se da una paradoja: al tiempo que crece la actividad económica, los ingresos no acompañan, y al tiempo que sube el empleo, se profundiza la desigualdad salarial. 

Esta particularidad es un síntoma diferencial de época. En los años '90 del menemismo y durante la gestión de Cambiemos, cayeron el empleo y los salarios reales y con los gobiernos de corte nacional-popular del kirchnerismo de Néstor y Cristina Kirchner, se incrementó el empleo y el salario real. Los tres fenómenos que resaltan en la actualidad son la volatilidad de la población más joven, la vulnerabilidad de los deciles más bajos y la fragmentación y heterogeneidad salarial.

La gestión de Alberto Fernández se caracterizó por atravesar sucesos inéditos, desde una pandemia mundial hasta una guerra, que tienen su propio correlato en el plano nacional y que pueden analizarse desde diversas ecuaciones económicas. Pero cuando en esas ecuaciones las cantidades son los trabajadores y los precios son los salarios, cualquier discusión toma otro color. Fiel a la época, el mercado de trabajo ha presentado un suceso inédito o particular.

La recuperación económica y del empleo desde la pospandemia no tuvo ni tiene un correlato en la mejora de los ingresos de las y los trabajadores. De allí un cierto desacople entre el trabajo asalariado y un nivel de vida con condiciones dignas, en términos de ingresos y de seguridad social. 

Este fenómeno es novedoso. Tanto durante el menemismo como el macrismo, empleo y salarios cayeron al mismo tiempo y, en sentido inverso, durante el kirchnerismo cuando subió el empleo, también subieron los ingresos. Es decir, se han movido a la par. En ese marco, cuando se afirma que la Argentina está frente a un escenario de “crecimiento sin distribución”, la sentencia es correcta, pero es poco precisa.

Juventud divino tesoro

Las y los jóvenes menores de 24 años tienen tasas de desocupación e informalidad históricamente elevadas. Entre 2003 y 2022, los jóvenes presentan una tasa de desocupación promedio de 22,4 por ciento, esto es 2,5 veces mayor a la de las personas de entre 25 y 34 años y 4 veces mayor a las de las personas de entre 35 o más años. 

Si bien hoy el desempleo juvenil está en su mínimo histórico (19 por ciento), el escenario no es igual de alentador en lo referido al empleo no registrado y los salarios de este segmento etario. En el primero de los casos, si históricamente el promedio para esta franja etaria fue de 59,5 por ciento, el último dato disponible arroja una informalidad del 66,4 por ciento, siete puntos por encima de aquella media. Esto supone a corto plazo un problema de recaudación; a largo plazo, un problema de cobertura jubilatoria y en cualquier horizonte temporal, un problema de derechos laborales.

Por su parte, cuando se analizan los salarios e ingresos, aparece como característica la elasticidad salario-actividad o de volatilidad de este segmento frente al contexto socioeconómico existente. Los jóvenes menores de 24 años son los que más velozmente ganaron poder adquisitivo en la etapa 2003-2015, ya que más que duplicaron sus ingresos reales por encima de todas las demás franjas etarias, pero también fueron los que más rápido lo perdieron entre 2016-2019, con una merma 32 por ciento superior al resto de la población. Entre 2019 y 2022 se observa estabilidad en los salarios, sin recuperar prácticamente nada de lo perdido en la etapa previa. Este movimiento pendular es un insumo para interpretar otros fenómenos de descontento de índole política y social.

En resumen, 2 de cada 3 jóvenes tienen empleo no registrado, 1 de cada 5 directamente no encuentra trabajo y, con los niveles actuales de inflación, hay escasas posibilidades de mejorar su poder de compra. Con pulso moral, estos datos son imprescindibles para hablar de la juventud. Con pulso electoral, hay que recordar que ellos también votan.

Los pobres, los últimos

La pobreza, que puede identificarse en el primer quintil de ingresos, está vinculada al nivel de ingreso en términos reales, pero también a una alta tasa de desocupación e informalidad histórica. Ello indica que la reducción de la pobreza no es sólo un problema de políticas de ingresos sino, fundamentalmente, una agenda laboral.

La desocupación y la informalidad no son impermeables a la distribución del ingreso y los datos lo confirman. El primer quintil, en promedio, muestra un 19,3 por ciento de tasa de desocupación; el segundo, de 10,6 por ciento; el tercer decil, 7,5 por ciento; el cuarto, 4,5 por ciento y el quinto, sólo 2,3 por ciento.

Del mismo modo, la falta de registración en el empleo afecta a los sectores más vulnerables, que alcanzan un 68,4 por ciento de tasa de informalidad en el primer quintil frente a un 16 por ciento en el quinto.

Fragmentación salarial

El incremento del empleo luego de la pandemia permitió que el país saliera de los dos dígitos de desocupación que había dejado el macrismo. El desempleo cerró el segundo trimestre de este año con una tasa del 6,7 por ciento, que se equipara a valores de 2015. Sin embargo, este proceso expansivo va acompañado de un magro derrotero de salarios reales, que por tercer año consecutivo y en contexto de alta inflación, no lograrían recuperar poder adquisitivo. Pero esta postal no es suficiente para determinar qué hacer o cómo abordar el problema, ya que no da cuenta de la fuerte heterogeneidad salarial del mercado de trabajo.

*Registrados y no registrados. Entre finales de 2015 y marzo de 2019, la caída promedio del salario real fue de aproximadamente un 14 por ciento. Pero de allí en más se escinde la evolución del salario real de las y los registrados respecto a los no registrados, un comportamiento que se asemeja a lo que pasó en los '90. Entre marzo y diciembre de 2019, los registrados pierden cuatro puntos más, pero los no registrados caen un 13 por ciento. En la misma línea, entre finales de 2019 y mediados de 2022, los primeros mantienen su poder adquisitivo mientras que los segundos pierden otros 10 puntos. Hay dos salidas para esta problemática: reducir los niveles de inflación y aplicar políticas de ingresos.

*Heterogeneidad intra-registrados. ¿Entonces a los registrados les va bien? Esto también merece un análisis criterioso. Entre 2014-2019, la evolución de la media (promedio) y la mediana salarial (el salario que divide en mitades a la cantidad de trabajadoras/es), se comportó de manera uniforme. Pero desde ese momento y hasta la actualidad se observa un incremento de la brecha, en donde la media se reduce en términos reales un 2,8 por ciento y la mediana lo hace en un 6 por ciento. ¿Qué significa esto? En criollo, que la pirámide de ingresos se agranda, mejora el promedio salarial pero los que están abajo están cada vez más lejos de los de arriba.

El fenómeno de "trabajadores pobres" deriva, en buena medida, de este proceso. En agosto de 2022, los ingresos individuales de la mitad de los asalariados registrados privados estaban 13 puntos porcentuales por debajo de la línea de pobreza por ingresos, según la medición para un hogar compuesto por dos adultos y dos niños. 

A partir de mediados de 2017, comienza una curva descendente de la relación entre la mediana de los salarios y la canasta básica total, que alcanza a finales de 2019 una caída de casi 30 puntos, al pasar de representar el 112,7 por ciento a sólo el 84 por ciento. Esa pérdida prácticamente no se ha recuperado en ninguna medida. Aquí cabe recordar que se está comparando el salario individual de un trabajo registrado privado frente a un indicador (CBT) para familia tipo, lo que supone que ese hogar es pobre solo si en dicho hogar el único ingreso es el mencionado salario.

Esta situación se encara de dos formas ¿Bajar la inflación? Sí, pero no alcanza. Hay que dejar de rascar donde no pica y avanzar además en la implementación de una suma fija que permita elevar los pisos de los convenios y equilibrar la situación salarial. Los cálculos de CEPA estiman que un monto de 40 mil pesos permitiría a la mediana salarial volver al poder adquisitivo del 2015.

Disputa

Lo expuesto en el presente artículo se contrapone a la situación de las grandes empresas en Argentina. Un estudio realizado por el CEPA muestra que las principales firmas del país, como Arcor, Aluar, Ledesma, La Anónima, Ternium y PAE, tuvieron en el 2022 una mejora en sus ganancias en dólares de entre un 50 por ciento y un 60 por ciento respecto al mismo período en 2021, según se registra en sus balances.

Frente a este contexto y dada la heterogeneidad de las dinámicas del mercado de trabajo, la disputa por la distribución en la Argentina requiere de diagnósticos precisos y decisiones concretas que incluyan política de precios, sumas fijas y políticas de ingreso. La decisión sobre la disputa por la distribución no es tanto económica como política y debe fundarse en la siguiente premisa: un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad tiene pies de barro.

* Integrantes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)