El Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes denunció ante el fiscal Leandro Flores la muerte bajo custodia de Germán Esteban Lavallen (26), un interno que cumplía condena en la Unidad Carcelaria Nº 1 de la ciudad de Salta, ubicada en Villa Las Rosas. El hombre se encontraba internado desde el 5 de octubre pasado en el Hospital San Bernardo, por quemaduras graves producidas en el 60% de su cuerpo, y falleció el martes último.
El Comité exigió una "urgente e imparcial investigación" para determinar las responsabilidades que pudieran existir en relación a este incidente.
“Tenemos información confidencial. El día que ocurrió nos constituimos en el penal. Entrevistamos a los responsables del turno. Nos dieron información desde el Servicio Penitenciario. La versión de ellos es que no tienen instrumento de fuego pero no se explica cómo se encendió un colchón”, dijo a Salta/12 el vicepresidente del Comité, Ramón Corregidor.
Además, el comisionado indicó que Lavallen estaba solo en la celda 86 del Pabellón G. Cuando se incendió, fue trasladado al Hospital San Bernardo. Corregidor explicó que intervino en ese momento la Fiscalía de Derechos Humanos, pero ahora ante la denuncia penal que radicó el Comité, la causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal De Graves Atentados contra Las Personas Nº 1.
El Comité consideró que la muerte del interno pudo haber sido causada "por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida".
En línea con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el mecanismo provincial explicó que la muerte bajo custodia estatal se produce cuando la persona fallecida se encuentra con una medida de privación o restricción de su libertad en resguardo de una institución del Estado, o bien en una intervención de fuerzas estatales que implique una limitación, potencial o efectiva, de su autonomía.
El Comité Provincial recordó que esta es la tercera muerte producida bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial, por causas no naturales, solo durante este año, e hizo un llamado a revisar las prácticas y protocolos de actuación para evitar nuevos hechos trágicos en la cárceles de Salta.
Otra muerte bajo custodia de este año fue la de la joven de 27 años Noelia Martel, ocurrida en la Unidad Carcelaria Nº 4 de la ciudad de Salta. La joven había radicado varias denuncias contra el Servicio Penitenciario por violencia institucional. "Hubo un hostigamiento personal contra ella", dijo Corregidor. El comisionado informó que consultarán el expediente de esta causa esta semana y adelantó que esperan constituirse en querellantes.
Además, el 23 de agosto falleció un interno de la Unidad Carcelaria Nº 3, de Orán, con heridas de arma blanca. Habría sido atacado por otros presos.
El Comité indicó que el Protocolo de Minnesota, del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de Naciones Unidas, establece la obligación de proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada.
Corregidor dijo que las condiciones carcelarias "son complicadas, deplorables y dramáticas" y en ese marco "no favorecen la reinserción social". "En Villa Las Rosas son lamentables las condiciones. Hay 6 pabellones completos con celdas sin baño, los internos tienen que llamar a la guardia para ir al baño", señaló. Dijo que ya hicieron recomendaciones al Servicio Penitenciario y al Ministerio de Seguridad y Justicia.
Además, sostuvo que "la estructura el sistema penitenciario viene del año 80" todavía durante la última dictadura y "ha sido pensada con mentalidad de castigo". Por ello dijo que han presentado un anteproyecto en las comisiones de derechos humanos de las cámaras de senadores y diputados "solicitando que se derogue" la Ley N° 5639 del Servicio Penitenciario y se cree una "institución civil", que auxilie a la justicia y trabaje en la reinserción. Dijo que se requiere que lxs internxs puedan trabajar y estudiar y las posibilidades son escasas en el actual sistema. "Tampoco hay sanidad. Pedimos al ministro de salud que se haga cargo", añadió.
El comisionado también señaló que es necesaria la construcción de nuevas unidades carcelarias de régimen semiabierto. Además, recordó que la Corte de Justicia de Salta tiene facultades para intervenir ante la situación de las políticas penitenciarias.
