Organizaciones sociales y de Derechos Humanos de El Salvador elevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las denuncias por las detenciones arbitrarias y sin garantías producidas bajo el Estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele, como parte de su declarada "guerra contra las pandillas". Durante este régimen, más de 55 mil personas fueron detenidas acusadas de pertenecer a bandas criminales. Nueve ONGs presentarán miles de casos en una audiencia convocada para el 25 de octubre.
Esta semana la ONG Cristosal informó que desde el 27 de marzo al 18 de octubre registraron 2.878 denuncias de violaciones a los derechos humanos y la muerte de 80 personas bajo custodia de las fuerzas públicas.
Según el informe presentado, el 97,7% de las denuncias son por detención arbitraria, el 25% por allanamientos ilegal y el 10,9% por malos tratos. Además, denunciaron que el 59,1% de los afectados son jóvenes de entre 18 y 30 años, y en su mayoría son hombres.
"Es precisamente para hablar de las personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción", precisó Zaira Navas, jefa del área jurídica de la ONG Cristosal. El 14 de octubre la Asamblea Nacional prorrogó la medida por 30 días más. Navas también dijo que esperan que una representación del Estado "se presente a esta audiencia, porque su negativa de presentarse a las audiencias revelan opacidad" y "un incumplimiento grave a las obligaciones internacionales".
Críticas al régimen de excepción
La medida fue ordenada por el mandatario Nayib Bukele ante una escalada de homicidios atribuida por el gobierno a grupos criminales conocidos localmente como maras, entre ellas la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Mara 18. Durante el Estado de Excepción fueron suspendidos los derechos a la libertad de asociación y reunión, así como la privacidad de las comunicaciones.
El 49,8% de la población salvadoreña considera que el Estado de Excepción no resolverá el problema con las bandas criminales en el país, según una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Además, un 66,4% por de los encuestados expresó su desacuerdo a que las autoridades realicen capturas sin una orden judicial.
