Una comunidad indígena del pueblo Ava Guaraní de Paraguay fue desalojada de forma violenta en el departamento de Caaguazú. Organizaciones indígenas y de derechos humanos denunciaron el desalojo forzoso de familias enteras y exigieron al gobierno de Mario Abdo Benítez que respete a los pueblos indígenas.
"Elevamos nuestra voz para denunciar la violencia ejercida por el Estado con el desalojo forzoso a la comunidad indígena 15 de Enero asentada en el distrito de Nueva Toledo", indicó la Organización Nacional de Aborígenes Independiente (ONAI) en un comunicado.
La ONAI detalló que el desalojo fue de forma violenta y que incluso hubo saqueos por parte de la policía y civiles. “Fueron a violentar, herir y destruir a nuestros hermanos y hermanas que luchan por una vida digna y un pedazo de tierra”, manifestaron.
“Sólo en los últimos dos años han dejado a aproximadamente 5.000 personas sin casas, sin alimentación, niñas y niños sin escuelas, con la destrucción de los lugares de rezos y desarrollo cultural sin ninguna alternativa más que la calle y el hambre", denunciaron en el documento.
La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay (CDIA), le recordó al Estado que tiene “la obligación de proteger a los pueblos indígenas y garantizar su bienestar”. También denunció que los desalojos forzosos que realiza el Ministerio Público y la Policía “ponen en riesgo a niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas indígenas”.
La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Copdehupy), que agrupa a unas 40 organizaciones de la sociedad civil, advirtió que fue detenido uno de los líderes de la comunidad, Denis Centurión.
Derechos indígenas
La ONG paraguaya Tierraviva exigió el respeto a los derechos indígenas en el marco de un Estado democrático y llamó a acatar lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la protección del hábitat tradicional de las comunidades "que en sus fallos de 2005, 2006 y 2010 ha reiterado nítidamente que la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras de ocupación y dominio ancestral tiene efectos equivalentes al derecho de propiedad otorgado por el Estado".
Mientras que la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) también repudió el accionar del Estado paraguayo. “Desalojos forzosos y violentos de pueblos indígenas en Paraguay, todo para proteger y blanquear la usurpación de tierras malhabidas y ancestrales”, sentenciaron.
El término tierras malhabidas se refiere a entre 8 y 12 millones de hectáreas de tierras fiscales que entre 1954 y 2003 fueron cedidas a empresas y personas cercanas a la dictadura de Alfredo Stoessner (1954-1989). Sin embargo, el año pasado fue aprobada una modificación al Código Penal que habilita el desalojo de tierras ocupadas y también incrementa la pena a quienes ingresen sin permiso.
