El exministro del gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia, Arturo Murillo, se declaró culplable por corrupción y lavado de dinero en la compra de gases lacrimógenos y elementos antidisturbios, que se utilizaron para reprimir las protestas que siguieron al golpe contra el ex presidente Evo Morales. Sentando en un banquillo en Miami, Murillo reconoció que desvió 2,3 millones de dólares del Banco Central de Bolivia a cuentas privadas en los Estados Unidos.
El procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, señaló a los medios locales que el juicio contra Murillo que lleva adelante la Corte del Distrito Sur de Florida demorará entre tres y seis meses para dar una sentencia que puede ser superior a los cinco años de cárcel. En tanto, la defensa de Murillo -quien fue detenido en mayo de 2021 en Estados Unidos- busca llegar a un acuerdo de extradición para permanecer en suelo norteamericano como "perseguido político".
"En Bolivia lo vamos a esperar en cuanto cumpla su condena con las acciones legales que tenemos", aseguró el procurador general de Bolivia confiando que la estrategia de la defensa del el encargado de la seguridad interna del país y segunda autoridad en importancia del gobierno de facto fracase. "Ese dinero, que podría haber sido destinado para bienes de salud, ha sido destinado para corrupción", criticó Chávez sobre la responsabilidad asumida por el golpista.
La maniobra de soborno y lavado de dinero en la que participó Murillo utilizó a la empresa norteamericana Bravo Tactical Solutions como intermediaria para la compra de gases lacrimógenos y elementos antidisturbios. El golpista, en 2020, aprobó un giro del Banco Central de Bolivia por 5,6 millones de dólares para Bravo Tactical Solutions (BTS), cuando la empresa había adquirido los materiales en una compra a la brasileña Cóndor por 3,3 millones de dólares.
El daño económico para el Estado boliviano fue de 2,3 millones de dólares, que Murillo repartió en 582.000 de dólares para Sergio Méndez, quien era su jefe de gabinete de durante el gobierno de facto, y el resto fue enviado a las cuentas de tres estadounidenses: Philip Lichtenfeld, Bryan y Luis Berkman, además de Sergio Méndez Mendizábal. El actual ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, calificó a la banda de Murillo como un "clan mafioso".
