Las elecciones en el estamento de jueces para integrar el Consejo de la Magistratura dejaron tela para cortar. La oposición ratificó su supremacía en el más conservador y elitista de los poderes del Estado, aunque fracasó en su cruzada para dejar fuera de juego al camarista Alberto Lugones, quien logró su reelección. La cara visible de su impugnación fue Eduardo Roberto Machín, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, reducto estratégico para garantizar todo tipo de fraudes en perjuicio del Estado. El abogado que lo patrocinó en esa movida frustrada fue Fernando Oscar Soto, un soldado de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien durante su gestión le garantizó un sueldo estatal y lo conchabó como defensor de especialistas en matar por la espalda como el expolicía Luis Chocobar, condenado por la ejecución de un presunto ladrón, o el prefecto Javier Pintos, acusado del asesinato del activista mapuche Rafael Nahuel. Soto está dado de baja de la AFIP por no presentar declaraciones juradas (es una incógnita por qué vía legal le pagará Machín) y fue denunciado por la Inspección General de Justicia por gestionar millonarias donaciones para una inexistente “Fundación Chocobar”, dinero que no le impidió en las últimas semanas mendigar franquicias para intentar litigar sin gastos ante la Corte Suprema.
La elección entre Sus Señorías concluyó el martes con el triunfo de la Lista Bordó (286 votos), la más crítica contra el gobierno, que será representada en el Consejo por el juez de Casación Diego Barroetaveña y la jueza civil Agustina Díaz Cordero. Segunda terminó la Lista Celeste (230), por la que continuará Lugones. Tercera cómoda se ubicó Compromiso Judicial (163 votos), la lista de Machín, por la que ingresará la jueza de instrucción María Alejandra Provítola.
La cruzada fracasada contra Lugones la encabezó Compromiso Judicial, que integran el camarista Leopoldo Bruglia (designado a dedo por Macri), el juez Andrés Fraga (quien le concedió una “absolución” express para alejarlo de los Panama Papers y las off shore que le delegó Franco Macri) y el propio Machín, presidente de la Cámara Comercial y quien recibió varias denuncias de la IGJ, sobre todo por su actuación en el “fideicomiso ciego” de Macri y en la causa que involucra a José Antonio Aranda (pope de Clarín) y una off shore panameña a su nombre que pretendió legalizar en la Argentina con un inexplicable patrimonio inicial de más de 2.500 millones de pesos. Machín encabezaba la lista, pero al terminar úlitimo y por la obligada paridad de género debió ceder la banca a Provítola, privando al Consejo de un gran orador.
Machín se esmeró sin suerte para que Lugones, juez de la Cámara Federal de San Martín, no pudiera ser candidato. Para ello recurrió a la Cámara Nacional Electoral, en la que recusó a uno de sus integrantes, y pidió a la Corte Suprema que intervenga mediante un per saltum. En esa intensa cruzada lo patrocinó el penalista Fernando Oscar Soto, subordinado de Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante toda la gestión cambiemita y socio del ex fiscal general porteño Luis Cevasco.
El abogado Soto defendió al condenado Chocobar, el policía elogiado por Macri & Bullrich por matar por la espalda a un joven después de un robo, y defiende al prefecto Pintos, el asesino de Rafael Nahuel, y al jubilado Jorge Ríos, que mató a quien pretendió asaltar su casa en Quilmes. Menos conocido es su rol en la “Fundación Chocobar” en 2020, por el que la IGJ lo denunció penalmente. La falsa fundación no estaba registrada ni mucho menos autorizada a funcionar como “entidad de bien público”, pero ello no le impidió conseguir casi 4 millones de pesos de presuntas donaciones para el policía de gatillo fácil. Soto se presentaba como vicepresidente de la “fundación”, con sede en su estudio, en Avenida Corrientes 1675, 4º piso, el mismo que constituyó en las últimas semanas al servicio de Machín y los patricios.
Más allá de la ductilidad de Soto para fracasar
en distintos frentes, sorprende también que pueda ser contratado y cobrar por
sus servicios pese a figurar como dado de baja de la AFIP en su base de datos
pública: “El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto
1299/98”, lo que significa que hace más de tres años que no presenta
declaraciones juradas. Esa situación de marginal a nivel impositivo no le
impide ser contratado nada menos que por quien preside el fuero
comercial en causas de enorme trascendencia política e institucional, aunque
seguramente explique su imposibilidad de pagar los 300.000 pesos que la
Corte exige a quienes pretendan que se lean sus recursos de queja. Ocurrió
en la denuncia por las trapisondas de la “Fundación Chocobar”, en la que tras perder
en su apelación ante la Cámara Civil y fracasar en el intento de que la Corte
le otorgue un recurso extraordinario, recurrió en queja y pidió que le otorguen
una “franquicia de pobreza” o “beneficio de litigar sin gastos”. Toda una línea
de coherencia.
