El 27 de abril de este año, el Senado aprobaba un proyecto de emergencia laboral, que prohibía los despidos sin causa por 180 días y establecía la doble indemnización como sanción. Dos días después, el 29, una movilización de las cinco centrales sindicales colmó las calles en una inédita muestra de unidad gremial. 
 El 9 de mayo, tras intentar en vano frenar el proyecto en el Congreso, el gobierno convocó a un centenar de empresarios de primera línea a la Casa Rosada, que debieron firmar un “compromiso de no reducir nuestros planteles de empleados durante, al menos, 90 días”, considerando además que “la ley antidespidos que tiene media sanción en el Congreso introduce un cepo al empleo que dificultará las nuevas inversiones y generará un efecto contrario al que dicen buscar”. Los textos estaban preparados de antemano, sin participación de quienes luego debieron firmarlo.
 El 18 de mayo, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de emergencia laboral. El 23 de mayo, negando la existencia de una emergencia en materia de empleo, y apoyado en el documento firmado por la cúpula empresaria el día 9, el Poder Ejecutivo vetó la ley por decreto 701/2016 con la firma de Mauricio Macri. 
 Pese a la afirmación en contrario del gobierno, los despidos en el sector privado siguieron, inclusive en alguna planta perteneciente a los grupos empresarios que suscribieron el Compromiso por el Empleo el 9 de mayo. Las estimaciones privadas acerca de la cantidad de despidos ascienden a 180 mil en lo que va del año. Es decir, no se detuvieron después de aquel compromiso moral asumido por los empresarios en contra de su voluntad, pero a pedido del gobierno. 
 Sin embargo, en el mes de agosto, cuando vencía el plazo del compromiso por 90 días, era el propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien se apuraba a señalar, días antes de que se cumpliera el plazo, que el gobierno no iba a renovar el compromiso porque no lo consideraba necesario. “La tendencia negativa del empleo comenzó a cambiar, se estabilizó”, señalaba Triaca, citado por el diario La Nación. Eran los primeros días del mes de agosto. 
 Otros tres meses han pasado, la situación se ha agravado en diferentes sectores industriales y las proyecciones de caída de la producción para el año son peores que las de meses anteriores. Así lo admitieron las autoridades de la UIA en la convención nacional que, este martes, cerró el presidente de la Nación. Esas mismas autoridades debieron volver, junto a otros colegas, hoy a la Casa Rosada para estampar la firmar en un nuevo compromiso por el empleo, esta vez expresando la voluntad de mantener los planteles hasta marzo de 2017.   
 Tras la experiencia anterior había, por supuesto, curiosidad por conocer en qué medida el acuerdo comprometía, efectivamente, a los empresarios a respetar las condiciones laborales de sus empleados. Triaca, al presentar el acuerdo, utilizó la expresión “concordamos” para referirse a los términos del compromiso, pero no llegó a despejar las dudas. Daniel Funes de Rioja, titular de la cámara de empresas productoras de alimentos (COPAL) y hombre clave en la estructura de la UIA en materia laboral (Director del departamento respectivo hace largos años) fue más explícito. “Es una apelación, no una obligación; lo que se acordó es mantener los puestos de trabajo y trabajar para crear nuevos, pero lo firmado no tiene carácter legal ni consecuencias”, explicó al portal de noticias Letra P. 
 “Tiene que quedar claro que esto que figura en el acta no tiene alcance legal, o sea, no es obligatorio”, reiteró Funes de Rioja. Al ser consultado por el mismo medio si este mismo criterio había sido expuesto ante los funcionarios, respondió que “por supuesto; tanto es así que estuvimos dos horas discutiendo las condiciones del acta que finalmente firmamos”.