En la continuidad del juicio que en el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta se sigue contra siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita y lavar activos provenientes del narcotráfico, el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier habló de las vinculaciones de esta organización con los clanes dedicados al narcotráfico, del dominio territorial que tenía en la zona de la frontera, del asesinato de Liliana Ledesma y de las vinculaciones con miembros de fuerzas de seguridad y el poder judicial. 

Viltes Monier se remontó a fines de la década del 90 y principios de la 2000 para resaltar antecedentes de investigaciones en las que aparece el Clan Castedo como proveedor de droga, que era traída desde Bolivia y trasladada a Buenos Aires para ser embarcada a países de Europa. 

Recordó en este sentido los datos que vinculan a Delfín Castedo con la organización narcocriminal que dirigía el fallecido abogado Carlos Salvatore, organización que envió a Europa más de cuatro toneladas de cocaína camuflada en embarques de carbón vegetal. Salvatore fue condenado en 2016 en la causa conocida como Carbón Blanco. 

En la investigación del entramado de acciones ilícitas llevadas a cabo por la organización dirigida por Salvatore hubo distintos operativos de secuestro de droga en los que apareció reiteradamente el nombre de Delfín Castedo, recordó el auxiliar fiscal. En la Operación Ayala, el secuestro, en junio de 2005, en el puerto de Valencia, de cinco contenedores con 708 kilos de cocaína provenientes de Argentina y la detención de once personas. En mayo se habían secuestrado otros 300 kilos, con lo que el total de cocaína decomisada es de 1.008 kilos.

A su vez, esa investigación está vinculada al hallazgo, en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, de más de 128 kilos de cocaína en el interior de una casa rodante que estaba en un terreno baldío vecino a la casa de Blas Norberto Barberá, integrante de la banda de Salvatore. Viltes Monier recordó que Barberá aseguró que el proveedor de la cocaína secuestrada en el operativo Carbón Blanco era Delfín Castedo. 

Añadió la declaración de Juan Manuel Lorenzo, detenido en abril de 2017 también acusado de integrar la banda liderada por Salvatore. Lorenzo declaró que Delfín Castedo era el principal proveedor de la droga que comercializaba Salvatore. Y contó que en 1999, como empleado del estudio de Salvatore, acompañó a Castedo y al ex gendarme Wilfredo Luján en un viaje a Paraguay. Y que luego comenzó a viajar a Europa para asistir y conseguir abogados para personas detenidas en aquel continente. 

El auxiliar fiscal recordó asimismo la Operación Trabajo, la detención en Italia de los argentinos Miguel Ángel Nucci y Gerardo Lobos con 50 gramos de cocaína, 1.319.525 euros y documentación relativa a la exportación de carbón vegetal desde Argentina. También en este caso, entre 2004 y 2005, partió Lorenzo a asistir a los detenidos y a recuperar el dinero, lo que consiguió. Contó que cuando se lo entregó a Salvatore, éste le dijo que gran parte era de Castedo. Además, Viltes Monier citó las vinculaciones del Clan Castedo con otros clanes, entre ellos Vasconcelos, Ferreyra y Loza.

La bisagra del asesinato 

Viltes Monier sostuvo que en este devenir de la organización criminal dirigida por Delfín Castedo el asesinato de Liliana Ledesma, el 21 de septiembre de 2006, en Salvador Mazza, en el norte de la provincia, fue un "punto neurálgico". Para entonces Gendarmería investigaba el ingreso de grandes cantidades de droga al país que era trasladada a Buenos Aires y desde ahí era exportada a Europa. Ya por entonces consideraban que "Luis Yudi manejaba las finanzas de la organización", sostuvo el auxiliar fiscal. Luis Yudi, su hermano Alberto y su sobrino Mario Alberto Yudi están siendo juzgados en este proceso como integrantes de esta organización. 

"Raúl Castedo era el brazo operativo de Delfín Castedo", añadió, sobre otro de los juzgados aquí, Raúl Amadeo "Ula" Castedo, hermano de Delfín. Y recordó que también otros hermanos, Roberto, Johny, Rafael, y su hermana Roxana Castedo, son parte de este clan. 

Sobre las múltiples vinculaciones de esta organización, subrayó que Casimiro "Nene" Torres trabajaba en la finca de Delfín Castedo, era una persona de su confianza, y en 2010 este hombre fue condenado, junto a Lino Abdemar Moreno, Aníbal Tárraga y Gabriela Aparicio, por el crimen de Ledesma. 

Liliana Ledesma fue asesinada luego de que denunciara el cierre de caminos vecinales en las fincas El Aybal y El Pajeal, por parte de los hermanos Raúl y Delfín Castedo, y el entonces diputado provincial José Ernesto Aparicio. Los hermanos están acusados de haber ordenado este crimen. Viltes Monier recordó en su alegato las conversaciones entre ellos, obtenidas de las escuchas realizadas en el marco de la investigación por narcotráfico. "Los Castedo tenían dos grandes virtudes: que andaban armados y que además tenían buena puntería", recordó el auxiliar fiscal que dijo Ula, refiriéndose a Ledesma, a quien le recriminaba que era "bocona". 

El auxiliar fiscal aseguró que este crimen se debió a que los integrantes de la familia Ledesma, que tiene puestos cercanos a El Pajeal, "eran un obstáculo para el paso a Bolivia". Y que el asesinato, a cuchilladas, con "un tajo en la boca que instaura el silencio", fue un mensaje para todos los habitantes de la zona. En este contexto, "cobra importancia el valor de lo no dicho" en los testimonios de los puesteros, afirmó. 

En las escuchas los hermanos también hablaban del poder económico de los Castedo, incluso para pagar sicarios. El auxiliar fiscal dijo que ya en ese momento la organización había adquirido las fincas El Aybal y El Pajeal, vecinas entre sí y lindantes con la frontera con Bolivia y que la fiscalía y la querella de la UIF sostienen que fueron usadas como escenario de las actividades ilegales que les reprochan. Castedo había comprado también cinco máquinas topadoras, cada una valuada en 100 mil dólares. 

Simulación de venta 

"La organización siempre tuvo en su poder las fincas El Aybal y El Pajeal", sostuvo Viltes Monier. En el inicio del alegato de la fiscalía, el fiscal general Carlos Amad había asegurado que estas propiedades, de más de 30 mil hectáreas entre ambas, eran estratégicas para la actividad de esta organización. 

El auxiliar fiscal recordó que El Pajeal fue adquirida por la familia Aparicio en 1986, años después la mayor parte ella quedó en manos de Ernesto Aparicio. "En los papeles la finca era de Aparicio", que operaba con Delfín Castedo, que a su vez operaba con su hermano Raúl. Y luego esta finca pasó a manos de Delfín Castedo, sostuvo citando testigos y escuchas que dieron cuenta de que él disponía sobre ese campo. 

Sobre la otra finca, El Aybal, cuestionó también la actuación del escribano Mariano Coll Mónico (que era presidente del Colegio de Escribanos, recordó), que no inquirió sobre el origen de los 600 mil dólares con los que en 2003 Mario Yudi adquirió a la firma Tuar SA, a pesar de que la juventud del comprador indicaba que no podía haber ganado esa cantidad de dinero, y a pesar de que ya entonces estaba vigente la ley 25246, sobre encubrimiento de lavado de activos. 

El auxiliar fiscal recordó que cuando Coll Mónico declaró en este juicio ubicó como participante de esta operación a su cuñado, el contador Eduardo Torino, que está siendo juzgado aquí como miembro de la organización ilícita. Y recordó también que el propio escribano contó que el comprador había llevado el pago en efectivo, un "bolso grande" lleno de dólares. 

En 2005 Mario Yudi vendió la finca a Delfín Castedo, por 1.300.000 pesos. El auxiliar fiscal señaló como sospechoso que el comprador entregó solo 10 mil pesos iniciales y que de acuerdo al cambio de la época, el vendedor perdió 170 mil dólares. 

Y luego, "21 días después del asesinato de Liliana Ledesma", Castedo vendió El Aybal a Torino, quien dijo que la compraba en representación de la firma Anzere SA, con sede en Uruguay. En este caso Viltes Monier consideró sospechosa la forma de pago: una primera entrega de 300 mil pesos y dos cuotas de 700 mil cada una. Señaló que "detrás de la escritura" de esta operación aparece otra vez Coll Mónico, que la confeccionó pero no la autorizó, sino que lo hizo Claudia Noemí Lo, que había sido adscripta a la escribanía del primero. "Todo esto en realidad se trató de una simulación" con el objetivo de que la organización se mostrara alejada de la finca, sostuvo el auxiliar fiscal. Y ratificó que "Eduardo Torino es el titular de la finca". 

En su extenso alegato, Viltes Monier también habló del tráfico de influencias de esta organización. Entre otras pruebas, citó la declaración de un imputado colaborador que relató una reunión en Buenos Aires, de la que participaron, dijo, Castedo, Reynoso y los abogados Raymundo Sosa y Luciano Ciscato, en la que se acordó que el entonces juez iba a beneficiar al capo narco en la causa por narcotráfico que tenía a su cargo. Ese acuerdo se habría perfeccionado el 5 de diciembre de 2013, cuando Ciscato se presentó en el juzgado de Orán con una persona que suplantó a Castedo y se firmó una falsa acta de declaración indagatoria. Ese instrumento legal habría sido una respuesta al pedido del fiscal federal José Luis Bruno para que se lo indagara. Reynoso recién resolvió al situación procesal de Castedo el 26 de noviembre de 2014; si bien lo procesó por "asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con encubrimiento calificado de lavado de activo de origen delictivo"  dispuso mantener su libertad, a pesar de que era público que tenía un pedido de captura nacional e internacional por el crimen de Ledesma.