Cuando falta menos de un mes para que se cumplan 4 años de la explosión del edificio de calle Salta 2141, que dejó 22 muertos; se espera que después la feria judicial ‑que empieza hoy‑ comience una pericia clave, para dar paso al juicio oral y público. En la causa hay once imputados, pero ninguno está preso. Las familias de las víctimas exigen que comience el debate antes de fin de año. En tanto, la empresa Litoral Gas ‑que tiene a una gerenta, un jefe técnico y tres inspectores acusados‑ sigue sin pagar la multa de 6,5 millones de pesos, ya que apeló la resolución del Enargas ante la Corte Suprema de la Nación. "Lo único que sé con certeza es que Hugo está muerto y que su hija ya pasó cuatro días del padre con la imagen de él en un video de los 15", lamentó Marcela Nissoria, esposa de Hugo Montefusco, una de las 22 víctimas fatales.

A las 9.38 de la mañana de aquel 6 de agosto, la historia de Rosario cambió para siempre. Vidrios rotos, humo, llantos de desconsuelo y rostros desencajados fueron algunas de las imágenes de aquella mañana fría, en Salta y Oroño. Para los rosarinos, nada fue igual desde aquel momento: el gas dejó de ser un servicio más. Esa mañana, un gasista trabajaba en el lugar cuando comenzó la pérdida. Enseguida subió por los pisos del complejo y se generó la explosión.

Seis meses después, la investigación de la fiscal Graciela Argüelles permitió que la jueza Irma Patricia Bilotta procesara a once imputados en el expediente, el 27 de febrero de 2014. Entre los sindicados está la gerente técnica de Litoral Gas, Viviana Leegstra: el jefe de inspectores, Claudio Tonucci; los inspectores Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba. También el gasista que aquella mañana cambió el regulador del gas, en el tablero del edificio, Carlos García, y su ayudante, Pablo Miño. En similar situación procesal aparecen los administradores del edificio, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli, por haber contratado a una persona sin idoneidad técnica, para el cambio de regulador.

Para la magistrada, el desempeño de Litoral Gas fue determinante en el desenlace fatal. Principalmente, por la impericia o negligencia representada en los inspectores y técnicos que constataron las instalaciones días antes de la explosión. Justamente, en eso pretende avanzar la pericia que realizará un especialista de Córdoba, con su equipo de trabajo. Solo falta que lleguen planos necesarios sobre los inicios de la instalación del servicio en el edificio, cuando todavía Litoral Gas no era concesionario.

En su momento, una pericia de GIE S.A., dio cuenta de un "incumplimiento de las normas". Sin embargo, se trata de un análisis "incompleto", ya que solo analiza lo sucedido el día del hecho, la causa del escape de gas y de la explosión. Esta nueva pericia pretende ser más amplia y analizar el estado de las instalaciones y la intervención de la empresa en los días previos al suceso. El panorama sería más completo con esos resultados. Sucede que se requieren planos de la instalación de gas en el edificio, que data de la época de Gas del Estado. La Fiscalía ofició a una oficina residual de la empresa, en Buenos Aires, pero les respondieron que deben dirigirse a un área de archivo para conseguir ese documento.

En materia administrativa, en abril de 2014, el Enargas sancionó con una multa de 6,5 millones de pesos a Litoral Gas S.A. por encontrarla responsable de 13 faltas graves en el caso. El organismo de control atribuyó incumplimientos a la concesionaria. Sin embargo, Litoral Gas consideró "injusta" la decisión y fue a la Justicia. El caso ya fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones, que ratificó la multa en febrero de este año, pero la empresa presentó un recurso ante la Corte Suprema, que aún no tuvo resolución.

Enargas también apuntó, por aquellos días, a "medidas correctivas a realizar de inmediato", por parte de Litoral Gas. Es que, según entendió, existieron "graves incumplimientos". Además, días atrás llegó un informe de la Auditoría General de la Nación, sobre Enargas, que también "señala irregularidades en la actuación" del ente de control.

"Que vayan presos los que tengan que ir presos", reclamó Nissoria, quien ‑con otros familiares‑ colabora con personas necesitadas en la asistencia de ropa y alimentos, como una forma de "canalizar el dolor". Además, pidieron ser asistidos para saber con qué se van a enfrentar en el juicio, ya que nunca atravesaron por una instancia similar, y no saben si podrán soportar lo que vaya sucediendo.

Para el juicio está previsto que testifiquen unas cien personas. En tanto, aún resta sortear el tribunal que presidirá el debate y dará su veredicto al final de las audiencias. El equipo de fiscales estará compuesto por Argüelles, Cristina Herrera y María Alejandra Rodríguez.