El Estado nacional y la provincia ratificaron esta semana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad internacional de la Argentina por la actuación del Poder Judicial de Santa Fe en la entrega irregular de un bebé de 24 horas en Rosario, en agosto de 2014, en un hecho que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y su colega de Santa Fe, Lucila Puyol, calificaron como una “apropiación ilegal” y solicitaron una sentencia que ordene la restitución del niño a su mamá biológica, que el día del parto tenía 13 años. El alegato de Pietragalla y Puyol se realizó en Uruguay ante los seis jueces de la CIDH, en una audiencia en la que también participaron “María” –como se identifica a la joven que reclama a su hijo-, su madre y las abogadas que patrocinaron la demanda. Se trata del “Caso María y otro vs. Argentina” que llegó al Tribunal tras ocho años de reclamos infructuosos ante la justicia santafesina. “Tenemos muy en claro que es una apropiación”, dijo Puyol ante los magistrados. “Un caso de extrema gravedad y violación de derechos humanos en el que el Poder Ejecutivo de Santa Fe mantiene su compromiso de acompañar a María” y “desarrollar todas las acciones necesarias para garantizar sus derechos y los su hijo con el objetivo de que finalmente el niño sea restituido a su madre”.
En el arranque del alegato, Pietragalla ratificó la “responsabilidad internacional del Estado por el actuar del Poder Judicial de Santa Fe” en lo que consideró “un caso actual de apropiación de un niño”. En la audiencia, lo acompañaron Puyol y la directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de su área, Gabriela Kletzel.
“El Estado argentino se encuentra comprometido en una urgente resolución en este caso, que ponga fin a la incertidumbre del derecho de ‘María’ a criar a su hijo, y del niño, a crecer junto a su mamá y su familia biológica”, dijo Pietragalla. “A pesar de las múltiples gestiones realizadas” por el gobierno de Omar Perotti, “hasta el día de hoy ‘María’ sigue sufriendo numerosas dificultades para vincularse en forma cotidiana con su hijo y lograr que tenga contacto con el resto de su familia biológica”.
Puyol contó que apenas asumió su cargo en diciembre de 2019 y se anotició del caso “sentí que teníamos que trabajar sin descanso para acompañar a ‘María’” en sus reclamos, primero en la “revinculación con su hijo y luego en la restitución”.
“Tenemos muy en claro que este caso es una apropiación. Hablamos de un niño que nació el 23 de agosto de 2014 en la Maternidad Martin (de Rosario) y al día siguiente fue sustraído de la custodia de su joven madre y de su abuela por un matrimonio que tuvo y tiene los recursos económicos y las relaciones y vínculos para persistir en su actitud”.
“El día que conocí a ‘María’ en la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, donde fue acompañada por sus abogadas, escuché su dolor” y “el deseo de vivir con su hijo. Sentí mucha impotencia y angustia y esto lo digo porque además de mi compromiso como funcionaria me atraviesa mi propia historia personal como hija de un desaparecido de la dictadura y desde hace años represento a víctimas del terrorismo de estado en los juicios de lesa humanidad en nuestro país. Juicios que han dado cuenta de los gravísimos delitos que se cometieron, entre los más aberrantes la apropiación de niños y niñas”, recordó. “La apropiación que supone arrancar violentamente al niño de su familia biológica, que supone el ocultamiento de su sistema de parentesco, la sustitución de su identidad y la inclusión en una nueva familia que reniega de su origen biológico, que miente, manipula y tergiversa la realidad. Las Abuelas de Plaza de Mayo nos enseñaron esto y gracias a su incansable labor la Argentina tiene leyes y protocolos que protegen el derecho a la identidad de las personas desde el nacimiento”.
“Es por eso que decimos que en este caso opera la estigmatización de una madre niña y la discriminación por motivos socioeconómicos para producirse esa apropiación. Pero esta convicción que tenemos desde el gobierno de Santa Fe no ha llegado lamentablemente a sensibilizar al Poder Judicial de la provincia que justifica una resolución que desde el inicio fue ilegal” porque convalidó “un acto viciado de nulidad absoluta”.
La entrega del niño se concretó en un expediente de “guardia adoptiva” que promovió “la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes (de la provincia) respecto de un niño por nacer, lo que está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico” y que le hicieron “firmar a la futura madre (que tenía 13 años) y a la abuela, sin patrocinio letrado, prohibido también”, denunció Puyol.
“Fue tan férrea la oposición a colaborar por parte de los funcionarios judiciales que ni siquiera autorizaron una solicitud de vista del expediente, a pesar de los múltiples pedidos que realizamos” desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. “De hecho, fueron las abogadas (de María) quienes nos facilitaron una copia” de la causa.
“Es por todo esto, que el Poder Ejecutivo de Santa Fe” y “el Estado nacional decidieron reconocer su responsabilidad en los hechos” y evitar cualquier demora “en la resolución del caso internacional” porque el “transcurso del tiempo agrava la situación”, agregó.
“Tenemos la convicción –insistió Puyol- que nos encontramos ante un caso de extrema gravedad y violación de derechos humanos”. Por lo tanto, “el Poder Ejecutivo provincial mantiene su compromiso de acompañar a ‘María’” y desarrollar todas las “acciones necesarias para garantizar sus derechos y los su hijo con el objetivo de que finalmente el niño sea restituido a su madre”, concluyó.
