Con los indicadores sociales al rojo vivo y gran parte de las organizaciones sociales exigiendo medidas urgentes para los sectores más empobrecidos, el kirchnerismo decidió descongelar en el Senado el proyecto de "refuerzo de ingresos" para combatir la indigencia. La iniciativa fue presentada por Juliana Di Tullio hace más de dos meses, pero había quedado en stand by ante la expectativa de que el reclamo pudiera avanzar primero vía decreto del Ejecutivo. Finalmente terminó adoptando la (más limitada) forma del "Refuerzo Alimentario para Adultos sin ingresos" que presentó Sergio Massa, luego de varias negociaciones con las organizaciones sociales (especialmente el Frente Patria Grande). Ahora, la idea de un sector del interbloque oficialista - con el aval de la propia Cristina Fernández de Kirchner - es reinstalar el debate en torno a la necesidad de establecer, de manera un poco más sistemática (aunque no permanente, ya que la prestación solo dura un mes), un ingreso mensual equivalente a una Canasta Básica Alimentaria que garantice la alimentación de toda la población.

"En este país no puede haber hambre", afirmó, tajante, Juliana Di Tullio a Página/12 para explicar el motivo por el que el "refuerzo de ingresos" comenzaría a ser debatido este miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Trabajo y Previsión Social. El proyecto había sido originalmente presentado como una alternativa "peronista" - y respaldada por la propia CFK, de quien Di Tullio es muy cercana - al Salario Básico Universal que habían impulsado les diputades de Patria Grande. A diferencia del SBU, el proyecto de Di Tullio apunta a un universo de 2 millones de mayores de edad que se encuentran por debajo de la línea de indigencia y que no perciben, a su vez, ningún otro tipo de transferencia del Estado (solo están exceptuados les jóvenes que cobran el Plan Progresar). La iniciativa propone una prestación monetaria mensual equivalente a una Canasta Alimentaria (hoy en 18.360 pesos) que puede durar hasta un año, habilitando a que sea prorrogada una sola vez. 

El "Refuerzo de Ingresos" de Di Tullio llegó al Senado con el respaldo de las organizaciones sociales - que levantaron el proyecto como bandera - y sirvió como modelo para el "Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos" que el propio Massa presentó hace un par de días. La expectativa era que el proyecto pudiera salir por decreto del Poder Ejecutivo, pero hubo que conformarse con un bono de 45 mil pesos en dos cuotas. La dificultad para encontrar financiamiento - en el caso del bono del Ejecutivo se pudo avanzar gracias a lo recaudado por el dólar soja - está muy presente en la cabeza de quienes diseñaron la medida y hay expectativa de poder recaudar parte del dinero gracias a la eliminación de la exención del impuesto a las Ganancias para les trabajadores del Poder Judicial que se incluyó en el Presupuesto 2023. El costo fiscal del proyecto, sin embargo, se calcula en un 0,56 por ciento del PBI para 2023: un número que supera al ahorro que tendría el Estado si comenzase a cobrarle Ganancias a los judiciales (se calcula que la exención impositiva tiene un costo de 0,16 puntos del PBI).

El objetivo de dar comienzo al debate en el Senado, sin embargo, tiene que ver con marcar agenda e instalar una discusión sobre qué hacer con las personas en situación de indigencia en un contexto de escalada inflacionaria. Originalmente iba a ser tratado el miércoles pasado, pero debió ser pospuesto a la semana próxima debido a la ausencia de varios senadores. Y esto se debe a que el interbloque del Frente de Todos viene arrastrando una particular mala racha de problemas de Salud. 

El caso más reciente es el del presidente del interbloque, José Mayans, cuya internación terminó generando que se paralizara gran parte del trabajo legislativo. Esto se debe a que el oficialismo no cuenta con una mayoría propia en la Cámara alta, ya que tiene solo 35 senadores y necesita siempre de dos más para llegar al quórum. Si bien el FdT no suele tener problema para hacerse con una mayoría gracias el acompañamiento de aliades clave - como Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega (La Rioja) -, los últimos meses han sido muy difíciles debido a la acumulación de bajas por enfermedad. Estas ausencias han ido limitando el margen de acción del oficialismo, obligándolo a estar siempre cortando clavos para llegar al mágico número de 37 (como sucedió con el debate de ampliación de la Corte Suprema).

La ausencia de Mayans, sin embargo, terminó volviendo imposible avanzar en cualquier agenda que no fuera consensuada con Juntos por el Cambio. "Estamos en manos de Cambiemos", se quejan, hace semanas, desde el interbloque oficialista. De todos modos, a pesar del agujero que dejó la ausencia de Mayans, el Senado ha ido lentamente recuperando la actividad en las comisiones. En la última semana, el oficialismo ha logrado dictaminar dos iniciativas que habían sido recientemente aprobadas en la Cámara de Diputados con el acompañamiento de la oposición: la prórroga (y modificación) de la Ley de Barrios Populares y la expropiación del predio donde funcionaba Cromañón. Hay expectativa, incluso, de que la semana que viene se puede sesionar para tratar ambos temas y, de paso, convertir en ley un proyecto clave para el gobierno nacional: la prórroga de seis impuestos nacionales que representan un tercio de la recaudación del Estado.