Jonathan Morel, uno de los fundadores de la organización de ultraderecha Revolución Federal, reconoció que no fabricó prácticamente ninguno de los muebles que le encargó Caputo Hermanos, pero que cobró mucho dinero: no fueron solo los 8 millones conocidos, sino 13 millones. Lo dijo en la indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita. 

Su explicación es que no tenía capacidad de confeccionar la cantidad de cosas que le pedían, que tercerizó el trabajo y que la mitad se la pagaban en negro. Lo más inverosímil de su relato llegó a la hora de explicar cómo lo había contactado la empresa de la familia del exministro de Finanzas del macrismo, Luis "Toto" Caputo.

El detenido contó que Rossana Caputo --una de las hermanas-- pasó un día por su taller vio algo que le gustó le encargó dos mesitas ratonas y dos barras. Parece que una mesita se le rompió, lo llamó para que fuera a su casa a arreglarla y ese día le propuso hacer cerca de 150 mesitas de luz y respaldos de camas.

La investigación del financiamiento

El tono de la declaración de Morel era el de alguien que pretendía mostrarse dispuesto a colaborar y sumar datos. La gran sospecha en este punto, el del dinero, es si su agrupación, que protagonizó una larga lista de actos, protestas y eventos violentos, recibía financiamiento de algún sector de la política. 

Desde el primer momento, fue dudoso que alguien que se puso una carpintería en Boulogne el año pasado fuera contratado por una empresa de la envergadura de Caputo Hermanos, justo ligada a la familia del exministro, y para una obra en Neuquén, a más de 1000 kilómetros de distancia. ¿Tan buenos eran los muebles? ¿O tan convenientes en precio? ¿Y se los encargó una decoradora que pasó de casualidad por la puerta de la carpintería y entró?

Por más que Morel efectivamente haya hecho de intermediario para un encargo grande de muebles, hay aspectos que no cierran y la carpintería pudo haber sido un canal de financiamiento igual. Los datos de los proveedores estarían ya identificados pero ahora Pollicita y Martínez de Giorgi ordenarán una serie de medidas de prueba para cotejar todo: la participación de esas firmas, el traslado en un camión a Neuquén, entre otras cosas, qué pasó con el dinero. 


Hasta ahora se conocen transferencias por algo más de 8 millones recibidas por el propio Morel, su socia y su ex pareja. Estas dos últimas se inscribieron este año como monotributistas y emitieron para este trabajo las facturas número 1 de sus respectivos talonarios virtuales. Morel ofreció la clave de su celular con dos propósitos: dijo que tiene guardada información sobre este negocio que puede respaldar lo que dice y que verán que no enviaba mensajes violentos ni de odio.

El abogado de Caputo Hermanos, Matías Cúneo Libarona, dijo en tribunales que se estaba persiguiendo a los hermanos del exfuncionario por "portación de apellido". En una presentación en el juzgado de Martínez de Giorgi, dijeron que habían contratado a la carpintería de Morel a través de los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara Sur, y entregaron facturas y documentación. 

En las facturas las descripciones son genéricas: "servicio de carpintería". Alguna dice "banquetas y sillas" y hay un listado donde figura la entrega de la carpintería de mesitas, respaldos de cama, percheros y aparecen otros objetos como colchones, almohadas y cortinas. Morel sugirió al declarar que también gestionó esas cosas.

Odio, amenazas, violencia

"No tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la vicepresidenta", dijo Morel. Cuando le tocó hablar del núcleo de la acusación del fiscal, que está relacionado precisamente con las actividades filonazis de Revolución Federal, usó un argumento sumamente débil, porque negó lo que está registrado por todos lados. "Nunca hablé de matar. Tampoco hablamos de usar la fuerza o hacer daño", quiso defenderse. Pero sus expresiones violentas y amenazantes están grabadas. El contenido de las reuniones que hacía el grupo en las redes sociales está descripto con lujo de detalles en el dictamen de Pollicita donde pide la detención. 

"Hay que matarlos", decía Morel respecto de la gente que iba a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner a su casa en Recoleta tras el pedido de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad. Sobre CFK llegó a expresar que lamentaba que lo conocieran "los nenes de La Cámpora" porque si no se "infiltraba" entre los manifestantes, cantaba "la marcha peronista 7 días", "y pasa la historia, después me linchan, pero pasa a la historia". "(Victoria) Donda, vas a tener el mismo destino que tus viejos, hija de puta", le gritó a la titular del Inadi también, entre otros tantos ejemplos.

La escalada hacia el atentado

El fiscal Pollicita incluso estableció un nexo entre la seguidilla de acciones de Revolución Federal y el intento de asesinato de la vicepresidenta. Dijo: "El grupo Revolución Federal, organizado por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, del que luego tomaron parte también Gastón Guerra y Sabrina Basile, al planificar, coordinar y difundir distintos tipos de mensajes de odio, escraches, actos intimidatorios y manifestaciones, llegando a utilizar incluso antorchas en la vía pública arrojadas junto con bombas de estruendo contra la Casa de Gobierno, se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidente de la Nación, el pasado 1 de septiembre".

Según la versión edulcorada de Morel, había encontrado un grupo afín, que no pretendía hacer daño ni tenía financiamiento, y que constaba de unas 40 personas. Las redes, trasladó la responsabilidad, las manejaba según su versión Leonardo Sosa, otro de los detenidos. Dijo que el grupo dejó de funcionar y reunirse como Revolución Federal después del atentado contra la vicepresidenta. Habrá que ver si se encontraban en grupos menores o planeaban otras cosas. Pero señaló que resolvieron no volver a salir a la calle como organización.

Los otros detenidos

Tanto a Morel como a Sabrina Basile, Gastón Guerra y Sosa, Pollicita pidió imputarles incitación a la violencia, instigación a cometer delitos y organizar o formar parte de agrupaciones permanentes o transitorias que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza. Todo esto agravado por la ley contra la discriminación, en este caso por ideología o razones políticas. 

La única que, además de Morel, aceptó contestar preguntas, fue Basile, hija de Alfio "Coco" Basile, ex DT de la selección. La mujer dijo que conoció al grupo de Revolución Federal el 3 de julio en una protesta en la Quinta de Olivos, el día que el gobierno terminó suspendiendo la conferencia que anunciaría la asunción de Silvina Batakis en Economía. Dijo que ella considera que ejerció el derecho a la protesta y que no tuvo intenciones desestabilizadoras, ni de hacer daño. A su entender, la agrupación no tenía financiamiento y tenía un funcionamiento algo anárquico.

Sosa y Guerra se negaron a declarar. fueron representados por la abogada Gladys Egui, que ejercía su defensa en causas ligadas a acciones de Revolución Federal: Sosa fue detenido cuando fue con un grupo a provocar a los manifestantes que iban a dar apoyo a CFK (el episodio es investigado por el juez Ariel Lijo porque, además, llevaban bombas molotov). Guerra tiene una causa por golpear el auto que trasladaba a Sergio Massa. 

Egui le alquiló una habitación a Ximena Tejanos Pinto, la famosa vecina de la vicepresidenta, cuya casa también visitaron Guerra y Sosa. Guerra se sacó ahí una selfie en el balcón el 28 de agosto, cuatro días antes del intento de magnicidio, y la subió a las redes con esta frase: "Pensar que debajo de mis pies está la mafiosa más grande de la nación Argentina #VanACorrer…” Ese hashtag era muy utilizado por la organización para infundir miedo. Todo esto lo recuerda Pollicita en su dictamen.

Los cuatro pidieron la excarcelación. El juez deberá resolver en las próximas 24 horas.