“Es la última oportunidad de aprovechar una herramienta fundamental para ordenar la demanda interna a favor del desarrollo local”, sostiene, tajante, el responsable de los equipos técnicos de la Corriente Federal de la CGT sobre la discusión en  torno al proyecto de ley de Compre Argentino que presentó el Ejecutivo. El proyecto oficial, que volverá a tratarse mañana, martes, en comisión en la Cámara Baja, “pone en mano de las transnacionales la definición de qué tipo de tecnología y qué desarrollo se van a impulsar a través de la obra pública, que lógicamente va a ser a favor de sus propias empresas como proveedoras, con una mínima participación para las empresas nacionales y las pymes”, advierten los especialistas, que el último viernes presentaron un pedido formal para participar de la sesión. “El proyecto oficial es una gran estafa, dice que preserva y defiende la participación de las empresas argentinas en las contrataciones públicas, y lo que propone es anular una ley anterior mucho más favorable que lo que propone ahora; dice que va a desarrollar proveedores locales cuando en realidad deja la articulación de la participación local en manos de las empresas extranjeras que van a ser adjudicatarias. Este proyecto es el complemento de la ley de participación público-privada que se votó en noviembre pasado, que es el compromiso que se asumió ante los CEOs de las principales corporaciones mundiales para atraer inversiones”, argumentan los abogados que acompañan la propuesta de la Corriente Federal. Según Pablo Chena, coordinador de los equipos técnicos de esta última, “el gobierno de Cambiemos ya renunció a otros mecanismos que históricamente han impulsado al desarrollo productivo, como el consumo interno y la sustitución de importaciones; nos quedan las compras públicas como el último enclave para ordenar la inversión y el desarrollo tecnológico desde el Estado”. El gobierno, con este proyecto, estaría renunciando también a esa última herramienta, advierten.   

Para mañana, martes, está prevista una nueva reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara Baja, en la que continuaría el tratamiento del proyecto de Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores presentado por el Ejecutivo. La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT (conjunto de gremios que se autoexcluyó de la actual conducción de la central: bancarios, gráficos y docentes privados, entre ellos) pidió expresar su postura en esa oportunidad, en contra del proyecto oficial pero advirtiendo además sobre los riesgos para el desarrollo industrial, tecnológico y social que provocaría la ley si saliera tal cual fue concebido por el oficialismo. El último viernes, la Corriente entregó un documento a la mencionada Comisión donde sintetiza su postura y las  críticas al proyecto del Ejecutivo, con la firma de Bruno Capra (de la Comisión Industria y Pymes de la CFT) y Pablo Chena (coordinador de los Equipos Técnicos). Página 12 conversó con ellos y con otros profesionales que participaron en el documento. 

“Existe una legislación sobre el Compre Nacional que está vigente pero no se cumple, y el propio proyecto oficial lo reconoce”, explicó el ingeniero Capra, en alusión al decreto ley 5340 y la posterior ley 18.875, en la que tuvieron directa participación en su elaboración el economista Aldo Ferrer, el científico Jorge Sábato y el dirigente empresario Marcelo Diamand. Los tres, ya fallecidos, merecen aun hoy una altísima consideración de parte de colegas, estudiosos del tema y empresarios que han participado de los debates sobre el desarrollo económico y científico-tecnológico. “En lo que hace el proyecto oficial, en vez de generar la forma de que se cumpla la ley vigente, la deroga y la reemplaza por otra muy inferior; en la anterior, el sentido era que el capital nacional fuera el protagonista del desarrollo impulsado por la contratación pública, y el capital extranjero participaba por defecto, cuando las empresas locales no podían responder, y como excepción; ahora no, en el proyecto del Ejecutivo la participación de la producción nacional es la excepción, lo marginal”, agregó Capra. Indicó que “las leyes originales no hablaban de preferencias, era una obligación dirigir la contratación al Compre Nacional, el desarrollo de la industria nacional estaba en la línea fundante del marco legal. En la nueva ley, el principio básico es el compre extranjero, y a partir de ahí presentar como excepcionalidad que se reserve una participación a la industria nacional”.

Pablo Chena, en tanto, advirtió que la propuesta de ley que formula Cambiemos va en línea con la política que viene trabajando el Ministerio de Producción, que encabeza Francisco Cabrera. “El concepto que manejan es el de integrar al país a las cadenas de valor globales, es decir encontrar los rangos de eficiencia que nos permitan participar de una economía global de manera calificada. Ese tipo de políticas, si se la deja avanzar, te lleva como por una autopista derecho a los agronegocios, y muy poco más para un país como Argentina. El resto de los sectores entra en la categoría de no competitivos”, sostuvo. “Es por eso que el proyecto oficial considera que lo normal es que una licitación con requerimientos de ingeniería o tecnológicos importantes, le corresponden a una firma extranjera, y subsidiariamente puede asociarse una de capital nacional”. 

Diego Hurtado, investigador del Conicet que también participa de los equipos de trabajo que coordina Chena, agregó que “la experiencia señala que los desarrollos exitosos en ciencia y técnica, como los de energía atómica, investigación espacial o los desarrollos del INTI o el INTA, se lograron por la protección del Estado para la investigación local. El régimen del Compre Nacional de la ley 18.875 fue pensada por Ferrer en tándem con el interés del desarrollo científico y tecnológico, con Sábato. Ferrer decía que el compre nacional debía ser un mecanismo no sólo para proveedores, sino fundamentalmente para la tarea de ingeniería y consultoría de firmas argentinas. El decía: el consultor extranjero va a trabajar para que compres tecnología extranjera. La ley de asociación público privada (27328) es la llave para el desembarco de la gestión extranjera en la contratación pública, este proyecto de Compre Argentino es funcional a generar dependencia externa en el desarrollo científico y tecnológico, y el desguace que estamos viendo en el área de ciencia y técnica del gobierno es totalmente coherente con este cambio en las normas legales”.  

A mediados del año pasado, el gobierno nacional convocó a los consorcios empresarios más importantes del mundo a participar de un foro que se realizó en el Centro Cultural Kirchner de la CABA. Allí hizo un despliegue de bondades que la Argentina le ofrecía a la inversión extranjera, incluído el proyecto de participación público privada en la obra pública que expuso su principal impulsor, Horacio Reyser. En noviembre, con apoyo de sectores de la oposición, el gobierno logró mayoría en el Congreso para su aprobación. El proyecto plantea la posibilidad de “asociación” entre el capital privado y el Estado, para llevar adelante una obra de infraestructura, vivienda, investigación aplicada, innovación tecnológica, entre otros, en la que el primero propone la idea y el segundo, el Estado, la paga. Los expertos señalan que la ley del Compre Argentino que el gobierno envió al Congreso le allana el camino a la concreción de los proyectos de la anterior ley. 

“Si se aprobara, sería la entrega de la última posibilidad de anclaje del desarrollo económico local y progreso tecnológico”, opinó Chena. “Para ordenar la demanda interna de modo que favorezca un proceso de inversión y desarrollo tecnológico, se necesita la intervención del Estado. Así ocurrió en la India, Corea del Sur y en cualquier otro proceso exitoso desde la periferia del mundo”, señaló. “Argentina tenía un modelo de fuerte demanda interna por altos salarios y restricción de importaciones; este gobierno abandonó ese camino y lo que vemos es que se está derrumbando la inversión productiva. Ahora quiere renunciar al rol ordenador sobre una parte importante de la economía, que puede dar el Estado a través de las compras públicas. Pero en vez de ir hacia la promoción del desarrollo local, elige otra vez apostar por la inversión extranjera”, advirtió.