Conocido como “1 y 60”, el centro pertenecía al denominado “Circuito Camps” y funcionó entre 1976 y 1977. Buena parte de sus víctimas eran trabajadores de las localidades de Berisso y Ensenada, y la zona de Río Santiago. En la actualidad en ese mismo edificio funciona el Registro Provincial de las Personas, organismo encargado de garantizar el derecho a la identidad de los bonaerenses, dependiente del Ministerio de Gobierno.
En el año 2004, por resolución del Congreso Nacional, se fijó el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad, para conmemorar la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo en su tarea constante por la recuperación de las niñas y los niños secuestrados por la última dictadura militar. La provincia decidió que esta fuera la “Semana de la Identidad” y para conmemorarla, realizó un combo de actividades que incluyeron operativo de documentación en la vía pública, visitas guiadas al archivo histórico y al departamento del fichero y una muestra fotográfica, de documentación y reliquias.
Ubicada en el patio del edificio, expone con una línea de tiempo, las idas y vueltas del derecho a la identidad a lo largo de la historia, desde la creación del primer registro civil provincial en 1889 hasta nuestros días, con la creación del DNI no binario y el programa "Mi identidad, mi derecho" en 2021. Destaca también el nacimiento de bonaerenses ilustres, como Juan Domingo Perón, Eva Duarte o Juan Manuel Fangio, con sus correspondientes partidas firmadas y selladas, y la aparición de la pandemia de coronavirus en el año 2020.
Identidad, ayer y hoy
La gestión Vidal consideraba al Registro Provincial de las Personas como un organismo superfluo. En sus cuatro años, cuentan las autoridades, no tomaron personal para reemplazar las bajas por jubilación y cerraron delegaciones en pueblos pequeños y remotos, dificultando aún más el acceso de sus habitantes. Hubo que poner en marcha un organismo desmantelado, con la pandemia como telón de fondo. Para el director actual, Mariano Ríos Ordoñez, “la identidad es la puerta de acceso hacia otros derechos, tal vez por eso se ve tan claramente la diferencia en la importancia que le asigna uno y otro gobierno”.
Ríos Ordoñez destaca dos pilares de su gestión. “Uno, el programa Mi identidad, mi derecho, convirtió lo que era un tema judicial en uno administrativo, mucho más simple y accesible. El tiempo de demora se redujo a seis meses aproximadamente En lo que va de este año, eso nos permitió entregar 490 partidas de mayores y 320 de menores, de manera que ya estamos superando los números del año anterior. En algunas zonas encontramos segunda y hasta tercera generación de indocumentados. Dos, los operativos de documentación llevan el registro a la gente, allí donde se encuentre: vacaciones, fiestas regionales, centros educativos y unidades penitenciarias. En estos operativos hemos realizado casi cien mil trámites en lo que va del año, setenta mil DNI y mil quinientos pasaportes, también inscripciones tardías y cambios de identidad de género”.
Otro aspecto central del derecho a la identidad que se aborda actualmente, es la cuestión migrante. La gestión actual convirtió lo que antes era una dirección, en la Subsecretaría de Políticas Poblacionales, a cargo de Ana Herrán Castagnetto, dentro del Ministerio de Gobierno que encabeza Cristina Álvares Rodríguez. “Nuestra misión es que los migrantes conozcan sus derechos, porque nadie reclama lo que no conoce”.
La Subsecretaria afirma que la cantidad exacta de extranjeros que residen en la provincia aún no está actualizada, pero por los datos que manejan -Censo 2010-, el ochenta por ciento de los migrantes se concentra en el conurbano.
El cambio de jerarquía en el organigrama fue, en realidad, una puesta en marcha. “No sabemos qué hizo la gestión anterior. No encontramos un antecedente, un papel, nada”. Desde su creación, la Subsecretaría ha elaborado una guía para los migrantes, ultima los detalles de un observatorio, que funcionará como archivo de datos, normativas y hasta trabajos académicos y ha puesto en marcha el consejo poblacional, espacio de debate que reúne a los funcionarios con representantes territoriales y de organizaciones, brindándoles la posibilidad de intervenir en la formulación de políticas públicas para el sector
