La Corte Suprema tardó unas horas en responder al proyecto de que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias, mientras que en 52 días no dio respuesta alguna a la tentativa de matar a la vicepresidenta de la Nación. Ni un amague de reforzar al equipo de la jueza María Eugenia Capuchetti, de sacarle provisoriamente la instrucción de los cientos de causas que tiene o permitirle que su juzgado no entre en turno por un par de meses para que se pueda concentrar en el expediente del intento de magnicidio.
La Procuración, alineada con el macrismo, tampoco reacciona: en la causa por las rutas de Santa Cruz hay dos fiscales y un gran equipo al que llaman Los Vikingos porque supuestamente iban a arrasar con todo en la causa contra Cristina Kirchner. Por ahora protagonizan un naufragio escandaloso.
En el expediente sobre la tentativa de atentado de Juncal y Uruguay hay un único fiscal, Carlos Rivolo, y su dotación es la habitual. El resultado es una lentísima investigación en la que, por ejemplo, un neonazi dice que empresarios vinculados al macrismo le pagaron 13 millones de pesos para fabricar muebles y que todo se inició porque una hermana de un exministro de Mauricio Macri justito pasó por la puerta de una carpintería, sin historia y sin capacidad para fabricar nada. Transcurridas dos semanas, no se sabe si los muebles existen o no existen y, especialmente, qué se hizo con el dinero.
A los pagos conocidos, ahora se sumaron otros 50 mil dólares. El dinero fue localizado el jueves pasado en uno de los allanamientos que ordenó el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación por las amenazas de Revolución Federal, el grupo que pasó a la fama porque usaba antorchas encendidas para protestar frente a la Casa Rosada y pedir bala para los kirchneristas. El dinero pertenecía a Leonardo Sosa, uno de los fundadores del grupo que fue detenido junto a Morel. En el lugar había 465 billetes de 100 dólares, 51 de 50 dólares y 4 de 20.
Las causas que rodean el intento de matar a Cristina Kirchner plantean numerosos interrogantes. Pero uno de los problemas es que continúan tramitando separadas. Existen dos expedientes que deberían tramitar de manera conjunta como exigió la querella de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La causa por incitación a la violencia sobre Revolución Federal está en el juzgado de Martínez de Giorgi e interviene el fiscal Gerardo Pollicita; la causa del atentado a CFK está en el juzgado de Capuchetti.
El fiscal Pollicita considera que puede existir un nexo entre las dos causas. Para él, Revolución Federal “se terminó constituyendo (...) en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidente de la Nación, el pasado 1 de septiembre”. En la misma causa, Martínez de Giorgi negó la excarcelación a los cuatro detenidos de Revolución Federal al entender que los hechos podrían "guardar vinculación" con el atentado que investiga su colega. Pese a estos elementos, la jueza Capuchetti se resiste a unificar las causas y vincularlas. ¿Cuáles son los cruces y los vacíos en la investigación?
1. ¿Hay real conexión con dirigentes de Juntos por el Cambio?
Ya apareció un nombre en escena, Hernán Carrol. Un sujeto que aparece en varias fotos en el medio de Patricia Bullrich y Javier Milei. El que apretó el gatillo, Fernando Sabag Montiel, le dijo a la jueza que Carrol designaría a su defensor y le pagaría. De entrada, Sabag y Brenda Uliarte parecían náufragos, solos, en el mar. Ahora figuran bastante rodeados. Está claro que estuvieron en una marcha con Revolución Federal, participaron de un vivo de Instagram con Nueva Centro Derecha, de Carrol, y en un cumpleaños de esta última agrupación. Todo eso en las dos semanas previas al ataque. Todavía no es mucho, pero es bastante si se considera que se perdieron celulares, que se borraron mensajes y que hay una exasperante lentitud para investigar las relaciones Carrol-Revolución Federal-Brenda-Sabag.
2. ¿Hay algún indicio de que algunos de los llamados “halcones” de Juntos por el Cambio sabía del ataque?
En el expediente existen testimonios que lo sugieren. Y lo más llamativo fue el proyecto del halcón Gerardo Milman, firmado el 19 de agosto, que dice textualmente: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla”. Es obvio que Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, sabía de la existencia de algo. Parece llamativo que no lo convoquen a declarar. Una mirada benévola interpretaría que Milman estaba al tanto del ataque y no lo denunció ni lo frenó. Objetivamente hablando, Juntos por el Cambio entra en el radar de lo ocurrido.
3. ¿Amenaza Sabag desde la cárcel?
La carta en la que destituyó a sus defensores oficiales parece un apriete. Desde la cárcel dice, tácitamente, “me impulsaron a hacer lo que hice, me dejaron solo, pónganme un abogado y páguenlo”. En declaraciones radiales, Carrol mira para otro lado. Pero hay una parte de la historia que no se conoce porque no se secuestraron los celulares a tiempo y se borró gran parte de lo que había en el Samsung de Sabag. Por ahora, no hay explicación de cómo Sabag y Brenda estuvieron en el cumpleaños de un dirigente de Nueva Centro Derecha, el grupo a través del cual Carrol fue candidato de José Luis Espert y figura en fotos, con la bandera de la agrupación, tanto con Milei como con Bullrich. Falta conocer toda la relación de Sabag-Brenda con está organización mitad patovica, mitad fascista, que dice luchar “contra el gobierno neomarxista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.
4. ¿Y Brenda Uliarte?
También hay enormes vacíos en la investigación. Hay preguntas que se caen de maduras. ¿Cómo llegó a participar de la marcha de Revolución Federal en la que tiraron antorchas contra la Casa Rosada y tuvieron que intervenir los bomberos? ¿No hay un solo mensaje? ¿Ni un chat? Sigue sin explicación real este nexo entre quienes gatillaron y quienes impulsaban la idea de matar a CFK y recibieron dinero de la familia Caputo.
O sea, Brenda Uliarte y Sabag estaban en un grupo que vendía copos y cuyo referente, Gabriel Carrizo, mencionó --en mensajes que había borrado, pero fueron recuperados por la PSA-- que el ataque se iba a hacer una semana más tarde con un arma aportada por él, un calibre 22. En paralelo, otro grupo, Revolución Federal, también hablaba de matar a CFK --infiltrando a la Cámpora-, además de dispararle a Máximo Kirchner y al presidente Alberto Fernández. Brenda Uliarte estuvo con ellos frente a la Casa Rosada, sin que se haya encontrado hasta ahora la forma en que se vincularon.
5. El hilo del dinero
Página/12 publicó este sábado, en exclusiva, que el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, admitió haber recibido 13 millones de pesos de Caputo Hermanos, la familia del exministro de Finanzas de Mauricio Macri. En la presentación de la empresa, a cargo de Matías Cúneo Libarona, se agregan remitos (notas de entrega) poco entendibles: por ejemplo, le compraron a Morel 144 colchones; 144 almohadas, sillas que no eran de madera sino de metal, veladores, un montón de productos que ni siquiera corresponden a una carpintería. En su indagatoria ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, Morel dijo que Rossana Caputo pasó frente a la carpintería en Boulogne y lo contrató. Así de simple. Toda la historia se cae a pedazos. Lo que suma asombro es que los aportes de Caputo Hermanos se conocen hace dos semanas y en este tiempo no se terminó de determinar exactamente cuál es la verdad. A simple vista parece evidente que se usó la cuestión de los muebles como forma de hacerle llegar dinero a un grupo que hostigaba al gobierno de manera violenta y en un punto confluyó con quienes estuvieron accionando un arma en la esquina de Uruguay y Juncal, tras varios días de hacer inteligencia sobre la llegada de la vicepresidenta.
Las piezas no encajan en esta novela. La impresión es que sigue rigiendo el lawfare, la guerra judicial, la mayor parte de las veces aplicada a armar causas para perseguir opositores, pero otras veces a amortiguar las acusaciones contra las fuerzas de derecha. Desde la Corte Suprema hasta la Procuración, pasando por el edificio de Comodoro Py, el intento de magnicidio se maneja como si fuera una causa más y no un hecho de máxima gravedad institucional. Tiene mayor impacto el pago del Impuesto a las Ganancias.
