Este último viernes el Ministerio Público Fiscal de Salta presentó la página web www.saltacensoaguas.gob.ar, para que la ciudadanía salteña pueda declarar la existencia o posesión de pozos de agua, ya sean someros o profundos. Se trata de un censo de aguas substerránes, que se iniciará el 1 de noviembre, con plazo hasta el 31 de enero de 2023.
De acuerdo al sitio de internet, la persona que ingrese deberá seguir un procedimiento de declaración que consiste en cuatro pasos. El primero es la identificación del declarante; el segundo consiste en señalar el tipo de pozo de agua y los usos que tiene. Mientras que, en el tercer paso se deberá dar la ubicación, y de ser necesario, se cargarán referencias para localizarlo. Por último, se validará la información que se cargó.
La propuesta surgió de la Procuración General de la provincia, que invitó a participar del trabajo a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, la Dirección de Fiscalización y Control de la Secretaría de Recursos Hídricos, el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia y la Universidad Nacional de Salta.
El procurador Pedro García Castiella explicó que la iniciativa surgió después de que se visibilizaran problemáticas de salud en determinados lugares, desde donde se señalaba a la mala calidad del agua como una de las causantes. "Esto nos advirtió la necesidad de hacer realidad un monitoreo (pasar saber) lo que está pasando con los pozos de agua en nuestra provincia", expresó.
El objetivo final es tener una base de datos segura y confiable para garantizar un control y un seguimiento de "lo que es el tratamiento de las napas y todo lo que está pasando en el subsuelo".
Son habituales las denuncias de colectivos vecinales y comunidades indígenas y rurales de la provincia que cuestionan el desigual acceso al agua y la mala calidad del servicio. Un ejemplo de ello, es lo que sucede en el Chaco salteño, precisamente en comunidades de Tartagal, desde donde se denuncia una histórica desigualdad en el acceso, que inciden en la deshidratación en niños y niñas, con enfermedades y muertes, mayormente en el Pueblo Wichí.
Otra situación es la que se plantea desde los Valles Calchaquíes, a través de la Asamblea por el Agua Sana de San Carlos y El Barrial, que desde hace más de diez años viene denunciando la mala calidad en el servicio de agua a causa de los pozos contaminados por boro y arsénico.
Los reclamos por la deficiencia del servicio en toda la provincia llevaron a que el Ente Regulador coordine una Mesa del Agua en 2021. Así fue que, desde fines de diciembre del año pasado, y durante más de un mes, las autoridades del Ente se reunieron con intendentes, legisladores provinciales y representantes de los Ministerios de Economía e Infraestructura, para impulsar un plan de obras en la provincia.
Además de ese contexto, otra de las razones para impulsar el censo es que "hay una gran mayoría de pozos no declarados", dijo García Castiella. Eso llevó a establecer un trabajo conjunto con los demás organismos, desde donde se pide aportar al relevamiento. Aún así, el procurador general recordó que es obligación de la ciudadanía dar a conocer la existencia de los pozos, sean de uso particular, comunitario o agrícola, tal como lo establece el artículo 103 del Código de Aguas de la Provincia.
El jefe de los fiscales aseguró que con el censo "se les da la oportunidad para que declaren hasta enero (la existencia de los pozos), después se seguirán los procesos sancionatorios que correspondan". Precisamente, la presentación que haga el ciudadano salteño tiene carácter de declaración jurada.
García Castiella afirmó que se busca preservar la calidad del agua que consume la población, lo que implicaría recolectar información verídica para "prevenir alguna situación de contagio o de contaminación en las napas ambientales que puedan generar repercusiones negativas en nuestra comunidad", sobre todo en los sectores más vulnerables.
Por su parte, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazábal, destacó que se debe tener un registro para "usar esa información en la toma de decisiones". “Es importante que los salteños sepan que la mejor forma de proteger su fuente de agua es declararla”, manifestó.
En ese sentido, dijo que el censo será una herramienta "muy útil para la toma de decisiones, en los casos en que tengamos que definir habilitar o no una actividad en determinada zona. No hay que olvidarse que los aljibes son las capas superficiales, que son las que más debemos preservar”.
Mientras que, el director de Fiscalización y Control de la Secretaría de Recursos Hídricos, David Le Favi, detalló que se coordinó un trabajo con los agentes sanitarios que recorren la provincia, también con personal de las áreas de Educación y de Seguridad, quienes podrán colaborar con la carga de datos del censo. Además, aclaró que las personas que no puedan acceder a la modalidad web, podrán presentar sus datos de manera presencial en la mesa de entradas de la Secretaría de Recursos Hídricos, ubicada en la avenida Bolivia 4650, de Salta Capital.
Desde la Procuración se aclaró que son sujetos obligados a realizar el censo las personas humanas o jurídicas que realicen o autoricen perforaciones exploratorias de aguas subterráneas en suelo propio; todo tenedor o poseedor de un predio donde existan perforaciones de agua subterránea; toda empresa contratada para realizar este tipo de perforaciones; como así también los solicitantes de autorizaciones de permisos o concesiones de aguas subterráneas para los usos que fueren.
En la presentación también estuvieron la subsecretaria de Medicina Social, Susana Velazco, junto a la jefa de Notificaciones y Registros de Epidemiología, Rosana Romano, y la supervisora del Programa de Epidemiología, María Valdez, las tres del Ministerio de Salud. Por el lado de la UNSa, estuvo la secretaria académica de la Facultad de Ciencias Naturales, Ana Zelarayán. También estuvo el secretario relator en Asuntos Ambientales y de Intereses Difusos del Ministerio Público Fiscal, Sebastián Lloret.