El Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos (cuya sigla se acorta a CES) de Salta envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados provincial, Esteban Amat, oponiéndose al proyecto de Ley de la Memoria, Verdad y Justicia de Salta que tomó estado parlamentario el 27 de septiembre.

Este proyecto de ley, presentado oficialmente el pasado 12 de octubre, impulsa políticas públicas de memoria sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo estatal con el objetivo de promover una cultura de respeto por los derechos humanos y la democracia. Propugna acciones en el ámbito educativo, la preservación de sitios de memoria, la protección y difusión de archivos de la época, para lo que propone que se cree un Archivo Provincial de la Memoria. Y crea una Comisión Provincial de la Memoria con la función de "asesorar, ejecutar, garantizar y velar por el cumplimiento de todos los objetivos y atribuciones establecidos en esta ley". 

La iniciativa está en análisis en la Cámara de Diputados, por donde ingresó, y esta tarde integrantes de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, que conforman la casi totalidad de organizaciones de derechos humanos de la provincia, se reunirán con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Laura Cartuccia. 

Mientras tanto, la reacción contra la iniciativa. Previsible en Salta, donde sectores de una tradición conservadora y golpista vienen llevando adelante una campaña de ataque a cualquier intento de revisar los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. Ocurrió, por nombrar un par de muestras, con el monumento al denominado Combate de Manchalá y ocurrió con los pañuelos de las Madres de Plaza de mayo, cuya pintura en las plazas ofendió a la Asociación Tradicionalista Gauchos de Güemes. 

El Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos se presenta como una oenegé "apartidaria y sin fines de lucro", sin embargo, en sus escritos usan frases del ex presidente Mauricio Macri, como aquella del "curro de los derechos humanos". La asociación civil se constituyó formalmente el 16 de junio de 2014, "un día antes de un nuevo aniversario del fallecimiento del Gran General Salteño: Martín Miguel de Güemes", dice en su presentación.

A pesar de aquello del curro, en la carta dirigida al presidente de Diputados el Centro de Estudios se describe como una “institución que se ocupa de los derechos humanos”, la firma su actual presidente, Mario Cabanillas. Su anterior presidente fue Alejandro Patrón Costas (h); entre sus integrantes se cuenta el historiador y columnista Mauricio Ortin, que califica al comunismo de "lacra inmunda", y uno de sus colaboradores es el represor Juan Carlos Jones Tamayo, que ahora mismo está siendo juzgado en Jujuy por actos de terrorismo cometidos en esa provincia. 

El Centro de Estudios, que rechaza el enjuiciamiento de los represores, afirma que son prisioneros políticos, cuestiona prácticamente todo del proyecto de Ley de Memoria, Considera que su título “es inconveniente”, afirma que el término memoria alude necesariamente al recuerdo de un grupo de personas que comparten una determinada visión sobre hechos históricos que los afectan particularmente”. Pero existen otras “memorias” que también “tendrían el derecho de contar su ‘verdad’ pero el proyecto de ley no contempla esa posibilidad”. E incluso podrían decir que “la niega”, asegura. Y aduce que debe usarse un método científico para revisar la historia reciente. La antropóloga Blanca "Nenina" Lescano, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas Gremiales y Sociales, integrante de la Mesa de DDHH, le respondió: los académicos explican esto: “La memoria es el pasado reciente y la historia ya son hechos concretos que van siendo elaborados por determinadas características en el tiempo". 

No fue una guerra 

El Centro de Estudios también discute la definición del concepto de víctima previsto en el artículo 6° del proyecto de ley. Y hace una calificación de las víctimas: “los integrantes de las bandas subversivas que se levantaron en armas contra el gobierno constitucional y fueron muertos en su intento no pueden revestir idéntica calidad de víctimas" que, por ejemplo, las niñas asesinadas en atentados cometidos por la guerrilla, afirma. Ni una mención para, por ejemplo, los niños y niñas secuestrados por la represión, como recordó Nenina Lescano. Son niños y niñas que "todavía Abuelas siguen buscando, que hay muchos niños todavía desaparecidos y eso desmiente totalmente los argumentos de esta gente", sostuvo. 

El Centro de Estudios reivindica la teoría de los dos demonios afirmando que los delitos cometidos en la represión ilegal llevada a cabo por el Estado fueron en el marco de una "guerra civil". “Se puede discutir la forma en que se reprimió, más no fue terrorismo”, afirma. Asegura que el gobierno estuvieron obligados a “a reprimir”, y reconoce: “Lo hizo por medios legales e ilegales”.

"Una guerra se hace entre iguales y en este caso fue el estado el represor a determinados sectores o grupos en forma sistemática" a los que desapareció por diferencias ideológicas, recordó Lescano. Señaló asimismo que si hubiera sido una guerra se tendrían que respetado "los tratados internacionales que las partes tienen que cumplir en una guerra", en cambio, "acá no se cumplieron ninguno porque a gente detenida la fusilaban. El caso típico es Palomitas (la matanza de once detenidos políticos en 1976) porque eran presos legales, sin embargo, los matan, así que para nada es una guerra, es un estado represor, que es muy distinto a determinados sectores e ideológicos" que no disponen del aparato del Estado. 

Lescano resaltó que la dictadura en Argentina "tiene correlación con todo el continente, lo que fue el Plan Cóndor, no se puede aislar de todo el contexto de lo que pasaba en todo el Cono Sur, Latinoamérica con los golpes de estado, que todos tenían características similares".  

Y añadió, sobre la pretensión de que los actos del terrorismo estatal sean presentados como acciones de guerra, el caso del ex gobernador Miguel Ragone, que fue secuestrado antes del golpe de Estado y sigue desaparecido hasta el día de hoy. "Entonces qué clase de guerra es esa cuando hay detenidos desaparecidos".

El propio padre de Nenina Lescano, el abogado Luis Alejandro Lescano, militante radical y defensor de detenidos políticos, fue secuestrado el 13 de marzo de 1976 en el Operativo Independencia y estuvo desaparecido hasta que en junio de 2013 fueron identificados en el Pozo de Vargas en Tucumán "con un montón de otros desaparecidos de toda la región", 120 de los cuales fueron identificados y queda todavía otro número importante de restos. 

La organización negacionista rechaza además la creación de la Comisión Provincial de la Memoria. Y en este punto critica que se haya impulsado la demolición del monumento al denominado Combate de Manchalá, hecho por el que incluso reclama un “desagravio” de la Cámara de Diputados de la provincia.

“La función de la Comisión Provincial de la Memoria no será otra que la de profundizar el uso de los derechos humanos como arma política, maquinación aceitada con el ‘curro de los derechos humanos’, negocio redituable del que se sirven cada vez más personas”, afirma. A pesar de su reivindicación de prácticas de la dictadura, sus miembros se consideran en condiciones de dar indicaciones a las instituciones de la democracia: “Desaconsejamos su creación (de la Comisión de la Memoria) y, más aún, que sus integrantes tengan alguna vinculación familiar o de amistad con aquellos que, de un lado o del otro, hayan sido protagonistas de aquella guerra fratricida”, asegura el Centro de Estudios. 

A diferencia, Nenina Lescano destacó la importancia de este proyecto de ley. "Se va a poner un archivo al alcance de toda la población, incluso de aspectos de las distintas causas y los distintos testimonios que están en los estrados judiciales y que la gente no tiene acceso, porque solamente acceden los abogados y los querellantes. Además, se va a tratar de digitalizar todas esas causas para que pasen a un archivo y ahí la gente, las nuevas generaciones, van a tener la posibilidad de leer y enterarse de todas las cosas que se van recaudando en los archivos", destacó. 

En cuanto a la difusión de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la represión ilegal, Lescano resaltó la película Argentina 1985, que narra el juicio a las juntas militares. Dijo que es importante aún con todas las críticas que se le puedan hacer, porque "ha despertado realmente un gran debate en muchas generaciones jóvenes que no han vivido la situación" y eso es bueno "para abrir nuevamente la definición y la clarificación sobre esa etapa, y qué mejor elemento que ese juicio".