El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú, Omar Méndez, confirmó que comenzaron investigar una presunta red de trata de niñas y adolescentes para ser prostituidas al interior de una cárcel ubicada al norte de Lima. Según las primeras declaraciones, habría tres presos implicados entre los proxenetas.
Un operativo descubrió este mes que al menos ocho menores de edad y una joven de 19 años eran conducidas por una mafia al penal de Huacho para ser prostituidas entre los internos, según un reportaje publicado en el programa Domingo Al Día.
Méndez declaró al canal estatal TVPerú que el pasado 15 de octubre se registró el ingreso en el penal de Huacho de una de estas adolescentes con documentación supuestamente falsa, acompañada por otra mujer "que podría ser la proxeneta".
A raíz de este caso, el INPE identificó a tres presos que fueron relacionados con esas visitas y "se les ha separado preventivamente" en otro ambiente, indicó Méndez.
La autoridad penitenciaria agregó que "se les ha iniciado una investigación disciplinaria de carácter penitenciario" para que se pueda determinar a "los responsables de aparentemente esta red de trata".
Las adolescentes eran ingresadas como visitas
Además, el INPE informó que le solicitó al Ministerio Público y a la Policía Nacional una investigación exhaustiva dado que las menores estaban registradas como adultas en el sistema biométrico de visitas del citado penal.
El coronel Manuel Díaz Barco, de la División Contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, declaró durante el reportaje que en la intervención de un inmueble atribuido a esa mafia se encontró a ocho adolescentes y a una joven de 19 años como víctimas de explotación sexual.
"Se advierte que las menores presentaban sellos en los antebrazos de registros de los ingresos al penal. Se determina en la investigación que dos veces por semana eran conducidas al penal para ser explotadas sexualmente", explicó Díaz.
En el operativo, la Policía detuvo a una mujer y un hombre que era el encargado de llevar a las adolescentes y otras mujeres a diversos hospedajes donde ofrecían servicios sexuales en Huacho.
Conocida esta denuncia, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la atención integral de las víctimas y una "inmediata revisión de protocolos y prácticas de ingreso a penales del país". "Haremos seguimiento a acciones de protección a víctimas e investigaciones de la Fiscalía y del INPE", indicó la defensoría en un mensaje de Twitter.
