El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que encabeza Horacio Rodríguez Larreta sigue firme en su corrimiento hacia la derecha. Este lunes, volvió a utilizar a la educación como caballito de batalla de cara a las elecciones de 2023 y comunicó que la Procuración General de la Ciudad denunció penalmente a 366 "adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado" en las tomas de escuelas secundarias que tuvieron lugar entre fines de septiembre y principios de octubre. También informó que hay en curso 21 denuncias civiles por daños y perjuicios por los días de clase perdidos por más de 50 millones de pesos.
"Cuando comenzaron las tomas en las escuelas, la Ciudad decidió denunciar penalmente a los adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado de las mismas", recordó en un comunicado el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Soledad Acuña. Hasta la fecha, la Procuración General de la Ciudad ya realizó "25 denuncias penales a 366 adultos responsables", precisó la cartera.
El Ministerio también envió a la Procuración General porteña un informe técnico que "cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas".
Como consecuencia de este informe ya están "en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85", detalló el Ministerio de Educación.
Las justificaciones de Soledad Acuña
"Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad", señaló al respecto la ministra Soledad Acuña, quien lejos de escuchar los reclamos de les estudiantes por las irregularidades en las Actividades de Aproximación al mundo laboral (ACAP), la calidad y cantidad de viandas y las condiciones edilicias de los establecimientos --que entre otras consignas motivaron las tomas-- se dedicó a perseguir a las familias y enviar patrulleros a las viviendas de los alumnos y alumnas.
La persecución fue denunciada entonces por los gremios docentes y varias organizaciones, entre ellas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos Capital y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Victoria Montenegro, quien también se sumó a la ola de repudios, advirtió en ese momento sobre el papel de la Justicia local y dijo que "lo que pasa con la Justicia en la Ciudad es que prácticamente no hay justicia: el ‘partido judicial’ porteño es el que habilita toda la catarata de atropellos que lleva adelante el jefe de gobierno” Horacio Rodríguez Larreta, aseguró.
