50 millones de pesos. Eso es lo que le exige la ministra de Educación y precandidata a jefa de Gobierno, Soledad Acuña, que paguen los padres y madres cuyos hijos e hijas participaron de tomas de colegios. Luego de una primera oleada de acciones intimidatorias, que incluyeron a la Policía de la Ciudad yendo a notificar a las familias por la noche, la ministra redobló su cruzada contra las tomas de colegios con otra tanda de denuncias penales y civiles: en este caso, fueron 366 los padres y madres que el gobierno denunció, según informó el Gobierno porteño. La decisión fue cuestionada por los centros de estudiantes y por los gremios docentes.

Ni los días que se pierden por la existencia de ratas en escuelas, ni los que se van acumulando por la falta de docentes suplentes parecen generar la misma energía que las tomas. Casi como en un anuncio de campaña, Acuña salió a informar la cantidad de familias denunciadas penalmente y la cuenta que hacen de cuánto le deben al Estado por haber tomaron los colegios. "Cuando comenzaron las tomas en las escuelas, la Ciudad decidió denunciar penalmente a los adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado de las mismas, en tal sentido la Procuración General de la Ciudad ya realizó 25 denuncias penales a 366 adultos responsables", indicó el ministerio que conduce Acuña, que omite mencionar la tipificación que eligieron: no existe un delito de tomas de colegios, por eso debieron adaptar otras figuras de forma creativa para iniciar acciones penales contra las familias.

"Además, el Ministerio de Educación porteño envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas. En este sentido, ya están en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a 50.538.442,85 pesos", detallaron desde el ministerio, donde hicieron caso omiso a que en muchas de las tomas los y las docentes apoyaron y hasta se dictaron clases. No se pudo hacer, por ejemplo, en el Mariano Acosta porque el ministerio implementó un lockout a los otros niveles (primaria, inicial) y hasta mandó una persona a dañar el panel eléctrico para que no hubiera luz.

El cálculo de costos ya había sido problemático en un primer momento cuando, tomando los números que difundía el Gobierno porteño, el legislador Juan Valdes advirtió que era más lo que pedían por día que lo que gastan diariamente en infraestructura escolar.

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Luego, avanzaron con otro anuncio: que iban a tener que recuperar los días de clase perdidos en diciembre.

"Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad”, aseguró Acuña, mientras repartía denuncias penales. "Vamos a seguir dialogando con los estudiantes como lo hicimos durante todos estos años de gestión", afirmó, en abierta contradicción con lo que denuncian los y las estudiantes: que no los recibe ni los escucha.

"Vamos a seguir siendo firmes respecto a los límites que supone la convivencia democrática; los espacios de diálogo están abiertos, pero siempre que las escuelas estén abiertas", indicó Acuña, quien sigue en campaña para ser la reemplazante de Larreta. La práctica de usar la educación como tema de campaña ya viene de largo (por lo menos, de 2020) y Acuña no pierde oportunidad para endurecer su perfil en busca de los votantes del núcleo duro del PRO, en una difícil contienda que tiene con otros postulantes, entre ellos, Jorge Macri y Martín Lousteau. 

Nunca entró en los planes de la ministra, hasta ahora, comenzar a debatir los problemas que plantearon en las tomas: las irregularidades en las Actividades de Aproximación al mundo laboral (ACAP), la calidad y cantidad de viandas

 

Repudios

Desde los gremios docentes la respuesta no se hizo esperar. "Desde ya que lo rechazamos y los repudiamos y nuestros abogados están a disposición para defender a las familias de las escuelas públicas porteñas. Así también lo expresaron los organismos de derechos humanos en la conferencia de prensa con H.I.J.O.S. , Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Ahí se denunció, entre otros casos, cuando fueron a buscar una noche a una abuela para notificarla de estas imputaciones. La abuela, Elsa Lombardo, es una ex presa política y docente y es tutora de una alumna en una escuela con reclamos estudiantiles", indicó Eduardo López, secretario general adjunto de UTE-CTERA.

"Es un intento más del gobierno de dividir a la comunidad educativa entre padres, docentes y estudiantes que por supuesto va a volver a fracasar. La comunidad educativa está unida y así lo manifestó en la marcha de diez mil personas que hicimos junto a estudiantes, docentes y familias", indicó López. "Ahora estamos organizando una nueva marcha unificada ante el intento de bajar el presupuesto educativo en la Ciudad y la intentamos coordinar con sectores de la salud cuyo presupuesto también está bajando el gobierno de Larreta", indicó el dirigente gremial.

"El mismo gobierno de la ciudad que encubrió a quienes tiraron piedras al despacho de Cristina, quemaban barbijos, exhibieron bolsas mortuorias, guillotinas, y horcas es el gobierno que persigue a estudiantes, familias y docentes por reclamar por mejoras educativas", advirtió.

Desde los centros de estudiantes, se estaban anoticiando de las denuncias, que aparentemente fueron primero informadas a los medios antes que a los imputados. "Me parece el problema propio de poner al frente de la educación a alguien que no sabe qué es una escuela", indicó Guillermo, de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas (conocido como Lengüitas).