El juicio oral y público contra el único acusado por la desaparición en Salta del ciudadano boliviano Manuel Gustavo Medina Ortiz, se llevará cabo entre noviembre y diciembre próximos y demandará, en principio, solo cuatro audiencias, se informó ayer en la audiencia preliminar encabezada por la presidenta de este trámite, la jueza Gabriela Catalano.
El abogado Medina Ortiz, que había llegado al país huyendo de la dictadura de Hugo Banzer Suárez en Bolivia, fue secuestrado la madrugada del 10 de octubre de 1975, en el macrocentro de la ciudad de Salta, por una patota de seis o siete hombres, entre los que su esposa, Zoila Luz Hoyos Aguilera de Medina, reconoció al represor Juan Carlos Alzugaray, el único que enfrenta una acusación por este hecho.
En la audiencia preliminar, de la que participaron también los jueces que actuarán como vocales, Federico Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz, que Alzugaray seguirá el debate por videoconferencia, "en la medida en que no entorpezca el desarrollo de la audiencia", aclaró Catalano.
La presencia vía digital había sido solicitada por el defensor oficial Federico Petrina, que asiste a Alzugaray, y no hubo oposición del fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, que estuvo acompañado por la auxiliar fiscal Bárbara Chunco. Alzugaray fue oficial de la Policía Federal y luego integró el Servicio Penitenciario provincial. Ya fue condenado por otros delitos de lesa humanidad en la provincia.
Está previsto que el juicio comience el 7 de noviembre, y luego habrá audiencias el 15 y el 28 de ese mes, y el 5 de diciembre. Todavía es temprano para saber si ese día se conocerá la sentencia.
Además de otros acuerdos sobre el proceso del debate oral, en la audiencia de ayer se informó también que los familiares de Medina Ortiz, residentes en el vecino país, declararán por videoconferencia. Una de esos testimonios será el de Zoila Hoyos Aguilera, cuya edad avanzada y su estado de salud ya motivaron que en junio último se adelantara la inspección en la casa del secuestro, sobre la calle Mendoza al 1500 de la ciudad de Salta.
La familia de la víctima, víctima ella misma, estará representada en este proceso por el defensor público de víctimas Nicolás Escandar, que ayer también participó de la audiencia. Zoila y sus hijos todavía buscan los restos de Medina Ortiz y ése fue su pedido cuando declaró en la inspección: "Por lo menos que nos digan donde están sus restos para llevarlos a su patria", rogó.
En Bolivia, Medina Ortiz militaba en el grupo Espartaco, que integró el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En 1971 había llegado exiliado a la Argentina huyendo de la dictadura de Banzer Suárez (que comenzó en agosto de 1971). Luego, ya en 1972, llegaron Zoila y los cinco hijos del matrimonio.
Según contó Zoila, su marido debía presentarse periódicamente en la delegación local de la Policía Federal, donde generalmente lo convocaban los viernes y lo dejaban encerrado durante todo el fin de semana. Un mes antes del secuestro, la vivienda familiar fue allanada por un grupo encabezado por Alzugaray. Al día siguiente el federal le hizo una advertencia a Medina Ortiz: “Yo le aconsejo que se vaya de Salta ya que viene una mano dura para usted”.
El 10 de octubre de 1975, a las 3 o 4 de la mañana, una patota encabezada por Alzugaray sacó a Medina Ortiz de su casa, ante la insistencia de Zoila, le dijeron que lo llevaban a la sede de Gendarmería Nacional, en Chachapoyas, en la zona norte de la ciudad. Pero al otro día esta fuerza negó saber algo del secuestro.
Zoila afirma que reconoció con claridad a Alzugaray, detalló que lo vio tres veces, en el allanamiento anterior, en la Federal y otra vez en su casa, cuando se llevaron a su marido.
Tras el secuestro, la familia vivió una situación de zozobra, signada por la presencia de hombres extraños que hostigaban a la niña mayor y por la falta de recursos económicos para sostenerse. Finalmente, consiguieron ayuda de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), y recién pudieron regresar a Bolivia en 1978, una vez caída la dictadura de Banzer Suárez.
La Fiscalía viene sosteniendo que la desaparición de Medina Ortiz se concretó en el marco de la Operación Cóndor, la colaboración represiva entre las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Alzugaray está condenado por la Masacre de Palomitas, la matanza de once detenidos políticos cometida el 6 de julio de 1976, y por otros actos de represión cometidos como integrante de la Federal, donde ha sido señalado como uno de los que cometió abusos sexuales en perjuicio de detenidas políticas.
Desde su secuestro la familia no supo más de Medina Ortiz. Solo El único dato les llegó de otra vecina de la ciudad de Tarija, Rosa Sempertigue, que contó que en 1976 en un viaje a Tucumán, un militar boliviano de apellido Valenzuela le había contado que en el Hospital Militar de Santa Cruz de la Sierra vio a tres bolivianos que habían sido detenidos en Argentina, uno de ellos se identificó como Gustavo Medina, le dijo que vivía en Salta y que había sido secuestrado de su casa.
