Las miradas apuntan al Puerto Quequén, ubicado al sur de la provincia de Buenos Aires, uno de los puntos comerciales marítimos más importantes del país, por donde en 2021 pasaron por allí más de 7,5 millones de toneladas de exportaciones de granos.
Allí, indican desde la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén, por un lado, y diputados provinciales del Frente de Todos, se está jugando una oportunidad histórica. El próximo 22 de noviembre vencerá la concesión por 30 años que hizo el entonces gobierno de Carlos Menem de la administración de las instalaciones de la exJunta Nacional de Granos.
En este contexto, el pedido es que el gobernador Axel Kicillof avance con un proyecto para que la administración del puerto vuelva a las manos del Estado. “Hace 30 años estamos esperando este momento”, indicó a AM750 Miguel Bayón, arquitecto e integrante de la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén.
Desde la Asamblea le piden al Gobierno avanzar con firmeza y aseguran el apoyo del pueblo de Necochea: “Si esta concesión se vuelve a extender a las multinacionales, el pueblo de Necochea va a salir a decir “acá no somos todos Vicentín”. La jugada no saldrá mal, los gobernantes tienen un respaldo”.
Además, dejan en claro un punto elemental: “No es una cuestión simplemente enunciativa. Significa evitar la evasión fiscal. Porque las exportadoras, al manejar ellas las exportaciones, el Estado ve disminuida sus capacidades”.
En este mismo contexto, hace unos días la diputada provincial Natalia Sánchez Jáuregui presentó un proyecto para que en Buenos Aires se cree una sociedad del estado provincial para administrar uno de los elevadores del puerto de Quequén.
El proyecto contempla que la distribución de los beneficios económicos se destine al aumento en los presupuestos de los hospitales públicos de la zona, en la mejora de la infraestructura del propio puerto y en la reparación de los accesos vía terrestre a Quequén y Necochea.
En las últimas horas, el entorno de Kicillof confirmó a Página/12 que no prorrogará la concesión, y en aras de forzar una nueva licitación con mejores condiciones se buscarán operadores que no sean las mismas cerealeras, asegurando prioridades para el Estado Provincial.
