La jueza María Gabriela González absolvió por aplicación del beneficio de la duda a las policías Silvia Severina Martínez (50) y Judith Danila Villanueva (34), quienes fueron juzgadas por vejaciones y lesiones agravadas en perjuicio de una mujer que sufrió una fractura en el brazo durante un procedimiento ilegal. 

En su fallo, la jueza aplicó el principio “in dubio pro reo”, en caso de duda se debe resolver a favor de la persona acusada. Ambas policías fueron acusadas de fracturarle el húmero a una mujer, en un hecho cometido en febrero de 2018, durante un procedimiento fuera de la Carpa El Gaucho de La Florida, en la localidad de La Merced. 

La causa se inició con la denuncia del padre de la víctima, un ex policía que aseguró que hija había sido agredida por policías femeninas. Cuando hizo la denuncia, su hija ya había sido puesta en libertad, el padre hizo constar que la joven se encontraba lesionada y en reposo por eso había ido él a hacer la denuncia.

Esta mujer contó en el juicio que al retirarse de la carpa, mientras se encontraba con su pareja en la parada del colectivo, vio que policías demoraban a un hombre e intervino para evitar el maltrato que le estaban dando. 

En ese contexto, según la denuncia, las dos policías maltrataron de manera verbal y física a la joven, y redujeron de manera violenta. Una de las policías la tomó del cuello y otra le agarró el brazo hacia atrás, en esas circunstancias le provocaron una fractura del húmero, por lo que tuvo que someterse a una cirugía, que contó con medio año de recuperación. 

La mujer fue privada de la libertad en ese momento y trasladada a la comisaría de La Merced. Las efectivas la llevaron al Hospital de esa localidad del Valle de Lerma donde una médica de guardia dejó constancia de la lesión. Después mediante la ayuda de sus familiares, fue asistida en el Hospital San Bernardo, de la ciudad de Salta.

El fiscal de Derechos Humanos Gabriel González, había solicitado 3 años de prisión condicional más la inhabilitación para ejercer cargos públicos y pidió que se tuviera en cuenta que estos hechos fueron cometidos en un contexto de violencia institucional.

González dijo que la joven "Es testigo y víctima. Ha prestado testimonio conteste con las tres veces anteriores que prestó declaración en fiscalía penal". Que el día de la agresión vio a una pareja discutiendo y luego la intervención policial. "Los policías le pegaban feo al chico, quiso evitar esa situación. Les dijo que paren" y esa intervención la convirtió en objetivo de la violencia policial. 

El fiscal reprochó que la defensa intentara "descargar la responsabilidad en terceras personas". González recalcó que la víctima dio características físicas y reconoció en la audiencia a las acusadas. "Da detalles de lo que vivió y de lo que sintió. Una de las femeninas la amenazaba, 'no sabes con quien te estás metiendo'. Ella no recuerda a nadie más en el lugar. Cerca suyo estaba el novio, y las femeninas. No refirió una intervención de otra persona", indicó el funcionario. 

"La subieron al patrullero, no tenía idea de por qué la estaban llevando. No había causa válida para el modo en que se procedió", explicó el fiscal respecto al proceder de las efectivas. Dijo que  la llevaron al hospital público de La Merced, y mientras la bajaron, recordó que le decían “¿vas a seguir llorando maricona?", "eso lo hacían las femeninas. Le rozaban el brazo y se burlaban", sostuvo.

Detalló que la víctima contó que en el hospital le querían poner un inyectable pero ella se negó, entonces el personal policial le decía "que estaba exagerando". De forma posterior, cuando le dieron la libertad, la mujer se dirigió con ayuda de su familia al Hospital San Bernardo, "perdió el húmero, tiene entre 8 y 16 tornillos", detalló González.

González destacó que una médica de apellido Carrasco del Hospital Nicolás Lozano de La Merced, reconoció el informe realizado en el que dejó constancia de un hematoma en el codo del brazo izquierdo, asentó que la lesión era reciente, y estableció que presentaba una quebradura en el húmero como diagnóstico presuntivo porque para confirmarlo necesitaba una placa de rayos X que no realizaban en ese hospital. 

El fiscal también se refirió al especialista en traumatalogía Hessling que atendió a la víctima y ratificó que tenía una fractura de húmero oblicua, y dijo que este tipo de lesión "generalmente se produce por tracción e impacción que es un golpe, traumatismo". 

El médico forense del Ministerio Público Fiscal, Daniel Chirife, ratificó los informes. Dijo que revisó a la víctima cuando fue a declarar y ya tenía un yeso con inmovilización del brazo izquierdo. Indicó que el 4 de febrero de 2018 la joven "sufrió una fractura de trazo oblicuo del húmero izquierdo. En el hueso distal verificó el desplazamiento fracturario, compatible con la torsión".

Con estas y otras pruebas el fiscal ratificó la acusación contra las policías por "vejaciones calificadas, en concurso ideal con lesiones graves". "Ambas tomaron parte en la ejecución del evento. Sin ninguna causa de legitimación, para la forma en que procedieron", destacó. Señaló el “castigo ilegal” que se le profirió a la víctima y solicitó 3 años de ejecución condicional, inhabilitación especial en las fuerzas, por un hecho cometido con abuso funcional.

La duda instalada por la defensa

El abogado Pablo Del Pino defendió a Villanueva, mientras que el letrado de la policía de Salta, Pablo González, representó a Martínez.

Los defensores apuntaron a que la víctima fue lesionada por el policía Arias Martínez, jefe de servicio en aquel momento y actual comisario. Señalaron que la mujer incluso lo había mordido a este policía, quien la denunció y luego fueron a una mediación. 

Del Pino señaló que cuando consultó a la mujer por la conciliación no la recordaba, y que tampoco recordaba que quien la había agredido es Arias Martínez. Con ese argumento, ambos defensores consiguieron establecer la "duda" con la que finalmente falló la jueza. 

Según lo señalado por las defensas, antes de que intervinieran las efectivas, lo hizo Arias Martínez. Indicaron que la pareja de la víctima sí recordó a este policía. Ambos abogados apuntaron a que fue este efectivo quien provocó la fractura en la mujer, y que el anterior fiscal Gustavo Vilar Rey, quien intervino en la investigación penal preparatoria inculpó a las efectivas para beneficiar a ese superior.

Arias Martínez se presentó a declarar en el juicio. Del Pino pidió que se lo investigue por falso testimonio, y a ese planteo adhirieron tanto el defensor Pablo González como el fiscal Gabriel González.

La jueza en su fallo ordenó remitir al fiscal penal de turno las actas referidas a la declaración de Arias Martínez "atento a lo solicitado por ambas defensas y por el fiscal, ante la posible comisión del delito de falso testimonio".