Con críticas a la falta de planificación para poder conseguir más profesionales de la salud para la zona y mejorar la atención sanitaria en el norte provincial, anoche, luego de más de tres horas de debate, la Cámara de Diputados de Salta aprobó por mayoría la prórroga de la Ley de Emergencia Sociosanitaria que involucra a los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia.
La prórroga por 180 días fue rechazada por cuatro legisladores. En palabras de la diputada provincial Cristina Fiore (de Ahora Patria), el avalar la prórroga de la ley implica dar un certificado a la "incapacidad" e "indolencia" del Ejecutivo Provincial. Fiore, junto a Roque Cornejo, Julieta Perdigón y Sofía Sierra, decidieron no acompañar la iniciativa enviada por el gobierno salteño.
Las críticas apuntaron contra el Ejecutivo por la falta de una planificación y políticas definidas para poder incentivar la radicación de profesionales de la salud en el interior provincial. Sin embargo, los legisladores entendieron en su mayoría que debían acompañar la nueva prórroga.
La diputada por el departamento San Martín, Gladys Paredes, afirmó que en caso de tomar en serio esta posibilidad, el Ministerio de Salud debe plantear la necesidad del cambio de estructuras y cargos con el fin de poder tomar a los especialistas con vacantes profesionales y no a través de contratos para monotributistas, como viene aconteciendo.
"Los avances no alcanzan", fue la expresión de su par radical, Matías Monteagudo, quien expuso sobre la situación de un vecino de General Mosconi que en una situación límite de un familiar que no consigue atención pese a atravesar una grave enfermedad, anunció que hoy iniciaría un corte de ruta.
Fiore apuntó con diversos informes de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Nación contra el gobierno provincial, al recordar la judicialización y continuidad de las muertes de infancias originarias por causas evitables. "Dónde están los resultados de lo que hicieron con esta herramienta que les dimos", se preguntó la legisladora al señalar la falta de articulación de acciones y políticas fragmentadas que, indicó, describe el informe de la Defensoría a cargo de Marisa Graham.
Sierra, por su parte, consideró: "si aprobamos esta prórroga de la emergencia ¿para quién estamos trabajando? ¿para la gente que nos votó, o para cubrir la ineficiencia de un grupo de personas que están hoy en este gobierno?, lo que tenemos que hacer desde esta Cámara es exigir planes de gobierno, si no, estamos siendo cómplices de la desidia, de la ineficiencia, de la mediocridad”.
La defensora del Ejecutivo fue Socorro Villamayor, quien planteó que quienes se manifestaron en contra de esta prórroga lo hacen en medio de un clima preelectoral para poder "distinguirse". Afirmó que hay quienes actúan con "mezquindad política", y apuntó contra Fiore por haber actuado diferente en su calidad de diputada nacional cuando prorrogó la emergencia alimentaria. A los que plantearon las críticas les señaló la falta de accionar ante las partidas del Fondo de Reparación Histórica (FRH), que nunca se ejecutaron, o por haber avalado en silencio la creación de ministerios, como el de la Primera Infancia durante la época de Juan Manuel Urtubey, "cuando también fallecieron chicos".
Solucionar "desde la raíz"
Fiore no olvidó en su exposición la falta de reglamentación a la Ley de Salud Intercultural, pese a los diversos proyectos que se aprobaron incluso en la Cámara Baja para solicitar la instrumentación de esta ley. Fue el representante del departamento Rivadavia y legislador originario victoreño Rogelio Segundo, quien se encargó de plantear algunas definiciones en este punto.
"Si no saben el vivir del indígena no van a solucionar este tema", afirmó al sostener que si bien hubo cosas que se hicieron, como el Centro de Recuperación Nutricional en Santa Victoria Este, se debe solucionar el tema "desde las raíces. Trabajar con los madres y los padres" de las infancias de las comunidades indígenas. En tanto, indicó que en "la cadena" que se desprende desde el ministro de Salud hacia abajo, hay quienes terminan por no querer hablar "con la indígena sucia", es decir, quienes anteponen los prejuicios a la atención de la salud de las comunidades.
Segundo manifestó la necesidad de que exista un control sobre las acciones que se despliegan en el territorio. Pero sostuvo ante sus pares que también deben respetar los reclamos que hacen las comunidades, incluso cuando cortan una ruta. "La gente es reprimida. Pero cuando reclama es porque le falta algo ¿Quién fue a defender a los dirigentes cuando estuvieron en la ruta? Ninguno", cuestionó refiriéndose a la última protesta que tuvo su epicentro en Pichanal, en el departamento Orán, en reclamo de que se cumplan compromisos tomados anteriormente por el gobierno provincial.
