Los cambios de gabinete ocurridos en octubre tienen una lectura política y una lectura económica. La lectura política es que se trata de retomar la iniciativa de parte del presidente Alberto Fernández en áreas claves de la gestión. Pero también el recambio se dio en sectores que conectan con actores sociales fundamentales para el sostén del Gobierno, como sindicatos y movimientos sociales a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, ahora dirigidos por Kelly Olmos y Victoria Tolosa Paz, además del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, a cargo de Ayelén Mazzina. En términos económicos, los cambios ministeriales se dan en un cuadro de empeoramiento del contexto social y de distribución del ingreso desde la devaluación financiera de junio pasado.

El mercado de trabajo argentino muestra una paradoja bastante visible pero de la cual se habla poco. Por un lado aparece la figura de los trabajadores pobres, los que no llegan a cubrir la canasta básica de pobreza, valuada en 120 mil pesos para una familia, en donde juega un rol el notable atraso del salario mínimo vital y móvil, de 55 mil pesos. Por otro lado, la tasa de desempleo es muy baja en términos históricos, del 6,9 por ciento, similar a los mejores guarismos del kirchnerismo (2013-2015).

Los funcionarios no dejan de mencionar con justa razón la velocidad a la cual se recuperó el empleo y en particular del empleo industrial. Pero por otra parte, queda claro que los ingresos de los trabajadores no han vuelto a su nivel previo a la crisis del macrismo, lo que es una debilidad importante de cara a las elecciones de 2023.

Los salarios fueron perdiendo terreno respecto de la inflación durante el macrismo (2018 y 2019) y no pudieron recuperarlo con el gobierno actual. Luego de una leve mejora a inicios del gobierno de Alberto Fernández, volvieron a caer con la pandemia. De nuevo, se recuperaron levemente en 2021 y con la guerra entre Ucrania y Rusia, los salarios se enfrentaron a una inflación creciente. Pero sobre todo, la pobreza, que es del 36,5 por ciento, a pesar de mejorar sus niveles desde la pandemia, sigue estando por encima de los peores niveles que se conocieron durante el macrismo, cuando llegó al 35,5 por ciento.

Paritarias: nuevo formato

Uno de los problemas de las subas porcentuales de las paritarias tradicionales es que incrementan la diferencia de salarios entre los que más ganan y los que menos ganan. Por el juego de los porcentajes, con un 50 por ciento de aumento el que gana 100 pasa a ganar 150, pero el que gana 1000 pasa a ganar 1500.

Una alternativa a ese problema es la incorporación de una parte del aumento como suma fija, además de los incrementos porcentuales en los convenios colectivos de trabajo. Lamentablemente, pareciera que los sindicatos no son amantes de esa solución y rechazaron de plano la propuesta del kirchnerismo de un aumento de salario por suma fija. La idea de las sumas fijas, que retoman el espíritu de los incrementos que habían otorgados por decreto los presidentes Duhalde y Kirchner en 2002 y 2003, era buena pero tal vez en otro contexto, consideraron.

Es cierto que un incremento de suma fija en agosto hubiese descomprimido la situación social ante una pobreza que, según estimaciones privadas, aumentará en esta segunda parte de 2022. Si bien no es tan dramática, la situación puede asemejarse a la que heredó Néstor Kirchner hace casi 20 años, cuando los salarios nominales habían quedado planchados a los niveles de 2001, mientras la inflación se había incrementado 40 por ciento debido a la devaluación de enero 2002. 

En ese contexto, los conflictos sociales se acrecentaron y la represión se había hecho virulenta, siendo los asesinatos de Kosteki y Santillán el momento de mayor intensidad posterior a diciembre 2001. Las sumas fijas en 2002 y 2003 fueron una solución que se tomó desde el Poder Ejecutivo para mejorar la situación social ante la dislocación de las fuerzas sindicales ocurridas durante los años noventa, desacreditadas y sin fuerza militante para lograr incrementos salariales nominales.

Hoy la situación es radicalmente distinta: la fuerza sindical retomó su vigor histórico, los convenios colectivos de trabajo demuestran que los conflictos distributivos se encuentran encaminados institucionalmente y es lógico que la definición de las paritarias recaiga sobre las partes en juego.

Mientras se discutía la suma fija, las paritarias empezaron a recalentarse y el conflicto social se expandió, dando cuenta una vez más de los destiempos de un Gobierno que trata de no moverse para no romper nada, pero con ello a veces termina empeorando las cosas. Lo que ocurrió con los trabajadores del neumático podría tomar otras proporciones. Los niveles de inflación superiores al 7 por ciento mensual ponen a la sociedad en un lugar inédito para los que no vivieron los años ochenta, en donde perder un mes de negociación salarial puede ser fatal.

El conflicto de los neumáticos revela otra problemática en la cual se encuentra la institución del convenio colectivo de trabajo. ¿Cómo se negocia en alta inflación? Es a todas luces distinto negociar con 20 a 25 por ciento de inflación anual como lo era durante el kirchnerismo que con una inflación superior al 80 por ciento. El gremio no puede esperar con los salarios atrasados para ver si logra mejoras, porque cada semana que no se actualiza el salario implica 1 o 2 por ciento de reducción en los sueldos.

En estas circunstancias, parecen más adecuados para la patronal y los sindicatos definir actualizaciones mensuales junto con la publicación del IPC del mes anterior y discutir los incrementos en términos reales. Además, atendiendo la cuestión de la ampliación de la desigualdad entre los asalariados que provocan los incrementos porcentuales, sería necesario integrar dentro de los convenios colectivos de trabajo una porción de los aumentos bajo la forma de suma fija.

No registrados

El kirchnerismo parece encaminarse a realizar propuestas que conectan con su militancia pero que no tienen posibilidad de votarse en el Congreso. El caso más relevante es sin lugar a dudas el proyecto de ley de Refuerzo de Ingresos de la senadora Juliana Di Tullio, que guarda cierto parentesco con las propuestas de Claudio Lozano sobre la Renta Básica Universal y que hereda las mismas críticas. La propuesta consiste en otorgar un monto para mejorar los ingresos de las poblaciones más vulnerables que se encuentran en situación de indigencia, que en los fundamentos del proyecto se estima que aplicaría para 1,7 millones de personas entre 24 y 65 años, con un costo fiscal equivalente a 0,44 por ciento del PIB en 2023.

Esta propuesta trae varios comentarios técnicos a los que son necesarios referirse antes que las consideraciones políticas. En primer lugar, los 1,7 millones de personas son sin lugar a dudas subestimados y, tal como pasó con el IFE, es muy probable que el Estado se encuentre con una avalancha de pedidos que supere ese número, dado el contexto social alarmante. Sobre ese punto, es muy probable que se pueda tener datos muchos más fiables luego de la experiencia del IFE.

La poca información que se tiene sobre el trabajador no registrado y el mundo informal en general implica que muchos podrían pedir el refuerzo de ingreso sin ser indigentes. Los trabajadores no registrados son estimados por informes del Ministerio de Trabajo en base a la Encuesta Permanente de Hogares en 4,4 millones de personas que, por definición, entran en el universo de los que no son empleados registrados, ni jubilados, ni pensionados que excluye la ley. En eso radica la principal debilidad de la ley: no se puede discriminar un empleado no registrado indigente de un no indigente.

En cuanto al monto del Refuerzo de Ingresos, este se podría discutir de forma técnica con la información que brinda el Indec, donde se muestra un detalle de los hogares indigentes. Estos se componen en promedio de más de 4 personas y el ingreso encuestado promedio de esos hogares es de 20.633 pesos en el segundo semestre 2021, frente a una Canasta Básica de Alimentos calculada en 31.834 pesos para 3.29 adultos equivalentes, que es el promedio que surge de la encuesta.

Con esos datos, el Indec calcula la brecha de ingresos necesaria para los hogares indigentes para salir de la indigencia, de 11.201 pesos en el segundo semestre de 2022, habiéndose reducido a 35,2 por ciento respecto de la canasta alimenticia desde los 41,6 por ciento del primer semestre 2020. Esos datos permiten concluir que para eliminar la indigencia en Argentina, si se pudiera individualizar la población objetivo, el refuerzo de ingresos requeridos es mucho menor al contemplado en la propuesta.

El salario mínimo vital y móvil, que hasta 2015 representaba 70 por ciento de la canasta básica total, hoy representa menos de la mitad. El principal motivo por el cual pareciera que no se ajusta hacia arriba el salario mínimo es porque los ingresos de los Potenciar Trabajo están atados a su valor, de modo que su incremento implicaría un aumento del gasto público social. Esto no sería un problema económico de importancia visto desde la heterodoxia si no se tuviera el compromiso con el FMI de reducir el déficit fiscal, y si sobre esto se sumara un problema político de importancia entre dos partes fundamentales de la coalición gobernante, a saber, el kirchnerismo y los movimientos sociales.

En efecto, las críticas de la vicepresidenta al incremento de planes sociales en un contexto de crecimiento económico y reducción de desempleo apuntan directamente al programa Potenciar Trabajo, herramienta clave en la construcción política de los movimientos sociales. Ahí se enfrentan dos visiones estructurales muy distintas: por un lado, la de Cristina Fernández de Kirchner, que apunta a que el desarrollo industrial pueda generar el empleo genuino para reducir el desempleo y la pobreza en Argentina, una visión peronista clásica del problema de la producción y del trabajo. 

Por otro lado, la visión de los movimientos sociales, que en la vertiente del Movimiento Evita considera agotado el capitalismo industrial de pleno empleo, y que plantea la necesidad de encontrar en otros modos de producción una alternativa que permita volver a homogeneizar la sociedad con derechos universales basados en la dignidad del trabajo, la reciprocidad y la responsabilidad hacia la comunidad.

Conclusiones

La situación social en Argentina está complejizando las discusiones políticas dentro del oficialismo, tensionado entre distintas medidas posibles para aliviar la situación, dados los objetivos de reducción del déficit fiscal. En otro momento, la salida hubiese sido una expansión fiscal como lo fue la Asignación Universal por Hijo o la ampliación de la cobertura jubilatoria. Por ahora, el Gobierno se orientó hacia un bono extraordinario para las personas en situación vulnerable.

Más allá de los ingresos, el Gobierno también debe revisar las políticas que se desplegaron para morigerar la inflación, en un contexto global en el que los precios de los alimentos y la energía llevaron a niveles de subas de precios de 10 por ciento en Europa y Estados Unidos. En el caso de los alimentos, hay que buscar otros formatos complementarios al control de precios, como por ejemplo la reducción del IVA que se ensayó a fines de 2019, con buenos resultados.

 

Si el plan del Gobierno es orientarse hacia un congelamiento de precios y salarios, es importante saber a qué nivel de salarios se realizará ese congelamiento. En ese punto, es necesario mencionar que la recuperación de las ganancias en la pospandemia fue rápida, mientras los salarios no pudieron mejorar sustancialmente. Como resultado, la distribución del ingreso empeoró y requiere de una recomposición urgente si el Gobierno quiere mejorar sus chances electorales en 2023.

* Area Estado y Políticas Públicas - Flacso