Micaela tenía 12 años cuando supo que estaba embarazada. Su mamá, Laura, tenía menos de 30. Había un abuso intrafamiliar, así que Micaela fue enviada por orden de la jueza de Familia Sabina Sansarriq a la casa de su tía Mariela. En la Maternidad Martin de Rosario presionaron a Laura para que, como Micaela podía morir en el parto porque era muy chiquita, diera al niño en adopción. Ante su reticencia, la amenazaron con sacarle todos sus hijos. Mientras tanto, Mariela y la abuela de Mica querían hacerse cargo de su bebé. Entonces, la misma jueza Sansarriq ordenó que Mica volviera con su mamá. Antes del nacimiento, a Laura y Micaela les hicieron firmar un papel escrito en lenguaje leguleyo, sin asesoramiento de un abogado, en el que entregaban en adopción a un niño todavía no nacido. Algo prohibido por la ley. Lo hizo un equipo interdisciplinario de la Maternidad. Micaela era una niña cruzada por todas las vulnerabilidades. “Nunca me escucharon, nunca me preguntaron si quería eso”, dice. Hace pocos días, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino reconoció su responsabilidad, pero el niño sigue viviendo con otra familia y Micaela sólo puede verlo una vez por semana, dos horas, en la casa de los “cuidadores”. El reclamo tanto en la justicia argentina como internacional es la restitución.

Con apenas 13 años, el 23 de agosto de 2014, Micaela entró sola a la sala de partos. Ella pedía por su madre, pero no la dejaron estar acompañada. Al mismo tiempo, una pareja de clase media se internó en el mismo centro de salud. “Pedí verlo, me dejaron verlo solamente un ratito cuando nació, y se lo llevaron. Al otro día, pedí para verlo y me dijeron que ya se lo habían llevado del hospital. Yo estuve tres días ahí, estaba con mi mamá y no dejaban que nadie de mi familia se acerque. Mis tías habían ido a verme, pero no las dejaban que pasaran, las sacaban con la policía”, cuenta Micaela.

Nadie defendió sus derechos

La intervención de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de Analía Colombo, tampoco garantizó el derecho de Micaela a ser escuchada, a recibir asistencia para tomar la decisión más adecuada. Por el contrario, la funcionaria del órgano de control pidió expedientes de pretensos adoptantes del Ruaga (Registro Unico de Aspirantes a Guardas Adoptivas), aún antes del nacimiento y de la intervención de una jueza de familia por el expediente de adopción. Luego, la jueza Gabriela Topino intervino, pero no hubo entrevistas con otras familias, el niño fue entregado a una pareja, elegida de antemano.

El 2 de marzo, a Micaela la llevaron para firmar la adopción a Tribunales. “Mi hermanito, me acuerdo que les había dicho que yo no iba a firmar nada, pero trataban de convencerme de que lo haga. Yo les dije que no. Entonces, se enojaron y nos mandaron a mi casa solos”, contó Micaela ante la Corte Interamericana.

Micaela pudo accionar por sus derechos porque, unos meses después del parto, una psicóloga la escuchó y la puso en contacto con una abogada, Carmen Maidagan, de larga trayectoria en la Coordinadora de Trabajo Carcelario, que en principio representó a Laura, la mamá, en ejercicio de la responsabilidad parental. La entonces niña sólo sabía una cosa: le habían sacado a su hijo sin su consentimiento. 

Se sumaron a la representación de Micaela las abogadas Araceli Díaz, María Claudia Torrens y Marta Haubenreich. Lo primero que hicieron fue pedir la restitución, y señalar en distintas instancias judiciales que no hubo consentimiento en la adopción. Por eso, la pareja que tiene al niño no tiene ningún estatuto legal más que el de cuidadores. Aun así, la Corte Suprema de Justicia de la provincia convalidó todo el proceso irregular, amparada en los derechos del niño.

Entre las tantas irregularidades, hay una que no está puesta sobre la mesa, pero es necesario señalar. Nadie le ofreció a Micaela la posibilidad de la Interrupción Legal del Embarazo, un derecho que estaba claramente establecido -sin plazo- por el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, de 2012. El argumento era que había llegado al centro de salud con un embarazo ya avanzado.

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Esta historia de vulneraciones, cuya resolución judicial se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llegó el miércoles 19 de octubre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde Micaela pudo contar lo sufrido, como así también su mamá, Laura. “Cuando volví a mi casa, me di cuenta de que no quería eso yo. Yo quiero tener a mi hijo conmigo”, dijo Micaela, que en el expediente es mencionada como “María”, ya que se inició cuando era una niña.

Maidagan inició los trámites legales en 2015. En 2016 se obtuvo la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que Micaela pudiera ver a su hijo. Al principio fue en Tribunales, con la presencia de trabajadoras sociales y psicólogas. “Fue súper lindo, con él tenemos una relación muy buena, nos llevamos muy bien”, dijo Micaela ante los seis jueces y juezas de la Corte, y relató: “Nunca me dejaron estar sola con él, siempre estaba con trabajadoras sociales, psicólogas, nunca me dejaron tener una relación más cercana con él, hasta él se siente que está observado todo el tiempo porque me lo ha dicho”, sigue el relato. 

Cuando quiso sacarle una foto a su hijo por primera vez, recibió un reto de las profesionales. Ahora, ella lo visita en la casa donde vive el niño, pero no puede estar con él a solas. “Él me abraza cuando lo voy a ver, me dice que me extraña. Nos llevamos bien. Por ahí él viene y me abraza, pero cuando escucha que vienen los señores que lo tienen, se va de al lado mío y me cambia de tema”, relata Micaela, que nunca pudo estar en un cumpleaños de su hijo.

“Parece increíble que todos aquellos que tenían que ponerse al servicio y al cuidado de esa niña hayan actuado de manera contraria, desde la Defensora del niño, que tendría que haber escuchado y protegido a Micaela, porque acá no había ningún apuro. Se forzó una decisión, cuando había que esperar que el bebé naciera, ver qué necesitaban, que pudiera tomar una decisión libre”, expresó Maidagan, quien señaló los organismos que actuaron contra los derechos de la niña: “Acá todos los organismos, la Maternidad Martin, la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, el juzgado de Familia, primero de la séptima y después de la quinta nominación, todos apuraron la entrega de un niño que no había nacido, cosa que nuestra legislación no autoriza. En realidad, lo que había que darle era tiempo a esta nena para que pudiera pensar qué quería hacer, tenía una familia que le decía que la iba a ayudar”, siguió el relato de la abogada que se convirtió en una de las referentes de Micaela, que terminó cuarto año de la secundaria y, una vez que complete la escuela, quiere ser abogada.

“Su madre, Laura, también estaba siendo arrasada por toda esta mecánica de apurar la decisión y la Defensora inicia el expediente en turno de urgencia, porque el niño estaba por nacer, cuando la ley dice que el consentimiento para dar niños en adopción tiene que ser 45 días después de nacido”, siguió enumerando las irregularidades. Laura -la mamá de Micaela- estuvo prácticamente secuestrada tres días en la Maternidad Martin, no la dejaban salir durante los días posteriores al parto. 

La única madre del niño

En estos ocho años, Laura sólo pudo ver dos veces a su nieto y no sabe cómo explicarle a su mamá -la bisabuela del niño- por qué no pueden estar con él. Sobre la firma de ese papel inicial, en la Maternidad Martin, recordó: “Me hicieron firmar un papel, un señor de traje, yo no sé si era abogado o juez, porque no lo recuerdo”. Nada de asesoramiento, de consentimiento informado ni debido proceso.

Sobre la decisión de Micaela, no hay dudas. “Lloraba porque quería a su bebé. Se levantaba a la madrugada como sonámbula. Quiero mi bebé, quiero mi bebé, decía llorando. Y todavía ahora”, contó en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando el presidente del Tribunal, Ricardo Pérez Manrique, le preguntó qué reclamaban, Laura dijo: la restitución. En el expediente, el niño es nombrado como Mariano, para proteger su intimidad.

Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió admitir el caso, subrayó que “la jueza a cargo del proceso no citó a Micaela ni tomó en cuenta que tanto la tía como la abuela de Micaela habían manifestado su conformidad en hacerse cargo del niño. Por el contrario, la jueza designó a una pareja como guardadores provisorios, para que retiren al niño cuando se produzca el parto, lo cual efectivamente sucedió”, dijeron en el relato del caso, para recordar que en una audiencia judicial, seis meses después, tanto Micaela como Laura “expresaron su intención de recuperarlo”. Las dos reclamaron la restitución, “lo cual no ha sucedido. El proceso sigue abierto, generando inseguridad jurídica al niño”.

“La única madre que tiene este niño es Micaela”, plantea Araceli Díaz, también abogada de la niña, ahora joven. Díaz fue presidenta del Colegio de Abogados de Rosario y es vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. “El titular del Instituto Médico Forense, Carlos Elías, cuando le pidieron opinión sobre Micaela, dijo que no estaba en condiciones de entender para hacer una manifestación sobre este tema”, recordó, y señaló “aun así siguieron adelante y han ido tapando. Es como una cebolla, hay una capa y otra capa. Es todo en una ilegalidad y una irregularidad que va en contra de todas las convenciones sobre Derecho a la Identidad”.

Así lo consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presentó el caso ante la Corte. El estado argentino “no aseguró el consentimiento previo, libre e informado de las víctimas para iniciar un proceso de adopción. El estado no inició un proceso con la familia ampliada. Micaela se encontraba en una situación donde confluían una serie de factores de riesgo, lo que obligaba al Estado a tomar medidas especiales”, dijeron. Además, consideró que “las múltiples irregularidades y negligencias acontecidas a lo largo del caso representaron una forma de violencia contra Micaela”.

Una resolución urgente

El Estado argentino reconoció su responsabilidad y para hacerlo, concurrieron a la audiencia el propio Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti y la secretaria de la misma área de la provincia de Santa Fe, Lucila Puyol. “Como hijo de desaparecidos y apropiado, y por haber recuperado mi identidad 27 años después gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, hoy en mi carácter de secretario de Derechos Humanos de la Nación, decidí estar aquí. Este caso se encuentra íntimamente ligado con el derecho a la identidad, derecho esencial sobre el que se construye la personalidad y la historia de cada persona y que justamente las Abuelas de Plaza de Mayo lograron que tenga consagración universal en la Convención Internacional de los derechos del niño”, inició su intervención el funcionario nacional, quien destacó “la incansable lucha de Micaela para que su hijo le sea restituido y para poder establecer, a pesar de todos los obstáculos, un vínculo amoroso con él”. Dijo también que el estado argentino “se encuentra comprometido en la obtención de una urgente resolución en este caso, que ponga fin a la incertidumbre del derecho de Micaela a criar a su hijo, y del niño a crecer junto a su mamá y su familia biológica”. 

Por su parte, Puyol planteó: “Tenemos muy en claro que este caso es una apropiación. Hablamos de un niño que nació el 23 de agosto de 2014 en la Maternidad Martin y al día siguiente fue sustraído de la custodia de su joven madre y de su abuela por un matrimonio que tuvo y tiene los recursos económicos y las relaciones y vínculos para persistir deliberadamente en su actitud”. Para la funcionaria, “operó la estigmatización de una madre niña y la discriminación por motivos socioeconómicos. El poder judicial justifica una resolución que desde el inicio fue ilegal” y también subrayó que “el transcurso del tiempo contribuye al agravamiento de la situación”.

Micaela tiene ahora 21 años. Le agradeció dos veces a la Corte Interamericana por escucharla. Y habló por radio con el periodista José Maggi. “Todo este tiempo me sentí presa en poder ir a ver a mi hijo cuando yo nunca hice nada malo", dijo y pidió que "no vuelvan a suceder estas cosas, que haya más posibilidades de ayudar a las personas que estén mal”. Sobre su hijo, fue conmovedora. “Yo no quiero lastimarlo a él, ya pasó mucho tiempo que él está con esa familia, y todos piensan en ellos mismos, pero no piensan que hay una criatura y a la única persona que quiero cuidar es a él”.