La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es la única casa de estudios superiores del país que cuenta con una Defensoría de la Comunidad Universitaria (DCU), un lugar clave en la vida institucional, que nació en 1997 como organismo mediador para potenciar y agilizar los mecanismos administrativos en el resguardo de los principios y derechos en ese ámbito.

La DCU se creó como forma permanente de contralor luego de que en la segunda mitad de los noventa se produjeran denuncias sobre irregularidades en actas de exámenes y expedición de títulos en un contexto de ajuste presupuestario durante los gobiernos menemistas. En la segunda década del nuevo siglo, en otro contexto nacional y universitario, se le ampliaron y precisaron funciones relacionadas con los derechos humanos y la recepción de consultas y denuncias por violencias de género.

Ana Yukelson, docente, investigadora, dramaturgista y primera decana de la Facultad de Artes de la UNC, acaba de asumir como nueva defensora. Licenciada y profesora en Letras Modernas por la Facultad de Filosofía y Letras de esa casa de estudios, desde 1999 integra y dirige grupos de investigación en esa institución. Además, se desempeñó en distintos cargos de gestión en entidades culturales y a nivel universitario.

En diálogo con el Suplemento Universidad, Yukelson planteó los desafíos de su tarea y destacó la importancia del organismo para “democratizar las relaciones, disminuir violencias y discriminaciones y fortalecer los derechos de los sectores más vulnerables” de la comunidad académica.

“El desarrollo de las defensorías y la incorporación de mediaciones en distintas universidades de Iberoamérica fueron creciendo, lo que otorga mayores fuerzas para trabajar en red”, consideró la flamante defensora. Según remarcó, “una muestra de ello es la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias (RIDU), cuya acta fundacional tuvo lugar en septiembre de 2018 en la UNC”.

–¿Cómo analiza las funciones de la Defensoría?

–La DCU tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales, colectivos y difusos de docentes, estudiantes, nodocentes y egresados. Está facultada a pedir informes a todas las instancias de la Universidad, hacer recomendaciones a sus autoridades para la resolución de demandas individuales o colectivas y la modificación de normas que se consideran injustas. Su autonomía y su relación con toda la comunidad la ubica en un espacio cuya función central es la mediación universitaria. Sin duda, el sostenimiento de la DUC constituye un avance en el proceso de democratizar las relaciones, disminuir violencias y discriminaciones y fortalecer los derechos de los sectores más vulnerables de la comunidad.

–¿Qué rescata de la gestión saliente?

–Con la designación de Liliana Aguiar en 2014, la Defensoría inicia una tercera etapa desde su creación, que marcó un crecimiento y consolidación exponenciales, tanto en términos de visibilidad para la comunidad como de múltiples acciones. El trabajo de Aguiar merece tener continuidad en la gran mayoría de las líneas de trabajo. Durante esa tercera etapa, la Defensoría alcanza visibilidad en la comunidad y brindó atención personalizada a todas las consultas individuales, que luego en la pandemia se continuaron en forma virtual. En este período se generan proyectos que, en muchos casos resultaron en respuesta a las demandas que iban relevando, acorde a las inquietudes de grupos amplios.

Las líneas prioritarias de trabajo buscan continuar y ampliar la indagación y acciones sobre la violencia entre estudiantes dentro de las unidades académicas y otras violencias difusas entre docentes y estudiantes que repercuten en forma directa en la inclusión-exclusión en las cursadas de las carreras.

–¿A qué temas le dará continuidad y cuáles incorporará?

–En este nuevo período nos proponemos dar continuidad a proyectos que responden a necesidades de amplios grupos y que abarcan a una de las funciones de la Defensoría: la defensa de los derechos colectivos y difusos de los miembros de la comunidad universitaria. Las líneas prioritarias de trabajo buscan para este nuevo período continuar y profundizar tanto el “Plan de acciones y herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en el ámbito de la UNC”, así como el “Programa de Derecho de Autor”, ambos aprobados por el Consejo Superior. Además, plantean continuar y ampliar la indagación y acciones sobre la violencia entre estudiantes dentro de las unidades académicas y otras violencias difusas entre docentes y estudiantes que repercuten en forma directa en la inclusión-exclusión en las cursadas de las carreras; y retomar el interés y un trabajo conjunto con el gremio docente sobre violencia laboral, en miras de mejorar las relaciones interpersonales. También aspiran a abordar con otras universidades nacionales la posibilidad de creación de sus respectivas defensorías universitarias de manera que el trabajo en red permita profundizar el sinnúmero de problemas que se presentan a diario en nuestras comunidades.

–¿Cuántos casos de violencia de género se presentaron en los últimos años?

–La Defensoría es una de las áreas que coordina el “Plan de acciones y herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en el ámbito de la UNC”, que comenzó en 2016. Desde su implementación hasta la actualidad se han iniciado 99 expedientes de denuncias, y son las autoridades de las distintas unidades académicas o el rector quienes determinan la resolución al finalizar el sumario correspondiente. El crecimiento de exposiciones desde 2017 a la actualidad tuvo un incremento exponencial. En 2017 se registraron 49 exposiciones y en 2022 llevamos hasta este mes 80. Este número fue superado ampliamente en 2018 y 2019, donde se registraron 116 y 122 exposiciones respectivamente. En cuanto a las denuncias, durante 2018 y 2019 se duplicaron en comparación con 2017, cuando se registraron solo 13. Luego, durante la pandemia, el registro volvió a ser similar a 2017.