El Gobierno firmó con las cámaras empresarias y la CGT un nuevo compromiso de no despedir trabajadores, como el que había promovido el presidente Mauricio Macri en mayo. En esa oportunidad, la CGT se negó a firmar un documento que no tenía consecuencias para los que no lo cumplieran. Los despidos, de hecho, continuaron. En esta oportunidad, fue promovido por la central sindical. El nuevo acuerdo se extiende hasta marzo y tampoco prevé ninguna sanción si no se cumple. La segunda reunión del Diálogo para la Producción y el Trabajo tuvo su punto más álgido cuando los sindicalistas cuestionaron la reforma del Impuesto a las Ganancias. “Estamos convocando al consejo directivo de la CATT para el martes próximo y vamos a evaluar los alcances de esto. Y no descartamos una protesta”, indicó a PáginaI12 Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la CGT. 
El primer compromiso de los empresarios para no despedir fue firmado poco antes de que el presidente Macri vetara la ley antidespidos. Al anuncio del acuerdo no vinculante fueron invitados los dirigentes de la CGT, a los que Macri sugirió in situ que firmaran también el acuerdo. En esa oportunidad, se negaron. El compromiso era por 90 días. En el plazo que duró ese acuerdo hubo despidos: en mayo, solamente, fueron 15 mil en el sector privado, según un informe de la consultora Tendencias Económicas. En los meses siguientes, se triplicó. En total, en los tres meses que duró el acuerdo, hubo cerca de 24 mil despidos y suspensiones, según el relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Ese mismo centro indicó que hasta septiembre se perdieron 213.166 puestos de trabajo. Un dato adicional: cuando llegó el momento de renovar el compromiso con los empresarios, el Gobierno optó por no hacerlo. 

Buena voluntad

La CGT volvió a poner el tema en la agenda de la segunda reunión del encuentro intersectorial creado con el Gobierno con el fin de comenzar a instalar otros temas, como la discusión de la productividad o la revisión de los convenios laborales. Los dirigentes sindicales le plantearon al oficialismo que querían un nuevo acuerdo o de lo contrario insistirían con otra ley antidespidos en el Congreso. Terminaron de delinear el compromiso en una reunión preparatoria el lunes pasado.
Las características del nuevo acuerdo no difieren del anterior: los empresarios y el Estado como patronal se comprometen a no despedir hasta marzo de 2017. Si incumplen, no pasa nada. Textualmente, dice que “concuerdan que el mejor camino para la eliminación de la pobreza en la Argentina es la creación de más y mejor empleo”. “En esta dirección consensúan la importancia tanto de fortalecer el incipiente proceso de creación de empleo observado en los últimos meses como de mantener los puestos de trabajo existentes, evitando el sector empresario despidos incausados hasta el próximo mes de marzo de 2017”, indica el texto. “Todas las partes entienden estas medidas como recursos coyunturales para dar seguridad a los trabajadores durante este tiempo”, aclara.
Así y todo, hubo sectores empresariales que se resistieron a firmar y pidieron modificaciones en el texto en la reunión que hicieron en el Museo Casa Rosada, de la que participó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, entre otros. La voz cantante de los que se resistieron a firmar la llevó Daniel Funes de Rioja, vicepresidente primero de la UIA.
Finalmente, todas las partes lo suscribieron. Para que nadie se haga ilusiones, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Jorge Di Fiori, aclaró que “es un acuerdo de buena voluntad”. El empresario indicó que “la CGT tenía intención de que este acuerdo tuviera carácter imperativo, pero nosotros no podemos tomar medidas con ese carácter para todo el sector”.
Desde la cúpula de la CGT destacaron el acuerdo como “un gesto político”, aunque no se hicieron ilusiones sobre su alcance: “Es un acta de compromiso. A veces, estas cosas se firman con la mano y se las borra con el codo”, indicó a este diario uno de los sindicalistas firmantes.

Ganancias y pérdidas

Si bien no formaba parte del temario, la discusión por el Impuesto a las Ganancias apareció en la mesa, sobre todo de la mano de los dirigentes del transporte como Schmid y Omar Maturano, de La Fraternidad. Los dos le reprocharon al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, que no fueron consultados antes de presentar el proyecto oficial, como habían acordado en el encuentro anterior. Le aclararon que rechazaban tanto esa reforma como la que propone Sergio Massa.
Los dirigentes habían transmitido las críticas previamente en sendas reuniones con Triaca y con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. No obstante, los dos ministros indicaron que ni ellos fueron consultados por Prat-Gay.
En la reunión de ayer, el ministro de Hacienda los escuchó y les contestó que tiene que cuidar las cuentas y reducir el déficit fiscal. “No nos pongan a nosotros como verdugos de la fiscalidad”, le retrucó Schmid, quien reclamó por cómo se suman determinados ítems del transporte al impuesto. “El tipo que hace la hora extra en un avión no se puede bajar. Lo mismo el que está navegando. Eso tiene que estar contemplado. Rápidamente entramos en el 35 por ciento”, le reprochó.
Prat-Gay no ofreció soluciones, por lo que la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se reunirá el martes próximo para evaluar las medidas a tomar. “Lo que le manifestamos sobre Ganancias ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Estamos convocando al consejo directivo de la CATT para el martes próximo y vamos a evaluar los alcances de esto. Y no descartamos una protesta”, indicó Schmid a este diario.
En un comunicado, por su parte, Maturano cuestionó el planteo de Macri de revisar todos los convenios laborales. “El Gobierno propugna un escenario de flexibilización y la reforma laboral. El presidente debería saber que la dirigencia sindical es la que garantiza la paz social”, advirtió. 
Schmid evaluó que “fue una reunión que estaba prevista dentro de lo que estábamos discutiendo. Lo que propusimos la vez anterior, que era de frenar los despidos y suspensiones, ahora lo ratificamos. En el compromiso está en Estado y los sectores privados. Atentos: el Estado también se ve obligado a no despedir”.

¿Bono estás?

Los dirigentes de la CGT plantearon que no se estaba cumpliendo en todos los sectores el pago del bono de fin de año, cuyo monto de referencia había sido acordado en la reunión previa en 2 mil pesos. En rigor, el acta firmada en el encuentro anterior tampoco obligaba a los empresarios a pagar nada. Según uno de los asistentes, los representantes de las cámaras patronales tomaron nota del reclamo de la CGT. 
En el encuentro, se crearon siete comisiones para discutir lo que el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, llamó “temas estructurales de competitividad”. Se crearon tres comisiones sectoriales de construcción, agro y logística; y cuatro temáticas: desarrollo de proveedores, cadenas de valor y compras del Estado; creación de empleo joven; capacitación laboral y formación para el empleo, y formalización de empleo informal.
Dietrich, por su parte, hizo un repaso del plan de infraestructura ante los sindicalistas y los empresarios. “Si cumple con todo, poco tiempo vamos a estar viviendo en Dinamarca”, ironizó uno de los asistentes.