El fiscal general Carlos Amad pidió ayer una pena de 20 años de prisión para Delfín Reynaldo Castedo, a quien acusó de liderar una asociación ilícita que lavó activos provenientes del narcotráfico. 

Además, solicitó que le impongan una multa de $650 mil, pero en lo económico el pedido más duro vino por el lado de las numerosas pertenencias del principal acusado. El fiscal solicitó que las decomisen a todas, incluidas las dos fincas ubicadas en la frontera con Bolivia y la maquinaria agrícola, y que se cree una comisión interinstitucional para gestionar estos bienes. 

En el final del extenso alegato de la acusación, que compartió con el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, Amad también requirió una condena de 10 años de prisión para el hermano de Delfín, Raúl Amadeo Castedo, y que se lo multe con $100 mil. Para el contador Eduardo Torino pidió una pena de 8 años y multa de $200 mil. A los dos los acusó en calidad de miembros de la asociación ilícita. 

En cambio, a Melba del Valle Araujo, ex pareja de Delfín, la acusó en calidad de integrante de la organización criminal y por un hecho de lavado de activos, y solicitó una condena de 9 años de priisón más multa de $640 mil. 

Los otros tres hombres que están siendo juzgados aquí son integrantes de la familia Yudi, de comerciantes del norte salteño. Son dos hermanos, Luis y Alberto, y el hijo de este último, Mario Yudi. A Luis la fiscalía lo acusó como integrante de la asociación ilícita y por encubrimiento de lavado de activos y requirió una pena de 8 años y multa de 600 mil. Para su hermano pidió igual pena, pero una multa de $1.200.000, como miembro de la asociación ilícita y lavado de activos en grado de coautor. Y para el joven Mario pidió la pena más baja, 7 años y seis meses, y multa de $1.200.000, como integrante de la organización criminal y partícipe necesario de lavado de activos. ´

El pedido de penas fue el corolario de los alegatos fiscales que se extendieron por dos jornadas en las que el fiscal Viltes Monier expuso minuciosamente las pruebas contra la organización. 

Decomisos 

Antes del pedido de penas el fiscal Amad había afirmado que "hay fundamentos suficientes para proceder" al decomiso de distintos bienes ligados a estas personas. Planteó que las fincas El Pajeal y El Aybal, usadas por la organización, deben ser decomisadas. "Fue empleada para la realización de maniobras de contrabando y narcotráfico", afirmó sobre la primera. Y sobre El Aybal dijo que fue usada también para las actividades ilícitas y para el lavado de activos. Destacó que estas fincas reúnen unas 30 mil hectáreas que "han sido utilizadas como una verdadera aduana paralela". 

Propuso la creación de una comisión especial, integrada por representantes de los gobiernos nacional y provincial, y de universidades públicas, que se ocupen de darle a esa extensión "una utilidad pública" para que "nunca más esos lugares sean usados para el narcotráfico". Y los animales de las fincas deben quedar a disposición de esta comisión, añadió. 

También pidió el decomiso de maquinaria secuestrada a la organización, entre ellas once topadoras, dos tractores, una casa rodante, un acoplado, una acopiadora, un chimango, un contenedor, dos sembradoras, una fumigadora, un generador eléctrico. Además de armas. 

Respecto de las fincas antes había dicho que "afecta a la soberanía" el heco de que estas fincas, "más de 30 mil hectáreas, en la zona de frontera, sigan en manos de esta organización con poder corruptor". 

Y Viltes Monier había afirmado que la posesión de estas fincas le daba a esta asociación ilícita "una supremacía" sobre las otras organizaciones que operaban en la zona. 

Banda criminal 

"Esta banda de criminales azotó y asoló la población donde ellos vivían", sostuvo Amad. Ratificó, como había dicho antes Viltes Monier, que esta organización funcionó al menos desde 1999 y hasta 2017, recordó que no están todos sus integrantes en este proceso y que los están siendo juzgados ahora vienen participando de esta asociación desde sus iniciois. No eran fungibles, aseguró, "cada uno de ellos desempeñó un rol esencial". 

Sostuvo que la organización se dedicaba al narcotráfico y "su acción afectaba la paz social en Salvador Mazza", en el extremo norte provincial, donde tenía su territorio. Destacó asimismo la capacidad corruptora de esta organización, que tenía acceso a "información privilegiada"; tenía vinculaciones con miembros de fuerzas de seguridad, con el ex juez federal Raúl Reynoso, con escribanos, falsificó documentos públicos, pagó coimas, amenazó y cometió asesinato, como pasó con Liliana Ledesma. "Sostuvieron una estructura criminal durante más de diez años", insistió. 

En el mismo sentido, puso énfasis en el manejo de dinero de esta organización. Recordó que Delfín Castedo estuvo prófugo de la justicia por más diez años, Luis Yudi hizo viajes al exterior. "¿De dónde sacan el dinero?". "No pueden justificar el (dinero) blanco ni siquiera en la compra de una botella de agua", respondió. 

Afirmó que los Yudi "eran personas de confianza del jefe", daban o recibían consejos de Castedo para disponer de las cosas obtenidas como producto de la actividad criminal. En 2003 Mario Yudi adquirió la finca El Aybal pagando 600 mil dólares y dos años después, en 2005, la vendió a Delfín Castedo por $1.300.000, con una pérdida calculada en 170 mil dólares. La fiscalía, y la querella de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sostienen que en realidad se trató de una simulación para meter los 600 mil dólares en el circuito legal. Ayer Amad aseguró que esta maniobra comenzó con la recepción de estos fondos por parte de los hermanos Yudi, que "conocían el origen espúreo del dinero". 

Sobre Raúl Castedo, dijo que tenía el manejo de la finca El Pajeal, que participó del asesinato de Liliana Ledesma (que se juzga en la justicia provincial, donde los hermanos están acusados de ser los autores intelectuales de este crimen) y que fue condenado en Bolivia, por narcotráfico. 

Sobre Delfín Castedo, recordó que falsificó un documento de identidad, una licencia de conducir y un pasaporte. Dijo que la calidad de estas falsificaciones muestra que fue una maniobra "muy compleja", "hay que tener logística para conseguir esos documentos", sostuvo. 

"Toda la actividad del señor Delfín Castedo siempre giró en torno al tráfico de drogas", afirmó; recordó las vinculaciones con "organizaciones trasnacionales. No estaban en el mercado chiquito", afirmó. 

La audiencia seguirá el miércoles próximo, cuando comenzarán los alegatos de las defensas.