En medio de la embestida de Cambiemos por el desafuero del ex funcionario, el juez Claudio Bonadio aportó su granito de arena. El magistrado procesó hoy al actual legislador y le trabó un embargo por 1000 millones de pesos, por la supuesta falta de controles e irregularidades en la entrega de subsidios al gasoil a empresas de colectivos.
En un día prolífico para el Poder Judicial respecto de las causas que conciernen a funcionarios del gobierno anterior, Bonadio agregó a su habitual espectacularidad un embargo rimbombante contra el ex ministro de Planificación.
El magistrado también procesó a los ex secretrarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, a quienes Bonadio trabó embargos de hasta 900 millones de pesos.
Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), el magistrado consideró que “durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían”.
Como para confirmar que la campaña también tuvo su inicio en el terreno judicial, el juez federal Luis Rodríguez procesó al dirigente de Nuevo Encuentro y ex titular de la extinta Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, por supuestas irregularidades en la entrega de subsidios. Además, la primera candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos, fue acusada de haber ocultado sus antecedentes laborales al llenar un formulario de ingreso a la Cámara de Diputados, en calidad de asesora.
