"La Justicia actuó con absoluto desprecio por esas vidas"

A cuentagotas, con enorme esfuerzo, tratando de perforar el silencio que desde la Justicia y las fuerzas de seguridad rodea el allanamiento, represión y posterior detención de siete mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, el 4 de octubre, comienza a revelarse la catarata de irregularidades de un proceso judicial y un operativo comando a todas luces violatorios de derechos humanos. Dos de las mujeres liberadas esta semana, Débora Vera y Florencia Melo, en huelga de hambre desde veinte días atrás en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sufrieron el agravamiento de sus condiciones de detención y el seguimiento de las visitas, con requisas severas, mientras que a las cuatro que les confirmaron prisión preventiva les corre un encierro domiciliario junto a sus niñes, bajo control estricto de cada movimiento, de quiénes y de cuántxs pueden verlas cada día. Recuperan sus pertenencias a los ponchazos, cuando las que ordenaron las detenciones se avienen a entregarles algo. No les devolvieron los víveres ni otros elementos de subsistencia, y cuando los reclaman les dicen que fueron distribuidos en comedores comunitarios. Sus prendas, incluidas las de les niñes, están en depósito judicial. Las criaturas, que llegan a ser una docena, comenzaron a enfermarse, y sus madres, mujeres mapuche, pobres y presas, también se anoticiaron de que la jueza Silvina Domínguez unificó diferentes causas y trabó embargo sobre su dinero y/o bienes por cifras que oscilan entre 5 y 10 millones de pesos al considerarlas, junto con otros compañeros, “coautoras penalmente responsables del delito de usurpación por despojo”. La Gremial de Abogades, organización que las representa y apelará el fallo, hace responsable de este andamiaje de violencia a la jueza, pero sobre todo a la fiscala María Cándida Etchepare, que pidió todas las medidas represivas, de despojo y de encierro, y que según el abogado Eduardo Soares, de La Gremial, “responde a grupos racistas supremacistas de Bariloche”.

Consultado sobre quién es Etchepare, el abogado detalló que la fiscala federal interina era mano derecha de la anterior fiscala federal subrogante de Bariloche, Sylvia Little, quien en 2021 renunció al cargo. “Little fue la que comandó las tropas que asesinaron a Rafael Nahuel en 2017, en un contexto de estigmatización y persecución", aseguró Soares. "Hoy Etchepare continúa esa tarea y es la que pide todas las medidas gravosas que criminalizan al pueblo mapuche.”

Laura Taffetani asiente a cada una de las afirmaciones, agrega que en el papeleo de las detenciones y la incomunicación, ingresaron a una de las mujeres que permanecen en prisión, Betiana Ayelen Colhuan, como “alias La Machi”, desconociendo el significado cultural y espiritual que implica la entidad de Colhuan. “No dejaron nada sin pisotear y lo que se ve siempre es ese desprecio”, lamenta esta abogada de La Gremial que representa a las mujeres y habla con ellas a diario. Taffetani, referente histórica en defensa de las niñeces e integrante de la Fundación Pelota de Trapo, planteará la restitución del territorio, que las mujeres vuelvan al lugar del que fueron desalojadas y la nulidad total del proceso, “donde lo último que hubo fue un proceso de mediación. En las causas anteriores, la fiscalía de Etchepare era la que boicoteaba todo, y sabíamos que venía con esa actitud, pero nunca imaginamos que iba a hacerlo de una forma tan tremenda”, lamenta con preocupación.

“Uno de nuestros colegas radicó una denuncia contra Diego Frutos, de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, porque mientras nosotros no podíamos ingresar al predio allanado, que debía resguardarse para preservar las pruebas, aparece un video de él de lo más campante adentro del territorio, diciendo estupideces y señalando una vivienda como ´la casa donde vivía Facundo Jones Huala´, cuando Jones Huala nunca estuvo en ese lugar”, reclama Taffetani. “Como se trata de Frutos, la fiscala tiene un parámetro; si se trata de la comunidad, tiene otro muy diferente.”

Y la jueza Silvina Domínguez avaló y firmó todo lo actuado.

-Fue una sorpresa, porque dentro de los cuatro jueces que pasaron por ese juzgado y por esta causa, Domínguez fue la más respetuosa en relación con la comunidad, hasta que ocurrió la represión y las detenciones. Es un lobo disfrazado de cordero, nunca imaginamos que iba a avalar un operativo, y menos uno de esa magnitud, en el que participaron 250 efectivos.

¿Cómo se manejaron hasta que la jueza levantó el secreto de sumario?

-Hemos estado a ciegas todo este tiempo. El derecho de defensa fue vulnerado desde el principio, porque si bien se produce el allanamiento en base a una causa, metieron por la ventana el desalojo de territorios que estaban en causas de 2017 y 2018, en las que éramos defensores, una elevada a juicio, en la que no procedía desalojo. Nos tendrían que haber notificado, pero habrá que ver de qué se disfrazan para explicar esta situación.

También ordenaron detenciones inmediatas.

-Por los delitos que se les imputaba en la declaración indagatoria, podían excarcelarlas, pero se eligió mantenerlas encerradas bajo el argumento de que ellas entorpecerían la investigación y, según otro argumento inválido, de que la comunidad anunció públicamente que va a volver al territorio. ¿Qué van a hacer, las van a tener presas toda la vida? Les dieron prisión con condiciones violatorias, sobre todo de derechos que tienen que ver con los pueblos originarios. Una de ellas, Romina Rosas, que cursaba 40 semanas de embarazo, fue trasladada al hospital sin respetar su voluntad de cómo parir. Les limitaron las visitas, no pueden verlas más de cuatro personas, tres veces por semana, cuatro horas. La machi tiene funciones con su comunidad y con otras comunidades, y también cercenaron ese derecho. Y las mujeres que fueron liberadas estuvieron en un alojamiento de la PSA que no era apto para detenidxs. 

¿Por qué suponés que apuntaron sobre las mujeres?

-Es un símbolo. Cuando hicieron el desalojo estaban las mujeres con lxs niñxs y con la machi, la primera después de sesenta años en la Argentina, y ella es la fortaleza de esta comunidad. Se hicieron interpretaciones tremendas, por ejemplo la jueza se quejaba de que los hombres escaparon y dejaron a las mujeres solas, como si fueran débiles indefensas. Son guerreras. Fueron detenidas antes, pero nunca las mantuvieron encerradas con este ensañamiento. Le dijimos a la jueza Domínguez que la disposición del traslado a Buenos Aires ignoró la historia y el carácter de pueblo originario. Fue un escándalo, porque la jueza no cobró dimensión hasta que las vio y volvió a trasladarlas.

¿Pudiste visitar y hablar con las mujeres detenidas?

-Sí, están mal por lo que ocurrió, por la salud de sus hijxs y por la espiritualidad. No les dejan realizar ceremonias que permitan restablecer mínimamente el equilibrio de lo que significa el rewe (espacio sagrado). Además, lxs niñxs padecen un encierro al que no están acostumbradxs.

¿Qué te preocupa hoy de todo este escenario?

-Que en todo este tiempo que estuvieron las fuerzas en el territorio, no hubo control de la defensa. No sabemos qué se puede haber plantado, no hay ninguna garantía. Me preocupa que no se siguiera ningún tipo de reglas de debido proceso, y además la falta absoluta de consideración. Después de las detenciones, sacaron todas las pertenencias y los elementos ceremoniales bajo la lluvia, a un costado de la ruta. Todavía pido la restitución urgente de la ropa de lxs niñxs, y hasta hoy ni me contestaron. Y me preocupa que todo se ejecuta con un desprecio permanente, más la gravedad de este tipo de soluciones que no resuelven nada. ¿Cómo sostenés esta conflictividad en el tiempo?

Pero aun así la fiscala Etchepare solicitó cada una de las acciones.

-Aquí todavía rige el Código Procesal Penal viejo, pero la jueza delegó todo a la fiscala y firmó cada cosa que planteaba. Etchepare siguió la línea de su antecesora, Sylvina Little, y en las reuniones de mediación era la primera en boicotear todos los espacios y las mesas de diálogo. Es una persona que tiene una actitud contraria a los derechos de los pueblos originarios, y en particular con Lof Lafken Winkul Mapu.

¿Por qué creés que en estos momentos se produce un operativo de esas características, con detenciones que marcan un antes y después en la historia de las recuperaciones territoriales?

-Porque históricamente nuestro país no ha tenido una política real de poder asumir estos conflictos. Está muy bien que figure en la Constitución, que digamos los pueblos originarios son preexistentes, pero no ha habido una política que permitiera darle causa a esto que es conflictivo y que efectivamente es una situación compleja, porque se lxs reconoce como legítimxs dueñxs antes que viniera la Campaña del Desierto, en este caso en el sur, y a la vez existen grandes negocios e intereses económicos. Pero tenés que restablecer los derechos. No es casual que todas esas juntas como Consenso Bariloche o agrupaciones que se muestran vecinales, constituyan intereses de empresas de turismo y de los lugares de poder económico. Frente a esos actores, al Estado le toca mediar y promover caminos de resolución, y esto no estuvo nunca, desde diferentes gobiernos, con distintas características.

¿Qué pasó con los relevamientos territoriales a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai)?

-Nunca se terminaron de hacer y está todo pendiente. Obviamente, cuando no hay una política activa, las cosas se resuelven como se puede en cada territorio, y terminan habiendo situaciones de violencia. Hubo un intento serio del Gobierno nacional al principio, con la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederik, cuando armó la mesa de diálogo y puso las primeras bases. Tuvimos un segundo intento de la Secretaría de Derechos Humanos, en el que se fue avanzando, pero a veces en el propio Gobierno no había una posición homogénea de los ministerios. Ambiente y Desarrollo Sostenible, de donde depende Parque Nacionales, tenía una idea diferente de la de Derechos Humanos.

¿Había una negación del conflicto?

-Sí, pero no desde una cuestión ofensiva, sino en el sentido de dar la discusión social. Porque si no, termina siendo Clarín el que te marca la agenda, y eso lo vimos con claridad en una causa en la que se había logrado que Parques Nacionales se bajara de la querella. Como se armó escándalo en los medios, al otro día se presentó en otra. Tu política no puede tratarse de estar midiendo qué hacés o no en el gobierno, en función de determinados medios de comunicación que representan a uno de los sectores en juego. Tampoco niego la complejidad, para nosotros como Gremial fue un aprendizaje, porque no venimos de una formación de derecho originario. Pero no es fácil decirle al otro o a la otra cómo debe manejarse, hay que trabajarlo y tener una discusión franca con toda la sociedad, y eso no sucedió.

En un escenario donde recrudecen los discursos de odio.

-¡Claro! Cómo puede ser que no se haya podido contestar el primer titular de Clarín que decía “falso mapuche”, cómo no va a salir un gobierno a contestar y explicar qué quiere decir esa barbaridad, a concientizar a la gente. Faltó esa iniciativa y la derecha terminó copando el discurso. Hoy pareciera que es la única voz.

¿Considerás que se somete la realidad del pueblo mapuche a un estado de sospecha permanente?

-Eso ya está instalado. En la ruta 40, a la altura de Lof Lafken Winkul Mapu, te demoran media hora para que armes una caravana con los coches, por si te llegan a hacer algo los mapuche. Crearon un grado de psicosis y enojo social, en el que el culpable es el mapuche. También hay bandas privadas, mal llamadas ligas patrióticas, como los gauchos de El Bolsón, que arman patrullas y recorren las calles a caballo, a la caza de mapuche, y circulan cadenas de whatsapp donde se dicen cosas graves, con un gran nivel de racismo.

¿Como Gremial llegaron a tener algún diálogo con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad o con el Ministerio de Seguridad?

-No tuvimos ningún contacto y hasta el día de hoy nadie del Gobierno se comunicó con nosotros, aunque toda instancia de diálogo que se promueva, bienvenida sea. Con los únicos que tenemos relación es con Parques Nacionales (PN), que en este momento tienen la administración de ese territorio, y veremos si se puede abrir alguna instancia que permita el retorno de lxs mapuche. PN tiene una impronta fuerte en su propia historia, pero siempre está temeroso. Va a tener que sortear varios obstáculos. 

¿Cómo caracterizarías todo lo que ocurrió?

-Lo viví en esto que tanto hemos hablado en Pelota de Trapo. Siempre discutimos mucho el carácter discriminador del pueblo argentino, su historia con los pueblos originarios. El allanamiento, la represión y la detención de estas mujeres fue como revivir la Conquista del Desierto. Cuando las trasladaron a Buenos Aires, se me vino la historia en todo su peso, con la isla Martín García cuando entregaban niñxs mapuche a las familias adineradas. Y me admiró algo de lo que Alberto Morlachetti siempre hablaba, sobre cuál era el lugar sagrado que tenían niños y niñas en los pueblos originarios, para tomar en nuestra cultura como un insumo fuerte. Me tocó vivir esa realidad, ver a lxs niñxs de la comunidad en un universo de respeto, en el que no eran propiedad privada de cada pareja. Me pregunto cuándo podremos tomar estos ejemplos de la comunidad en su desarrollo y plenitud. Sentí con dolor que no hay cambio, que el Estado argentino va a seguir siendo lo que fue, y sentí mucha impotencia por el como si: hablamos de diversidad cultural, pero en los hechos todo sigue como entonces.

Taffetani apela a esa resistencia ancestral que enseña a no olvidar, aunque los ataques redoblan y son tan sostenidos, se le recuerda, que podría despertar el miedo a oponer coraje. “De ninguna manera”, responde tajante. “La comunidad tiene una entereza muy grande y las mujeres poseen una dignidad que muchas deberían tener. Porque más allá de todo lo que vivieron, están bien paradas, y eso es admirable. No lograron quebrarlas. Del otro lado piensan que ya se resolvió, y esto no se resuelve para nada, los hombres de la comunidad siguen resistiendo con hambre y con frío. Quieren hacer aparecer a Lof Lafken Winkul Mapul como un mal ejemplo, porque no pidieron permiso y recuperaron los territorios sin los mecanismos usuales de generaciones anteriores, y por su carácter espiritual de tener una machi en la Argentina. Ellas saben que volver es solo cuestión de tiempo. Pero la relación de fuerzas es tan desigual, que demanda que todxs nos comprometamos.