El gremialista Juan Pablo “Pata” Medina resiste el pase de la causa de la llamada “Gestapo” antisindical a los tribunales de Comodoro Py, como venía reclamando un alto mando de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista. El dirigente platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) pidió a la Cámara de Casación que deje sin efecto una resolución de los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah en la que se propiciaba la mudanza a los tribunales de Retiro.

El 27 de diciembre pasado, la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció ante la justicia federal de La Plata que había hallado un video en el que se veía cómo espías, funcionarios provinciales y empresarios coordinaban una estrategia común para meter en la cárcel al “Pata” Medina. La reunión se había hecho el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, y había sido registrada por los integrantes de la AFI. El entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, se había entusiasmado en la charla y dijo que le gustaría tener una “Gestapo” para terminar con los sindicatos. Unas semanas después de ese cónclave, se inició con un anónimo una causa en la justicia federal de Quilmes que terminó con Medina detenido.

A partir del hallazgo del video, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak investigó cómo se armó la causa contra Medina. Recolectó testimonios que le permitieron saber que hubo agentes de la AFI haciendo tareas de inteligencia sobre el líder sindical. El espionaje no comenzó con la reunión del Bapro sino después de otra reunión: una que se hizo el 4 de mayo de 2017 en la Casa Rosada, en la que participaron Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Villegas, entre otros.

En abril de este año, Kreplak procesó a casi todos los funcionarios que participaron de la reunión del Banco Provincia: Villegas, Julio Garro (intendente de La Plata), Adrián Grassi (subsecretario de Justicia de Vidal), el senador provincial Juan Pablo Allan, el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián de Stefano, el exjefe de gabinete de la exSIDE Darío Biorci y el exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra.

Desde que se inició la causa De Stefano presionó para que el expediente pasara a Comodoro Py, un terreno en el que el macrismo juega de local. Inicialmente, el camarista Farah había dicho que era una decisión que le correspondía a la Cámara Federal de La Plata. Pero la Sala IV de Casación anuló su resolución. En un nuevo fallo tanto Farah como Llorens y Bertuzzi plantearon que correspondía que la investigación pasara de manos de Kreplak a Marcelo Martínez de Giorgi. El argumento es que Martínez de Giorgi ya investiga una trama del espionaje macrista que tiene a dos de los mismos imputados –De Stefano y Dalmau Pereyra–.

El “Pata” no coincide con ese criterio. “El sólo hecho de que un proceso comparta con otro, uno o dos imputados, en especial cuando se trata de casos con múltiples imputaciones y decenas de legitimados pasivos, no constituye una pauta suficiente para cambiar de jurisdicción un proceso que se encuentra en pleno desarrollo de la etapa investigativa y que reviste notoria voluminosidad y complejidad”, respondió en el recurso que presentó su abogado César Albarracín.

Para Medina lo que está detrás es sacarle el expediente a Kreplak cuando todo indicaba que el juez iba a subir los escalones de la responsabilidad si los procesamientos se confirmaban –nada de eso pasó porque la Cámara Federal de La Plata no revisó la resolución en más de cinco meses–. “La pretensión no es proteger la buena marcha del proceso o proteger la intervención de un juzgado que se estima natural, sino correr de la investigación de la causa 18933/21 al Juzgado que previno, claramente porque estiman que el criterio del magistrado interviniente no les resulta conveniente”, afirmó Medina.

Será la Sala IV –conformada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos– la que deberá decidir si el expediente de la Gestapo se muda hacia los tribunales de Retiro. Fue esa Sala, con los votos de Borinsky y Carbajo, la que resolvió en 2021 sacar la causa de espionaje que tramitaba en Lomas de Zamora y pasarla a los tribunales de Comodoro Py. Ésa es la investigación que está en manos de Martínez de Giorgi. La tercera integrante de la Sala, Ángela Ledesma, se había opuesto.

Si el expediente se muda a Retiro en las próximas semanas, deberá ser la Cámara Federal porteña la que revise los procesamientos que dictó Kreplak en La Plata. El pronóstico no es alentador. Dos de sus integrantes --Bertuzzi y LLorens-- ya negaron la existencia de una práctica sistemática de espionaje y dijeron, por el contrario, que los espías eran cuentapropistas. En la causa del ARA San Juan, reconocieron que la AFI espió a los familiares de los 44 submarinistas pero dijeron que no fue delito porque estaba en riesgo la seguridad interior y la del presidente. También le dieron una estocada casi mortal a la causa sobre las bases AMBA que la AFI desperdigó por territorio bonaerense entre 2016 y 2017.