Entre los aplausos de decenas de militantes de organizaciones sociales que encabezaron la lucha por su aprobación allá por 2018, el Senado sancionó la prórroga y reforma de la ley de barrios populares. Con 64 votos a favor y solo uno en contra, la Cámara alta convirtió en ley una iniciativa que apunta a garantizar la urbanización de los más de 5 mil barrios populares del país y que, además, prohíbe los desalojos por 10 años. Habiendo sido aprobada casi por unanimidad, el debate se desarrolló en un clima más bien apacible y, más allá de alguna discusión respecto de a quien le correspondía el mérito de haber impulsado el proyecto, oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de que la regularización dominial de los barrios populares fuera una política de Estado. "La ley tiene que ver con mejorar la calidad de vida, con responder a una deuda histórica de la democracia como lo es tener tierra para vivir y trabajar", destacó a Página/12 la secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, desde los alrededores del Congreso, donde habían concentrado varios movimientos sociales. 

"El acceso a la vivienda digna tiene jerarquía constitucional, pero estamos lejos de que se pueda poner en práctica. La situación habitacional de la Argentina es muy grave y por eso es que estamos abordando este tema", comenzó el miembro informante, Guillermo Snopek (FdT), quien recordó que se estaba prorrogando una ley sancionada en 2018 que había declarado de interés público la integración de los barrios populares - lo que implica acceso a servicios públicos, saneamiento, infraestructura, etc.-, así como la suspensión de los desalojos por cuatro años. El proyecto finalmente sancionado, sin embargo, incluyó dos modificaciones clave: sumó más de 1200 barrios al Registro Nacional de Barrios Populares y extendió la prohibición de desalojos por 10 años más.

Este último punto resultaba clave ya que la prohibición de desalojos de la ley del 2018 estaba por vencerse a fin de mes y, tal como relató Anabel Fernández Sagasti (FdT), el Poder Judicial ya estaba enviando "un festival de notificaciones de desalojos a familias que, incluso, vivían en el barrio hace 40 años". Las organizaciones sociales -las principales impulsoras de la ley sancionada durante el macrismo- venían advirtiendo hace meses de la urgencia de prorrogar la ley para evitar que esto sucediera y por eso habían movilizado al Congreso para exigir su aprobación. "Lo más importante es frenar los desalojos que se están dando con mucha frecuencia y cada vez con más dureza y represión. Y esto es porque durante la pandemia se profundizaron los desalojos, fundamentalmente porque la gente que vivía hacinada con la familia se iba a un terreno y lo tomaba para ponerles un techo a sus pibes", explicó Dina Sánchez, referenta también del Frente Popular Darío Santillán, una de las organizaciones que, como Barrios de Pie y el Movimiento Evita, había convocado al Congreso. En los palcos, a su vez, había varios dirigentes, así como la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y la titular de la Secretaría de Integración Sociourbana, Fernanda Miño.

Casi todo Juntos por el Cambio respaldó la iniciativa, a pesar de la cruzada de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, contra el proyecto: "Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos?", había tuiteado la exministra de Mauricio Macri cuando se aprobó  la norma en Diputados. "Fue nuestro espacio el que impulsó esta ley porque era un problema que la década ganada no había registrado. Nunca nadie jamás había decidido armar un ReNaBap, nunca nadie había decidido articular con las organizaciones sociales y las provincias y decir que estas personas existían", se jactó Guadalupe Tagliaferri, del PRO porteño. La única senadora que votó en contra del proyecto fue, sin embargo, la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero.

"La política es el arte de los posible y eso tiene que ver con generar consensos con el fin último de generar calidad de vida para las personas. Y para eso necesitamos valentía y honestidad intelectual", señaló Fernández Sagasti. Y advirtió que más allá de que la iniciativa fuera una política de Estado era necesario "generar un consenso social que, ante el peligro de que un gobernante quiera acabar con la política, se lo pueda impedir". 

Unas horas antes, el Senado había convertido también en ley la prórroga de las asignaciones específicas para las industrias culturales (ver aparte). Al igual que con el proyecto de expropiación del predio donde funcionaba Cromañón -que fue aprobado con 64 votos afirmativos y uno en contra-, todas las iniciativas incluidas en el temario contaban con el consenso mayoritario de todos los bloques. Y esto se debía a que, luego de casi un mes de inactividad, la Cámara alta había vuelto a sesionar en un contexto particular, marcado por la ausencia del jefe del interbloque oficialista, José Mayans, que se está recuperando de un problema de salud. Dado que el FdT cuenta con una mayoría ajustada -tiene 35 senadores propios y siempre necesita de dos votos más para llegar al quórum-, el margen de maniobra del oficialismo era más bien limitado. 

A 12 años de la muerte de Néstor Kirchner, hubo varios homenajes de parte de senadores del FdT que, como Oscar Parrilli, terminaron casi al borde de las lágrimas. Cristina Fernández de Kirchner, que suele presidir el comienzo de las sesiones, no estuvo presente en el Senado.